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En medio de las investigaciones de la Asamblea Nacional y organismos de control por los fallidos contratos de Progen y Austral, Fabián Calero, el viceministro de Electricidad dejó su cargo tras casi 10 meses en su puesto. Será reemplazado por Rafael Pullupaxi.
El futuro de la seguridad social de militares y policías está en discusión en la Asamblea. Para garantizar ese derecho a largo plazo, el ISSFA e ISSPOL presentaron proyectos de ley con base en los últimos informes actuariales que alertan que esos sistemas no son sostenibles a largo plazo. Según el último informe del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, a diciembre de 2023, el déficit es de USD 1.308 millones.
Para garantizar la cobertura de los seguros de retiro, invalidez y muerte, salud, enfermedad, maternidad, cesantía, vida y accidentes, se propone incrementar de 20 a 26 años el tiempo mínimo de aportaciones para el retiro voluntario, y 25 años para el retiro forzoso. También se plantea modificar el método de cálculo de pensiones, usando el promedio de ingresos de los últimos cinco años. Actualmente, se retiran con base en el último ingreso. Entre los problemas identificados en el informe actuarial consta la diferencia entre el número de pensionistas y aportantes al ISSFA: afiliados cotizantes: 40.831, pensionistas: 47.559.
Las reacciones empiezan a surgir. Tras la publicación de la lista de funcionarios desvinculados de la Asamblea Nacional por sus vínculos familiares con asambleístas, el Partido Social Cristiano (PSC) reaccionó por haber sido incluido entre los casos de nepotismo.
El asambleísta de Guayas del Distrito 4, Carlos Vargas dejan la bancada del movimiento RevoluciónCiudadana. Se oficializará en las próximas horas. Esta decisión se debe a los cuestionamientos recibidos por parte de la RC, por haber votado a favor del segundo proyecto urgente de Integridad Pública.
El Gobierno analiza incluir preguntas relacionadas con temas de seguridad, empleo y productividad, junto al referéndum que prevé realizar a fin de año; así lo adelantó el 14 de julio la portavoz del Ejecutivo, Carolina Jaramillo.
La semana pasada, el presidente Daniel Noboa anunció que «a finales de año», preguntarán a la población «en un referéndum» si desean «que la base (militar) estadounidense regrese a la ciudad de Manta». Esto, en el marco de las acciones que despliega el Gobierno para combatir el crimen organizado.
El sobrino de Santiago Díaz, quien laboraba como asesor 1 de la asambleísta Christina Jácome (correísmo), fue desvinculado del Parlamento, anunció el presidente el Legislativo, Niels Olsen (ADN), la tarde de este lunes 14 de julio del 2025.
Olsen atribuyó esta desvinculación a las reformas recientes al reglamento interno de Talento Humano, en donde consta que ningún familiar de un legislador, hasta el cuarto grado de consanguinidad, podrá trabajar en la Asamblea Nacional.
Una orden de localización y captura aún rige en contra del asambleísta Santiago Díaz Asque, quien es acusado de presunta violación. Díaz estaría tratando de salir del país por “todos los medios”. Así lo manifestó el titular del Ministerio del Interior, John Reimberg.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) negó una solicitud presentada por el asambleísta Santiago D. A. para solicitar una licencia sin remuneración, mientras la Fiscalía General del Estado sigue una investigación en su contra por presunta violación a una menor de edad. La petición, presentada por Díaz, contemplaba un periodo de ausencia de 31 días, desde el 8 de julio hasta el 8 de agosto, con el objetivo según argumentó de preparar su defensa legal ante el proceso penal que enfrenta.
El legislador ha insistido en su inocencia. Sin embargo, el CAL, órgano encargado de tramitar este tipo de solicitudes en la Asamblea Nacional, decidió rechazar el pedido de forma unánime. En un comunicado oficial, se explicó que la solicitud fue presentada incorrectamente, ya que se dirigió al presidente del Legislativo, Niels Olsen, en lugar del CAL, lo que contraviene lo establecido en los artículos 12 y 114 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que regula el régimen de permisos superiores a 30 días
Bella Jiménez, exasambleísta de la Izquierda Democrática, fue sentenciada a un año de prisión por el delito de concusión, tras admitir que cobraba dinero a cambio de entregar cargos públicos mientras ejercía funciones en la Asamblea Nacional. El fallo también contempla una multa económica, la obligación de ofrecer disculpas públicas y el cumplimiento de medidas de reparación integral.
La exlegisladora fue una de las primeras expulsadas de su bancada por estas prácticas ilegales, y su caso se convirtió en símbolo del uso de la función pública para enriquecimiento personal. Con esta sentencia, la justicia reconoce que la venta de cargos no solo fue real, sino parte de una estructura que afecta la ética institucional. La ciudadanía sigue exigiendo que todos los implicados en estos esquemas de corrupción también enfrenten consecuencias.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, afirmó “rotundamente cualquier conversación con cualquier personaje que esté en algún proceso judicial, mi vida ha sido transparente”, en referencia a la supuesta videollamada con Daniel Salcedo.
