El Gobierno de Ecuador decidió este viernes 23 de agosto otorgar una amnistía migratoria y establecer un nuevo proceso de regularización para venezolanos y sus familias que se encuentren en el país, y que cuenten con un certificado de permanencia migratoria caducado o que aún no hayan obtenido un visado especial. El Ejecutivo, mediante un decreto ejecutivo firmado por el presidente Daniel Noboa, decidió “otorgar amnistía migratoria y establecer un proceso extraordinario de regularización para personas de nacionalidad venezolana en situación de movilidad humana y su grupo familiar”. ¿Qué necesitas los beneficiarios? Los beneficiarios deben haber realizado el proceso de Registro de Permanencia Migratoria activado en junio de 2022, contar con el certificado aunque esté caducado y no haber obtenido el Visado de Residencia Temporal de Excepción (Virte II), emitido en un anterior proceso de legalización de migrantes venezolanos.
El Ministerio del Interior ecuatoriano deberá renovar los certificados y las autorizaciones de permanencia, con el fin de avalar que los beneficiarios puedan acceder al visado Virte II renovado. ¿Cuánto durará el proceso de regularización? El proceso de regularización tendrá una duración de 8 meses, el formulario de la solicitud para el registro será gratuito, pero los migrantes venezolanos deberán cubrir el valor del visado y de la cédula de ciudadanía (carné de identidad) emitido por la entidad respectiva, señala el decreto ejecutivo. El Virte II tendrá una vigencia de dos años y podrá ser prorrogado por una sola vez y por el mismo periodo, sin perjudicar el hecho de que el solicitante pueda cambiar en ese periodo su estatus migratorio. El decreto también ordena al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) apoyar el proceso de regularización y reforzar la amnistía migratoria para niños y adolescentes venezolanos que estén “solos, no acompañados o separados”. En el proceso, las instituciones ecuatorianas involucradas, deben aceptar documentos de identidad o pasaportes de los solicitantes que tengan hasta 5 años de vencimiento. Además, en el proceso, el Ministerio del Interior y la Dirección de Inteligencia de la Policía evaluarán el perfil de “riesgo o amenaza a la seguridad pública” de los solicitantes. Las carteras de Estado y otras entidades involucradas en este proceso tendrán entre uno y dos meses para dictar las normativas secundarias para la aplicación cabal de la amnistía y el proceso de regularización, se agregó en el decreto.
Colectivos de migrantes en Ecuador El pasado 28 de junio, la Asociación Venezuela en Ecuador, uno de los colectivos más importantes de migrantes del país, pidió al presidente Noboa que llevara adelante un nuevo proceso de regularización de venezolanos que no hayan podido acceder a ese plan en los dos últimos años. La Asociación advirtió entonces del riesgo de que muchos venezolanos que han accedido a la regularización puedan perder ese derecho, debido a que en septiembre se les comenzaría a vencer la vigencia del Virte, que permitió entre 2022 y 2023 regularizar a miles de extranjeros. Anteriores procesos de regularización han sido apoyados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional de Migraciones (OIM).
Esos programas habían logrado que 248.400 personas accedieran al Registro Migratorio de Permanencia, mientras que 201.700 de ellos recibieron un certificado de permanencia temporal, según relató la Asociación. Además, indicó que 95.700 extranjeros obtuvieron el Virte y de ellos 72.300 llegaron a obtener la cédula de identidad ecuatoriana. “Los venezolanos tenemos la intención de incluirnos en el desarrollo de este país y es precisamente la irregularidad migratoria la que ha impedido poder tener acceso a derechos fundamentales como la identidad, la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, la contratación libre, la inclusión en el sistema financiero”, entre otros, enumeró la Asociación. Ecuador es actualmente el quinto país con mayor comunidad venezolana en su territorio al registrar 444.800 personas, después de Colombia, Perú, Brasil y Chile, según un informe reciente publicado por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela.
