Con su usual histrionismo y locuacidad, Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, intenta refutar los argumentos con los cuales Fiscalía lo acusó del delito de obstrucción a la justicia dentro del caso Independencia Judicial. La audiencia preparatoria de juicio se reinstaló pasadas las 14:00 de este sábado 20 de julio, en la Corte Nacional de Justicia, bajo la dirección del juez Julio Inga. Terán fue el primero en tomar la palabra y habló durante 40 minutos. En un inicio pidió una demora de 30 minutos porque dijo que no tenía lentes, pero no se dio paso a su requerimiento.

“Por dios, por favor, no quiero incidentar la audiencia”, aseguraba. En la víspera, Fiscalía emitió su dictamen acusatorio y señaló de autores directos del delito de obstrucción a la justicia a Terán y Maribel Barreno, exvocal de la Judicatura. Mientras que acusó de cómplices a los procesados Milton Altamirano, Jéssica Chicaiza, Santiago Cifuentes, Santiago Cueva, Carlos Garaví, Milton Herrera, Andrés Jácome, Katherin Luna y Olga Vivanco. Son 11 en total los procesados. El otro imputado fue Xavier Muñoz, exvocal de la Judicatura, pero él aceptó su culpabilidad e incluso fue cooperador eficaz para recibir así una condena de nueve meses de cárcel. La sanción por obstrucción a la justicia es de nueve años de cárcel.

El asambleísta del correísmo, Lenin Barreto, presentó el 18 de julio un proyecto de ley para que la censura por un juicio político pase de dos a cinco años. Cuando el Pleno de la Asamblea resuelve censurar a un funcionario, este es destituido y no puede ejercer un cargo público por dos años. La iniciativa busca que el plazo se amplíe a cinco. Y cuando el interpelado ya no se encuentra en el ejercicio de su cargo, que la sanción consista en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público, también durante cinco años posteriores a la Resolución de censura adoptada por la Asamblea Nacional.

COMPARECENCIAS BAJO JURAMENTO Asimismo, recomienda que las comparecencias tanto de los funcionarios cuestionados, como de los ciudadanos que sean convocados para rendir su testimonio dentro de un proceso político, se desarrollen bajo juramento. A su criterio, en muchas de las comparecencias de funcionarios y testigos se presenta información basada en falacias. “Por ello, es necesario que dichas intervenciones se cumplan bajo juramento, de manera que cualquier declaración falsa sea sancionada conforme a las leyes vigentes aplicadas a la figura del perjurio”, indicó un comunicado de la Asamblea. El proyecto de ley se llama Ley Orgánica de la Función Legislativa para el Fortalecimiento de los Juicios Políticos.