El Ministerio de Salud Pública, liderado por Jimmy Martin, anunció la implementación de un nuevo modelo de formación para médicos posgradistas, con el objetivo de fortalecer el sistema de salud del país. Según la cartera de Estado, por primera vez las residencias médicas en toda la Red Pública Integral de Salud contarán con remuneración, acceso a rotaciones internacionales, un sistema de compensación 1 a 1 para cumplir en el sector público o privado, y una asignación económica acorde a sus actividades asistenciales.

La institución indicó que esta medida garantiza condiciones justas y competitivas para quienes inician su especialización, asegurando que la salud pública cuente con profesionales mejor preparados y respaldados. El Ministerio de Salud destacó que este cambio forma parte de las políticas del gobierno para mejorar la calidad de la atención en el país y apoyar a los profesionales en formación.

El Gobierno Nacional concretó hasta ahora 4.600 de los 5.000 despidos de funcionarios públicos anunciados hace cuatro semanas, según la Confederación Nacional de Servidores Públicos. La información es parcial porque no existen datos consolidados de instituciones gubernamentales. Hay cifras dispersas dadas por ministros en entrevistas. Hasta la fecha se conoce que existen: 540 despedidos del IESS 300 de CELEC 250 de Petroecuador y Flopec 164 de CNEL 103 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 102 del Ministerio del Trabajo Total: 1.459 OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Los otros 3.141 trabajadores pertenecen a otros ministerios y dependencias públicas. Petroecuador dijo que separará a 936 empleados en los próximos días.

Entre los 4.600 despedidos están quienes tenían nombramientos provisionales, contratos ocasionales e incluso nombramientos permanentes. A ellos se los desvinculó suprimiendo el cargo y tiene derecho a una indeminación económica. La ministra del Trabajo, Ivonnes Núñez, tiene datos de los trabajadores que fueron desvinculados teniendo nombramientos permanentes. El Gobierno anunció que no despedirá personal sanitario, pero el ministro de Salud dijo, sin dar una cifra concreta, que sí se lo hizo, este jueves, frente a los asambleístas, justificó la decisión. El gobierno ha justificado los despidos indicando que tras informes técnicos no se requerían esos puestos o que, el personal separado ha sido partícipe de hechos polémicos como los contratos de Progen o que tenían sueldos dorados.

En cumplimiento de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, la Corporación Financiera Nacional reafirma su compromiso de ofrecer alternativas de pago que contribuyan a la conservación de plazas de empleo y a la continuidad del desarrollo del sector productivo del país. En este marco, la CFN aplicará la remisión de intereses, intereses por mora, costas judiciales y otros cargos derivados de operaciones crediticias de primer piso, correspondientes a personas naturales o jurídicas cuyo capital se encuentre vencido al 14 de julio de 2025. Para su aplicación, el deudor, garante, codeudor o fiador deberá conocer el proceso correspondiente de remisión y presentar un oficio dirigido a la Subgerencia General de Recuperación de la CFN, de acuerdo a un formato establecido.

Además, deberán adjuntar la documentación necesaria conforme lo indica la normativa de la entidad y realizar un abono inicial mínimo del 10 % del capital adeudado más el valor por concepto de seguro (en el caso de existir) Es pertinente conocer que por el saldo de capital pendiente, se suscribirá un convenio de pago y se podrá acceder por una sola vez a esta remisión. Este proceso se efectúa en cumplimiento con la disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, el plazo máximo para presentar la documentación detallada es hasta el 31 de diciembre de 2025 junto con el pago inicial. Dichos pagos solamente se realizarán directamente mediante transferencia o depósito en las cuentas de la CFN.

LA REMISIÓN NO ES PARA AUTORIDADES El proceso de remisión no es aplicable para las autoridades de elección popular en funciones, así como los servidores públicos que ocupen puestos de nivel jerárquico superior o sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; tampoco podrán acceder a esta remisión las personas jurídicas de las cuales las citadas autoridades sean administradores, representantes legales, socios o accionistas. En caso de requerir información adicional los clientes interesados podrán acercase a las oficinas de CFN en Guayaquil o Quito, y recibir una asesoría completa y personalizada para acceder de manera correcta al proceso de remisión.

