El Gobierno Nacional modificó el mecanismo de compensación para transportistas públicos a través del Decreto Ejecutivo 161. La medida se aplica tras la eliminación del subsidio del diésel En el documento presidencial, emitido el viernes 26 de septiembre del 2025, se añade tres disposiciones generales, incluye una nueva y se sustituye una disposición transitoria del Decreto 125. Noboa dispuso que ahora el Ministerio de Infraestructura y Transporte sea el que realice el cálculo del valor de la compensación con base en criterios técnicos. En caso de cualquier cambio en el monto de compensación, la Cartera de Estado «realizará el respectivo ajuste en el valor a pagar», recalca. Además, el Primer Mandatario incluyó las siguientes disposiciones generales:

En el documento aclara que la compensación monetaria establecida en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo podrá también realizarse mediante pago en efectivo en las ventanillas de las entidades financieras públicas del Sistema de Pagos Emergentes y conforme a los parámetros definidos por el Ministerio de Infraestructura y Transporte. El Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Infraestructura y Transporte podrán emitir una normativa secundaria para regular y dar cumplimiento al decreto. También se agregó un apartado a la quinta disposición transitoria del Decreto 125.

En este texto se ordena a la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT) entregar a la Unidad de Registro Social (URS) la información de matriculación vehicular con corte realizado a fecha 24 de septiembre del 2025 para que se remita al ministerio encargado de hacer el cálculo de pago. Finalmente, el Presidente sustituyó la décima disposición en el Decreto 125. En esta se establecía que los propietarios de vehículos de transporte interprovincial (urbano, combinado o rural) recibirían la compensación por ocho meses y señalaba la posibilidad de extenderlo cuatro meses más.

El oficialismo en la Asamblea Nacional consiguió los votos necesarios para aprobar el quinto proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo. El 26 de septiembre de 2025, la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, conocida como Ley del BIESS, fue debatida en segundo debate ante el Pleno. A la sesión, que inició pasadas las 10:00, asistieron 149 asambleístas. Al cierre, la ley fue aprobada con 77 votos, el mínimo requerido. La bancada de la Revolución Ciudadana votó en contra. Y, esta vez, solamente José Luis Nango y Fernando Nantipia, dos de los seis exPachakutik que son aliados del oficialismo, votaron a favor.

El legislador Diego Franco (ADN) presentó el informe para la segunda discusión. Como es habitual en el Pleno, recurrió a acusaciones directas contra el correísmo. “De una lado estamos los legisladores que representamos al pueblo ecuatoriano. Del otro lado, la organización política que reciben órdenes desde un búnker en Venezuela”. Franco reiteró los argumentos expuestos en el primer debate. Defendió la iniciativa del Ejecutivo con énfasis en dos aspectos: la devolución de los fondos provisionales de privados que actualmente administra el BIESS y la definición del futuro de 13 fideicomisos.

Sobre estos últimos, afirmó que eran un “monumento al abandono”. La oposición al proyecto provino del correísmo. La asambleísta Viviana Veloz acusó al oficialismo de intentar privatizar la seguridad social. El principal reparo de la Revolución Ciudadana fue la posibilidad de que el BIESS venda cartera vencida a entidades financieras privadas. “Pretenden vender la cartera del BIESS a la banca privada. A ese sector que no ha tenido misericordia con la gente de este país”, expresó ante el Pleno.

En su segundo intento, el oficialismo logró los votos necesarios para respaldar el llamado a consulta popular que viabilizaría la instalación de una Asamblea Constituyente. Con 78 votos, uno más de los requeridos, la mayoría coordinada por ADN dio paso a la moción presentada por el gobiernista Alejandro Lara.

El viernes 19 de septiembre de 2025, la también oficialista Lucía Pozo presentó una moción similar en apoyo al Decreto Ejecutivo 148, que se convirtió en el primer decreto con el que el presidente Daniel Noboa convocó a consulta popular. En esa ocasión, el oficialismo no alcanzó el respaldo necesario: apenas obtuvo 74 votos. Ese día asistieron 144 asambleístas. En la sesión del 22 de septiembre de 2025, estuvieron presentes 150 legisladores, lo que permitió a ADN aprobar la moción.

¿DE QUÉ SE TRATÓ LA MOCIÓN DE LARA? El legislador oficialista presentó un documento compuesto por cinco artículos. El primero de ellos establecía: “Respaldar el contenido y finalidad del Decreto Ejecutivo Nro. 153, de 20 de septiembre de 2025, mediante el cual se convoca a consulta popular para decidir sobre la instalación de una Asamblea Constituyente”. Como segundo artículo, se incluyó que los mecanismos de enmienda y reforma parcial previstos en los artículos 441 y 442 de la Constitución resultan insuficientes para realizar los cambios estructurales.

UN GUIÑO AL CNE Como parte del articulado, el oficialismo incluyó una referencia al Consejo Nacional Electoral en medio de la pugna entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. El artículo 4 señala: “Dejar constancia de que el CNE ha declarado el inicio del período electoral y, desde ese momento, ninguna otra institución tiene atribuciones para pronunciarse ni para frenar la decisión soberana de los ecuatorianos, quienes decidirán en las urnas los cambios que el país merece”.

Durante la última semana de septiembre, Ecuador vivirá varios días de gran tensión ciudadana, tanto en el ámbito político como social. Por un lado, la gente espera conocer la fuerza del paro nacional convocado por dirigencias indígenas, que comenzará la tarde y noche del domingo 21. Por otro, sectores políticos del país están preocupados por el futuro de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que mantiene en tensión al Ejecutivo, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Ante esta coyuntura, en POLÍTICAMENTE CORRECTO Diana Jácome, representante del Gobierno, Salvador Quishpe, , representante del sector indígena y María Paz Jervis, representante del sector industrial debatieron posibles soluciones. El fin del subsidio al diésel motivó la convocatoria al paro indígena. En ese sentido, Salvador Quishpe exhortó al Gobierno a transparentar las cifras que argumentaron el fin de esta ayuda social.