En medio de las investigaciones de la Asamblea Nacional y organismos de control por los fallidos contratos de Progen y Austral, Fabián Calero, el viceministro de Electricidad dejó su cargo tras casi 10 meses en su puesto. Será reemplazado por Rafael Pullupaxi.
El futuro de la seguridad social de militares y policías está en discusión en la Asamblea. Para garantizar ese derecho a largo plazo, el ISSFA e ISSPOL presentaron proyectos de ley con base en los últimos informes actuariales que alertan que esos sistemas no son sostenibles a largo plazo. Según el último informe del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, a diciembre de 2023, el déficit es de USD 1.308 millones.
Para garantizar la cobertura de los seguros de retiro, invalidez y muerte, salud, enfermedad, maternidad, cesantía, vida y accidentes, se propone incrementar de 20 a 26 años el tiempo mínimo de aportaciones para el retiro voluntario, y 25 años para el retiro forzoso. También se plantea modificar el método de cálculo de pensiones, usando el promedio de ingresos de los últimos cinco años. Actualmente, se retiran con base en el último ingreso. Entre los problemas identificados en el informe actuarial consta la diferencia entre el número de pensionistas y aportantes al ISSFA: afiliados cotizantes: 40.831, pensionistas: 47.559.
Las reacciones empiezan a surgir. Tras la publicación de la lista de funcionarios desvinculados de la Asamblea Nacional por sus vínculos familiares con asambleístas, el Partido Social Cristiano (PSC) reaccionó por haber sido incluido entre los casos de nepotismo.
El asambleísta de Guayas del Distrito 4, Carlos Vargas dejan la bancada del movimiento RevoluciónCiudadana. Se oficializará en las próximas horas. Esta decisión se debe a los cuestionamientos recibidos por parte de la RC, por haber votado a favor del segundo proyecto urgente de Integridad Pública.
El Gobierno analiza incluir preguntas relacionadas con temas de seguridad, empleo y productividad, junto al referéndum que prevé realizar a fin de año; así lo adelantó el 14 de julio la portavoz del Ejecutivo, Carolina Jaramillo.
La semana pasada, el presidente Daniel Noboa anunció que «a finales de año», preguntarán a la población «en un referéndum» si desean «que la base (militar) estadounidense regrese a la ciudad de Manta». Esto, en el marco de las acciones que despliega el Gobierno para combatir el crimen organizado.
El sobrino de Santiago Díaz, quien laboraba como asesor 1 de la asambleísta Christina Jácome (correísmo), fue desvinculado del Parlamento, anunció el presidente el Legislativo, Niels Olsen (ADN), la tarde de este lunes 14 de julio del 2025.
Olsen atribuyó esta desvinculación a las reformas recientes al reglamento interno de Talento Humano, en donde consta que ningún familiar de un legislador, hasta el cuarto grado de consanguinidad, podrá trabajar en la Asamblea Nacional.
Una orden de localización y captura aún rige en contra del asambleísta Santiago Díaz Asque, quien es acusado de presunta violación. Díaz estaría tratando de salir del país por “todos los medios”. Así lo manifestó el titular del Ministerio del Interior, John Reimberg.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) negó una solicitud presentada por el asambleísta Santiago D. A. para solicitar una licencia sin remuneración, mientras la Fiscalía General del Estado sigue una investigación en su contra por presunta violación a una menor de edad. La petición, presentada por Díaz, contemplaba un periodo de ausencia de 31 días, desde el 8 de julio hasta el 8 de agosto, con el objetivo según argumentó de preparar su defensa legal ante el proceso penal que enfrenta.
El legislador ha insistido en su inocencia. Sin embargo, el CAL, órgano encargado de tramitar este tipo de solicitudes en la Asamblea Nacional, decidió rechazar el pedido de forma unánime. En un comunicado oficial, se explicó que la solicitud fue presentada incorrectamente, ya que se dirigió al presidente del Legislativo, Niels Olsen, en lugar del CAL, lo que contraviene lo establecido en los artículos 12 y 114 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que regula el régimen de permisos superiores a 30 días
Bella Jiménez, exasambleísta de la Izquierda Democrática, fue sentenciada a un año de prisión por el delito de concusión, tras admitir que cobraba dinero a cambio de entregar cargos públicos mientras ejercía funciones en la Asamblea Nacional. El fallo también contempla una multa económica, la obligación de ofrecer disculpas públicas y el cumplimiento de medidas de reparación integral.
La exlegisladora fue una de las primeras expulsadas de su bancada por estas prácticas ilegales, y su caso se convirtió en símbolo del uso de la función pública para enriquecimiento personal. Con esta sentencia, la justicia reconoce que la venta de cargos no solo fue real, sino parte de una estructura que afecta la ética institucional. La ciudadanía sigue exigiendo que todos los implicados en estos esquemas de corrupción también enfrenten consecuencias.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, afirmó “rotundamente cualquier conversación con cualquier personaje que esté en algún proceso judicial, mi vida ha sido transparente”, en referencia a la supuesta videollamada con Daniel Salcedo.