La fórmula para establecer el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís, que se emplean en el sector automotor, cambió. Desde este 12 de agosto de 2025 el cálculo incluye costos adicionales que son trasladados a los consumidores. Así lo precisó la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), tras analizar el Decreto 83. Este insumo, firmado por el presidente Daniel Noboa a puertas de que termine el feriado, establece reformas al Reglamento Codificado de Regulación de precios de Derivados de Hidrocarburos. Estos cambios se realizaron un año y dos meses después de la aplicación del sistema de bandas, que, apuntaba a focalizar el subsidio que reciben estas gasolinas mediante la entrega de compensaciones a propietarios de taxis, camionetas de carga ligera, tricimotos y mototaxis.

Este mecanismo planteaba variaciones mensuales de hasta un 5 % al alza y un 10 % a la baja para estas gasolinas, que daba más margen para reducciones del precio, cuando había caídas en el costo del West Texas Intermediate (WTI). Y a la vez, tenía un tope para evitar incrementos fuertes. ¿Qué establece el Decreto 83 sobre el esquema que fija del precio de las gasolinas Extra y Ecopaís? Las reformas de ahora, en cambio, plantean que el sistema de bandas fluctuará en un 5 % – tanto hacia el alza como a la baja-, según el “mercado”, mencionó este 12 de agosto de 2025 Carolina Jaramillo, portavoz del Gobierno. Además, agregó que el cálculo incluirá el “costo real” de importar el combustible y una rentabilidad mínima de 10,78 % para las empresas importadoras (abastecedora), garantizando competencia y abastecimiento. Este monto será revisado cada dos años, según el Decreto. En Ecuador, Petroecuador es la única abastecedora que opera actualmente. Aunque hay cinco empresas con permiso para importar combustibles, ninguna lo hace porque los subsidios vigentes reducen la competitividad y desalientan su participación en el mercado, refirió Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Camddepe.

EFECTOS DEL DECRETO 83 SOBRE EL PRECIO DE LAS GASOLINAS EXTRA Y ECOPAÍS, EN ECUADOR El nuevo esquema de fijación de precios de estos productos implicará que las abastecedoras consideren un componente adicional en su margen de utilidad. Este recurso permitirá financiar sus operaciones. En este caso, se plantea que Petroecuador considere los costos de capital (intereses) – que asume para importar derivados- en el cálculo de la fijación de precios mensual de estos productos. Así, al final este valor se traslada al consumidor y ya no es asumido por el Estado, explicó Erazo. “Entendemos que este ajuste puede haber influido en un mayor aumento en el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís, cuando esto no estaba previsto”. El galón de Extra y Ecopaís, que hasta el 11 de agosto se comercializaba en $ 2,63, subió en un 4,5 % y se ubicó $ 2,75, pese a que el costo del WTI, que se emplea para este cálculo, no tuvo un incremento significativo en julio de 2025.

El nuevo precio de estos combustibles, que se emplea en el sector automotor, está incluso por encima de lo que cuesta la gasolina regular la más económica, en Florida, en Estados Unidos, alertó Nelson Baldeón, consultor energético El Gobierno no ha justificado por qué aumentó el precio de estos combustibles. Sin embargo, Jaramillo resaltó que mediante este mecanismo el Estado espera recibir $ 915 millones, entre agosto 2025 cuando inicia la aplicación de la medida hasta “diciembre 2026”. Esto significa, $ 404 millones más que con el método que hasta ahora se venía aplicando para establecer los precios de estos derivados. Baldeón consideró que este nuevo mecanismo para ajustar la banda y subir en este mes los precios apunta a aumentar la recaudación para cubrir las importaciones de combustibles que se ha realizado en los últimos meses para cubrir la demanda interna.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ejecutó 25 operativos conjuntos en seis cantones manabitas durante el mes de julio, para vigilar la comercialización del maíz amarillo duro y evitar prácticas que perjudiquen a los productores de la provincia. Las acciones de control se concentraron en garantizar el uso correcto de balanzas, el pago del precio oficial mínimo de sustentación y el cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los centros de acopio. El MAG coordinó estos operativos con la Gobernación de Manabí, la Policía Nacional y el Servicio de Rentas Internas (SRI), en cantones como Portoviejo, Chone, El Carmen, Tosagua, Rocafuerte y Bolívar, donde se desarrolla activamente la cosecha de este cereal.

