El Gabinete Interinstitucional de Infraestructura y Energía, liderado por José Julio Neira, sesionó el 10 de septiembre de 2026 con autoridades del sector para revisar avances y fijar fechas de los proyectos prioritarios. En infraestructura se revisaron proyectos viales estratégicos y las inversiones para mejorar la conexión territorial. En vivienda se evaluó entrega de soluciones habitacionales. Se destacó una inversión vial de USD 605,7 millones.

En energía se analizaron acciones para fortalecer la generación y medidas preventivas ante El Niño. También se revisaron proyectos para proteger la infraestructura petrolera en Alto Coca y garantizar su transporte. Además, se evaluaron la conectividad digital y la gestión de bienes públicos. La prioridad es pasar de la planificación a la ejecución y acelerar los proyectos. Este año ingresaron 126,5 MW por arriendo y se recuperaron 182,2 MW.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que en la cárcel del Encuentro hay una cama para Rafael Correa y dijo que “es cuestión de tiempo” para que quienes, según él, causaron la crisis de seguridad respondan ante la justicia. Correa replicó en X: “Estos tipos sueñan conmigo”. En entrevista, Reimberg afirmó que los responsables de la situación actual del país tendrán que responder. “Todos van a pagar por lo que le hicieron al Ecuador”, dijo, y vinculó a gobiernos anteriores con la crisis de seguridad.

Correa respondió: “Estos tipos sueñan conmigo. Neira style. Pronto llegará la verdadera justicia”. El cruce ocurre en medio de mensajes entre el Gobierno y el correísmo. Reimberg también mencionó un supuesto viaje de Correa a México y llamó prófugos a Vinicio Alvarado, Raúl Chávez. Recordó un mensaje de Daniel Noboa en X: “Ya mismo te toca a ti”, con una foto de José Serrano deportado desde Estados Unidos. Quienes contribuyeron a la inseguridad, dijo, “tarde o temprano lo van a pagar”.

La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa contra Luisa González por el presunto delito de omisión de denuncia en razón de la profesión, cargo u oficio. El documento está fechado el 8 de septiembre de 2026 y, según información difundida por la propia González, se dispuso incorporar informes de la Policía Judicial. El delito está tipificado en el artículo 277 del COIP. La norma castiga con 15 a 30 días de privación de libertad al servidor público que, en función de su cargo, conozca un hecho que pueda configurar una infracción penal y no lo comunique de inmediato a la autoridad. La Fiscalía deberá determinar si González tenía calidad de servidora pública, si conoció el posible hecho delictivo en ejercicio de su cargo y si existía el deber jurídico de denunciarlo.

También deberá precisarse cuál fue el hecho presuntamente conocido y cuándo habría tenido conocimiento. La apertura de esta fase no implica responsabilidad penal. El nuevo expediente se suma al caso Caja Chica, donde se investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos por el supuesto ingreso de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial del correísmo en las elecciones anticipadas de 2023. En ese marco, el 28 de enero de 2026 la Fiscalía allanó tres inmuebles en Pichincha y Guayas, incluida la vivienda de González; también están involucrados el expresidente Rafael Correa y otros dirigentes de la organización política. En agosto de 2026, González fue notificada además de una investigación previa por presunta concusión, mientras se desarrollaba la controversia por su candidatura a la Prefectura de Manabí.

María Rosa Pulley, esposa del expresidente Abdalá Bucaram, presentó un hábeas corpus para impedir la aprehensión ordenada contra el exmandatario en el caso Pruebas COVID-19, alegando que sufre una delicada condición cardiovascular que exige reposo. El tribunal que procesa a Bucaram por presunta delincuencia organizada ordenó su localización tras su sexta incomparecencia a la audiencia de resolución, que requiere la presencia de todos los procesados. Pulley afirma que Bucaram, de 74 años, está ingresado en la Clínica Borja de Guayaquil.

El 25 de agosto fue operado del corazón y recibió reposo absoluto hasta el 24 de septiembre. El caso, abierto en 2020, investiga la venta irregular de 21.000 pruebas rápidas de COVID-19. La Fiscalía acusa a Bucaram, su hijo Jacobo y otros de integrar una organización delictiva. El tribunal ordenó vigilar la clínica y aprehender a Bucaram tras el alta médica. La Fiscalía cuestiona las reiteradas suspensiones que impiden conocer la decisión judicial.

