Más de 19.000 personas viven con enfermedad renal crónica y dependen de la diálisis para sobrevivir. Hoy, su vida pende de un hilo. Actualmente, la cifra asciende a 19.556 pacientes distribuidos de la siguiente manera: 55% del MSP, 43% del IESS, 1% del ISSFA y 1% del ISSPOL. El sector renal enfrenta una crisis sistémica sin precedentes. La deuda acumulada del Estado con los prestadores de servicios de diálisis asciende aproximadamente a 300 millones de dólares. A pesar de los pagos que se han desembolsado, estos no han sido suficientes para cubrir esta elevada cifra. Además, este monto no es solo un dato: representa la inminente amenaza de suspensión de tratamientos vitales, el desabastecimiento de insumos y el colapso progresivo de las clínicas a nivel nacional.
“La diálisis no es un lujo, es una necesidad vital. Sin pagos, nuestra única alternativa es una muerte anunciada”, expresa Gabriela Álvaro, vocera del Frente de Pacientes Renales Ecuador. A esta crítica situación se suma la incapacidad del sistema público para cubrir la demanda. La mayoría de los pacientes debe dializarse cada dos días en clínicas privadas, mientras el Ministerio de Salud Pública y el IESS no ofrecen soluciones efectivas ni mecanismos transparentes de pago. Muchos pacientes, provenientes de sectores vulnerables, no podrían costear tratamientos que superan los $1.400 mensuales. Un llamado urgente resuena desde el Frente de Pacientes Renales Ecuador hacia el gobierno del presidente Daniel Noboa. La semana pasada, el Frente entregó cartas en la Presidencia y en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, solicitando ser recibidos por las autoridades.