VALIDACIÓN TÉCNICA Y CONTROL EN ACOPIOS Durante los operativos, 12 centros de acopio presentaron sus certificados de calibración de básculas, los cuales ya fueron enviados al Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) para su revisión y validación técnica Los técnicos del MAG también verificaron que cada centro cuente con la tabla oficial de precios del maíz amarillo duro, visible en la parte frontal del local, como lo exige la normativa. Esta medida busca que los agricultores estén informados sobre el valor mínimo por quintal, que actualmente es de USD 15,50, según lo establecido por el MAG para el ciclo agrícola 2024-2025. La provincia de Manabí, una de las principales productoras de maíz del país, registra hasta la fecha un avance del 50 % en la cosecha. Por ello, las autoridades intensifican los controles para evitar combatir la informalidad y proteger la rentabilidad del agricultor.

El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) revela que, en julio de 2025, el costo de la Canasta Familiar Básica (CFB) se ubicó en $813,82 a nivel nacional. Pero en Cuenca, Loja, Manta y Quito, el valor de esa canasta superó los $820, marcando el costo de vida más alto del país. Cuenca encabeza la lista con $861,46, seguida por Loja con $840,24, Manta con $827,87 y Quito con $824,62. Estas cifras muestran que el costo de cubrir las necesidades básicas alimentos, transporte, vivienda, salud, educación y más se ha encarecido especialmente en las ciudades de la Sierra y en algunas zonas urbanas de la Costa. ¿Qué es exactamente la Canasta Familiar Básica? La Canasta Familiar Básica está compuesta por 75 bienes y servicios imprescindibles para la subsistencia de una familia tipo ecuatoriana, que se define como un hogar de cuatro miembros con 1,6 perceptores de ingresos, es decir, 1,6 fuentes de dinero en la familia (un sueldo formal completo y un medio sueldo). Incluye rubros como:

Alimentos y bebidas no alcohólicas (como arroz, plátano, huevos, leche, carne, pan, frutas y vegetales), Vivienda y servicios básicos (alquiler, electricidad, agua, gas), Educación, Salud, Transporte, Vestimenta y calzado, Cuidado personal (como productos de higiene y limpieza), Bienes y servicios diversos, entre otros. Su valor no solo permite medir cuánto cuesta vivir con dignidad, sino también evaluar cuánto ha perdido el salario frente al aumento de precios. ¿Por qué subieron los precios en julio de 2025? Aunque la inflación mensual de julio fue de apenas 0,17%, ese pequeño aumento se traduce en mayores dificultades para muchas familias. La inflación acumulada en lo que va del año ya alcanza el 1,83%, y la inflación anual se ubicó en 0,72%. Los alimentos fueron la principal causa del aumento. Productos como el plátano verde (+26,64%), el plátano maduro (+27,55%), el yogurt, el aguacate y el tomate riñón mostraron incrementos significativos.

A esto se suma el alza en el costo de la gasolina que impacta directamente en el transporte público y el precio de los productos distribuidos a nivel nacional y el encarecimiento de artículos de uso diario como desodorantes, shampoo y productos de higiene femenina. El problema no es solo que suben los precios, sino qué productos suben: alimentos, transporte y cuidado personal, es decir, los más difíciles de reemplazar o dejar de consumir. Ingreso que no crece, precios que sí En los últimos diez años, el costo de vivir en Ecuador ha subido de forma constante y sostenida, mientras que los ingresos de la mayoría de las familias han permanecido estancados o incluso han disminuido. Esta combinación precios al alza e ingresos a la baja o congelados explica por qué tantas personas sienten que, a pesar de trabajar más o igual que antes, cada vez les alcanza para menos. Uno de los indicadores más claros de esta situación es la Canasta Familiar Básica (CFB). En julio de 2015, la CFB costaba $671.

Diez años después, en julio de 2025, su valor llegó a $813,82, lo que representa un aumento del 21,3%. En ciudades como Cuenca, Loja, Manta y Quito, este valor supera incluso los $860. Pero ese aumento no ha sido acompañado por un crecimiento equivalente en los ingresos. En el mismo período, el Salario Básico Unificado (SBU) subió un 32,7%, pasando de $354 en 2015 a $470 en 2025. A primera vista, esto podría parecer un progreso. Sin embargo, los ingresos reales es decir, lo que realmente se puede comprar con ese salario han disminuido. De hecho, los ingresos promedio de los trabajadores formales cayeron de $790,15 a $764,15, una pérdida nominal del 3,29%. Entre los trabajadores subempleados, la caída fue del 2%, pasando de $219,20 a $214,85. Y esto sin ajustar por inflación, que en la última década acumuló un alza del 12,69%, según el propio INEC.