Según él, aunque el Estado asegura que se gastan USD 1 100 millones anuales, en algunas temporadas el subsidio apenas llega a poco más de USD 100 millones. “Seamos justos y transparentes. No pedimos que nos regalen un centavo. Si se elimina el subsidio, paguen lo justo por producir en el campo. Si quieren que el diésel se ajuste a precios internacionales, ajusten también el precio de las papas”, afirmó Quishpe. Por su parte, Diana Jácome defendió la medida del Gobierno, argumentando que la eliminación del subsidio al diésel reducirá el contrabando y el mal uso del combustible. Según la asambleísta oficialista, solo en 2025 se decomisaron más de un millón de galones de combustible que, añade, era para economías criminales. “Ahora ya no hay subsidio, pero hay 18 tipos de compensaciones que esta vez sí irán a quienes más lo necesitan”, señaló. María Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias y la Producción, señala que ya hay denuncias de aumentos injustificados en tarifas de transporte pesado, donde los fletes han subido hasta un 35% extra.

Para la empresaria, aunque el aumento se justifica por la eliminación del subsidio al diésel, algunos incrementos no han sido socializados y representan sobreprecios. “En este momento debemos actuar con transparencia, llegar a un acuerdo nacional y actuar bajo la ley. Si los precios suben, hay que hacerlo bajo la ley y sin dejar que algunos dirigentes sociales se aprovechen del contexto de un paro nacional”, dijo. Los panelistas coincidieron en la necesidad de que el Gobierno se siente con las dirigencias nacionales para acordar medidas justas, aunque no se definió cuándo ni cómo podría hacerse.

¿SERÁ INMINENTE UN INCREMENTO EN LA TARIFA DEL TRANSPORTE PÚBLICO? La elimin

El incremento del precio injustificado en víveres, pasajes, combustibles, materiales de construcción y materia prima, en Ecuador, se podrá reportar a través de una página web. El Ministerio de Gobierno habilitó este canal para recibir denuncias sobre posibles aumentos, tras el alza del precio del diésel premium, que pasó de $ 1,80 a $ 2,80 el galón. El alza del precio de este derivado, que se usa en el sector automotor, fue dispuesta el 12 de septiembre de 2025 por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 126. El nuevo precio de este derivado entró en vigor desde el 13 de septiembre de 2025. Esta medida generó rechazo en ciertas organizaciones sociales.

Por esta razón, incluso la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció el 18 de septiembre de 2025 el inicio de un paro nacional indefinido. Por su parte, el Gobierno dispuso toque de queda en cinco provincias: Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Bolívar y Carchi. A propósito de este aumento en el precio del diésel premium, personal de las intendencias realiza controles a escala nacional para sancionar la especulación de precios en los productos de necesidad básica. Ahora, además, el Ministerio de Gobierno implementó una nueva herramienta.

La especulación de precios en Ecuador se puede denunciar a través de una página web Esta entidad informó este 20 de septiembre de 2025 que habilitó una página web para que los ciudadanos reporten, de forma rápida y segura, casos de especulación de precios en todo el país. La plataforma recibirá denuncias sobre víveres, combustibles, materia prima, materiales de construcción y pasajes.

Para acceder a esta plataforma las personas deben acceder a denuncias.ministeriodegob ierno.gob.ec y llenar la información. ¿CÓMO DENUNCIAR LA ESPECULACIÓN DE PRECIOS EN EL SITIO WEB? Una vez que acceda al sitio web, en el formulario se deberá detallar la siguiente información: Tipo de denuncia (incremento de víveres, pasajes, combustibles, materiales de construcción y materia prima) Describir el problema Provincia Cantón Parroquia Dirección Adjuntar una foto Finalmente, se debe incluir los nombres y cédula de identidad de quien denuncia. Aunque también se puede optar por hacerlo de manera anónima. Y enviar el formulario.

Otra vez, el Concurso para la Renovación Parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) se detuvo. Una medida cautelar, interpuesta por Ramiro José Garzón Larco, suspendió el desarrollo del examen escrito, previsto para hoy. Así se frenó el proceso iniciado en agosto de 2021 pues dos de los cinco consejeros debían ser reemplazados en noviembre de ese año. Hoy, pese a que el periodo de todos ya está vencido, siguen en funciones prorrogadas. Tanto la Constitución como el Código de la Democracia establecen que el pleno del CNE estará integrado por cinco consejeros principales. Ellos deben ejercer sus funciones durante seis años, pero luego de un período de tres años, dos miembros tenían que ser reemplazados; y tres años después, otros tres. El 20 de noviembre del 2024 terminó su ciclo.

Sin embargo, la Procuraduría General del Estado (PGE) emitió un pronunciamiento favorable a la prórroga de todos, para las más recientes elecciones generales. Por eso se mantiene; lo más seguro es que estarán a cargo del desarrollo de la consulta popular, prevista para los últimos meses del año. El viernes 12 de septiembre del 2025, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) anunció que los catedráticos terminaron el proceso de elaboración del banco de preguntas y de casos prácticos, que comenzó el lunes. Hoy se esperaba que 163 postulantes rindieran el examen escrito. Pero ahora todo queda en suspenso, de nuevo. A las 17:58 del viernes 12 de septiembre, la jueza María Guamangate, de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la Parroquia Mariscal Sucre, se volvió protagonista del concurso. Calificó la demanda de acción de protección, presentada por Garzón Larco. Por lo que suspendió de forma provisional el proceso.