El exdirigente de la Conaie Leonidas Iza confirmó que la Fiscalía de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, lo citó para que rinda su versión sobre el caso de un supuesto secuestro de tres policías. Iza en un extenso texto en su cuenta de X relató los hechos sucedidos a mediados de agosto del 2025, cuando, agentes policiales ingresaron a la comunidad de San Ignacio, en una supuesta investigación contra el exdirigente.

Iza sostiene que este accionar puso «en riesgo su seguridad y la de las familias de la comunidad» que retuvo a los agentes y «emprendieron un proceso de investigación y determinaron responsabilidades» de los policías. El 25 de agosto la vocera pde Gobierno, Carolina Jaramillo, informó que la Fiscalía era la encargada de adelantar las diligencias para esclarecer los hechos. “Desde Carondelet podemos añadir que tres miembros de la Policía Nacional fueron retenidos en contra de su voluntad y en ese sentido se presentó una denuncia por secuestro y esperamos que la justicia actúe de manera rápida y transparente”, afirmó Jaramillo.

Nueva tensión entre los integrantes de la Revolución Ciudadana Luisa González, presidenta del movimiento, y Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. González reprochó a Álvarez por “minimizar” la postura del correísmo frente al Cartel de los Soles y recordó que esta línea política responde a Rafael Correa que no se trataría de un “militante cualquiera”.

La presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, cuestionó públicamente al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, luego de que este se refiriera al Cartel de los Soles en una reunión convocada por la canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfeld.

Álvarez, que forma parte del bloque correísta, dijo que respalda la lucha contra cualquier organización vinculada al narcotráfico y que, en ese tema, “si Estados Unidos tiene algún tema con el presidente de Venezuela, es un tema personal, yo sinceramente no voy a salvar a nadie,” precisó. Las palabras del alcalde provocaron una rápida respuesta de González, quien recordó que la postura frente a lo que denominó “Plan Cóndor del Siglo XXI”.

La Contraloría General del Estado (CGE) anunció este sábado 30 de agosto del 2025 que los servidores públicos considerados «personas expuestas políticamente» (PEP) tendrán un nuevo plazo para presentar sus declaraciones patrimoniales juradas. La fecha límite se extendió hasta el 15 de septiembre de 2025, según informó el organismo de control a través de su cuenta de X.

La disposición aplica a funcionarios cuya remuneración corresponde a los grados del 5 al 10 de la escala mensual unificada del nivel jerárquico superior. El trámite debe realizarse de manera electrónica y gratuita a través de la página web institucional: www.contraloria.gob.ec.

MARCO LEGAL Y OBLIGATORIEDAD La medida se enmarca en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos, que establece la obligatoriedad de este registro como parte de los mecanismos de transparencia y control en el sector público.

En una polémica decisión, la Asamblea Nacional dio paso a la llamada Ley de Transparencia Social, que trae consigo un nuevo y cuestionado impuesto a las utilidades. Con 78 votos a favor, el proyecto impulsado por el presidente Daniel Noboa encendió las alarmas en el sector empresarial y en los trabajadores que dependen de la reinversión de esas ganancias.

La normativa establece un gravamen fijo del 12 % sobre las utilidades distribuidas, al que se suma un cobro adicional de entre 0,75 % y 2,5 % a las utilidades retenidas, es decir, aquellas que las empresas guardan para reinvertir. Economistas y empresarios denuncian que se trata de una doble tributación, que restará competitividad y podría golpear la creación de empleo en el país. Las reacciones no se hicieron esperar.

El Partido Social Cristiano calificó la medida como “absurda y abusiva”, mientras expertos advierten que se ahuyentará la inversión privada y extranjera. Para muchos, este nuevo impuesto es un castigo a quienes intentan mantener vivas sus compañías en medio de una crisis económica que ya golpea a miles de familias. En redes sociales, ciudadanos expresaron su indignación, señalando que mientras se habla de atraer capitales y generar confianza, se aprueban leyes que ponen más cargas sobre la espalda de los contribuyentes.