El 5 de enero del 2025 asumiré la Presidencia Constitucional de la República del Ecuador«, así lo informó la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, este sábado 4 de enero del 2025, a través de un video publicado en su cuenta de X. Abad, precisó que tomará el poder en Carondelet «por mandato expreso en la ley como función propia y constitucional». «Debo atender esta responsabilidad mientras el señor presidente Daniel Noboa participa como candidato presidencial en la campaña electoral, cuya candidatura se encuentra en firme y es irrenunciable», añadió la Vicepresidenta. Asimismo, precisó que no es necesario realizar un acto de posesión, ya que han sido posesionados ante los electores y el país entero. Verónica Abad, dijo que para dar continuidad y estabilidad a la gestión ejecutiva, requiero el apoyo y el compromiso de todas y cada una de las funciones del Estado, Fuerzas Armadas, Medios de Comunicación y del pueblo ecuatoriano.

Al mismo tiempo aseguró que mientras asuma la Presidencia garantizará «un periodo de paz, serenidad y absoluto respeto a la institucionalidad democrática, a los derechos y libertades y garantías constitucionales. No habrá ataques a la honra y dignidad de los cuidadnos, no habrá persecución por pensar diferente, incremento alguno de impuestos, ni de precio de combustibles, no se permitirán los negociados, ni el mal uso de los recursos públicos. Pido confianza y tranquilidad. Mi gestión será totalmente responsable e imparcial, dijo Abad. La Vicepresidenta también convocó, este domingo 5 de enero, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para establecer una agenda de trabajo. Por otro lado, Abad, hizo un llamando a la comunidad internacional, «en especial a la Comunidad Interamericana para que se respete y se haga respetar, en su integridad, la carta democrática de la Organización de los Estados Americanos, y actúe enérgicamente frente a cualquier eventual intento golpista en contra de la Presidenta Constitucional de la República, en ejercicio desde el 5 de enero del 2025.

Con 79 votos, la Asamblea Nacional resolvió que todos los legisladores que participarán en las elecciones del 9 de febrero del 2025 hagan uso de licencia sin remuneración durante la campaña electoral. La moción fue aprobada la noche de este sábado 4 de enero del 2025, en una sesión virtual del Pleno. En la resolución, la decidió disponer a la Secretaría General ejecutar los reemplazos para las y los asambleístas que son candidatos de elección popular. Asimismo, el Pleno aprobó que la Administración General, a través de las Coordinaciones de la Asamblea, suspenda el pago de cualquier tipo de remuneración, derecho o beneficio, así como la suspensión de accesos, credenciales, correos, sistema DIS o de cualquier medio a los asambleístas que son candidatos.

La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) insistió en que ni ellos ni el Presidente están obligados a tomar la licencia, tomando en cuenta que el actual no es un periodo ordinario. La moción del correísta Cristhian Vega incluyó que los asambleístas candidatos tendrán una licencia sin remuneración. Sin embargo, no añadió ningún punto referente a Daniel Noboa, quien aún no se ha pronunciado al respecto. Asimismo, se aprobó que la presidencia de la Asamblea quede en manos de Esther Cuesta, la primera vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), dado que Viviana Veloz, actual presidenta, Otto Vera, primer vicepresidente y Eckenner Recalde, segundo vicepresidente, son candidatos.

La vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Enrique Pita se pronunció sobre las licencias para quienes buscarán la reelección en los comicios generales de febrero próximo. En su cuenta de X publico este 4 de enero de 2025 que el órgano electoral “no tiene facultad coercitiva”. A pocas horas de que arranque la campaña electoral, Pita escribió que el CNE “es un órgano administrativo que no tiene facultad coercitiva para exigir que los candidatos a la reelección pidan licencia antes del inicio de la campaña”. El vicepresidente también señaló que no existe norma que exija que el CNE se pronuncie u opine sobre una “supuesta, futura omisión por parte de éstos”. Por lo que su pronunciamiento va a tono de lo que ya se dijo en la sesión del pasado 30 de diciembre cuando no se dio paso a un cambio en el orden del día solicitado por la vocal Elena Nájera, quien buscaba un pronunciamiento en conjunto del CNE.

Hoy, el mismo presidente Daniel Noboa publicó en su cuenta de X una respuesta al expresidente Rafael Correa en la que insistía en una sentencia de la Corte Constitucional. Ese dictamen señala que el periodo extraordinario derivado de unas elecciones anticipadas debido a la muerte cruzada no se contabilizará en caso de que un candidato opte por la reelección. Por eso considera que no debe pedir licencia. Todo esto en medio de la disputa con la vicepresidenta Verónica Abad quien, en caso de que Noboa solicite licencia por campaña, debería asumir la Presidencia. Pero, el Gobierno se ha mostrado en contra de esa opción y ha planteado que no es necesaria la licencia. ¿Qué puede hacer el CNE? Pita también planteó la salida que fue presentada por el vocal José Cabrera a propósito del pedido de cambio del orden del día de la consejera Nájera. “Para lo que el CNE sí es competente es para denunciar una posible infracción electoral, así como lo son los candidatos u organizaciones políticas, cuando el hecho ocurra”, escribió.

El correísmo no logró a la primera los votos suficientes para calificar a trámite el proceso de juicio político en contra de la vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Johanna Verdezoto. La solicitud que se trató en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional obtuvo cuatro votos a favor, tres en contra y una abstención en la primera votación.

No se trata de una decisión definitiva, pues la normativa contempla una reconsideración en la votación; no obstante, la sesión que se desarrolló el jueves, 2 de enero de 2025, fue suspendida por la presidenta de la mesa legislativa, Pamela Aguirre. CONFLICTO DE INTERESES, CONCUSIÓN Y PERJURIO El pedido de enjuiciamiento político llegó desde la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ana Herrera. Ella denunció un presunto conflicto de intereses por parte de Verdezoto en el concurso para la designación del Defensor Público.