Por insistencia de la Fiscalía, el el juez Luis Rivera fijó fecha y hora para audiencia de formulación de cargos por caso Reconstrucción de Manabí, en el que se investiga al exvicepresidente Jorge Glas. Esta diligencia fue convocada para el 5 de enero de 2024, a las 08:30, en la Corte Nacional de Justicia. Allí, la Fiscalía tiene previsto procesar penalmente a Glas y dos personas más por el presunto delito de peculado. La teoría de la Fiscalía Tras el terremoto del 2016, el Gobierno de ese entonces conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva. Además, emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana.

La Asamblea Nacional aprobó este jueves 21 de diciembre una reforma que modifica el artículo 158 de la Constitución. Aquel texto se refiere al rol que cumplen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la seguridad del Estado. Sin embargo, con la enmienda constitucional calificada, se precisa que los militares brindarán “apoyo complementario” a los policías en la lucha contra el crimen organizado, sin necesidad de que el presidente de la República decrete estado de excepción. El proyecto aprobado este jueves señala que el jefe de Estado podrá decretar que los militares apoyen a los policías solo en temas relacionados al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y tráfico de personas. Previamente, el Consejo de Seguridad y del Estado debe emitir su informe.

Desde este 23 de diciembre de 2023 hasta el 6 de enero de 2024, las actividades judiciales en las unidades de Manabí, que manejan casos en materia Civil, Laboral, Inquilinato, Contencioso Administrativo y Tributario, entrarán en un periodo de receso.

La Comisión de Régimen Económico recibió a varios actores en el marco del debate del proyecto de reforma a la Ley de Prevención, Detección, y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. A la sesión del 20 de diciembre acudieron representantes del Servicio de Rentas Internas (SRI), Fiscalía, Superintendencia de Bancos, el Servicio Nacional de Aduana (SENAE) y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.