El presidente Daniel Noboa afirmó este 4 de septiembre de 2026 que su Gobierno inicia una nueva etapa centrada en obra pública, empleo, vivienda y acceso al crédito, tras un período de estabilización económica. “Ajustamos lo que había que ajustar, pusimos en orden la casa y ahora es momento de obra”, declaró. Según el mandatario, las ventas reportadas al Servicio de Rentas Internas (SRI) en agosto alcanzaron aproximadamente USD 25.725 millones, un 19,1% más que en el mismo mes del año anterior. La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, destacó que la inversión extranjera directa llegó a USD 1.299 millones en 2025, lo que representa un incremento del 191% frente a 2024 y del 170% respecto a 2023.

En el ámbito internacional, Noboa adelantó que Ecuador abordará con el presidente panameño José Raúl Mulino temas como empleo circular, cooperación energética y lucha contra el narcotráfico y las economías criminales. Asimismo, confirmó la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la próxima semana. Sobre las elecciones seccionales, el presidente destacó que ADN participará por primera vez con candidatos propios y que, según las encuestas, obtendrá “muy buenos resultados”. Actualmente el movimiento no cuenta con alcaldes, prefectos ni  concejales electos bajo su bandera. En materia de vivienda, resaltó la tasa de 2,99% del crédito hipotecario Credicasa del BIESS y el programa MitiMiti, con financiamiento cercano al 5% junto a la banca privada. Según Noboa, la tasa hipotecaria promedio bajó de 10,5% a aproximadamente 6,5% desde el inicio de su administración.

El caso Goleada, por lavado de activos contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras 16 personas, registró su tercer cambio de juez en 12 días. Karol Zambrano, nueva jueza, fijó para el 8 de septiembre la audiencia preparatoria de juicio y amplió la nulidad de lo actuado, dejando el contador en cero. La diligencia definirá el futuro judicial del alcalde y los otros procesados. Zambrano detectó que se omitieron los dos últimos días de la audiencia dirigida por el juez suspendido Jairo García, tras la nulidad declarada por Sebastián Cornejo.

Entre los 17 procesados están Álvarez, su madre, esposa, hermanos y primos. Según Fiscalía, desviaron diésel subsidiado a buques internacionales y ocultaron ganancias en empresas fantasma en Panamá. Con esta nueva decisión, el caso Goleada suma otro capítulo más de demoras. Es ya la tercera causa penal del alcalde, preso desde febrero de 2026, con penas de 6 años y 8 meses (Triple A) y 3 años (Grillete). Zambrano avocó conocimiento el 2 de septiembre.

La Fiscalía formuló cargos contra Johana Núñez, prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, por presunto enriquecimiento ilícito y pidió prisión preventiva. La audiencia se realizó el 2 de septiembre de 2026 en Quito, ante una jueza de corrupción. El Ministerio Público expuso declaraciones patrimoniales y una variación de patrimonio durante su gestión. La jueza suspendió la diligencia para deliberar sin decidir aún medidas cautelares; no existe orden de prisión.

La investigación involucra también a Wilmer Rivas, Fabián Rivas y Gabriel Rivas, quienes no fueron procesados por ser candidatos y gozar de inmunidad electoral. La audiencia original del 25 de agosto se aplazó mientras se verificaba su condición ante el CNE. Núñez, prefecta desde 2019 y reelegida en 2023, rechaza las acusaciones calificándolas de «calumnia» y asegura colaborar con la justicia. El proceso se suma a investigaciones previas por peculado en 2021, cuando allanaron el Gobierno Provincial y su domicilio.

Jorge Osorio Guarderas asumió como nuevo director general del Registro Civil del Ecuador, con 20 años de trayectoria en gestión pública y privada. Licenciado en Seguros, conoce de cerca la institución: desde 2024 se desempeñaba como subdirector general, donde estuvo a cargo de la planificación, ejecución y control de los servicios ciudadanos.

Su experiencia abarca dirección estratégica, administración de operaciones a gran escala, gestión de proyectos y coordinación de equipos multidisciplinarios. También ha trabajado en el sector financiero corporativo, consultoría y optimización de procesos, con conocimientos en análisis de rentabilidad, control presupuestario y cumplimiento normativo nacional e internacional. Al asumir la Dirección General, Osorio plantea como prioridad una gestión eficiente, cercana y ágil, así como impulsar la transformación digital de los servicios registrales y de identificación.

La audiencia contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz no pudo reinstalarse por quinta vez este lunes 31 de agosto de 2026. El Tribunal había ordenado a la Policía localizarlo en una clínica de Guayaquil, pero los agentes no recibieron facilidades para conocer su paradero. Bucaram, de 74 años, es QUE SUFRÍAN PRESUNTOS MALTRATOS EN SUPUESTA CLÍNICA EN QUITO procesado por presunta delincuencia organizada en el caso Pruebas Covid19.

Su defensa pidió un nuevo diferimiento argumentando que permanece hospitalizado por un problema cardíaco y que fue operado el 26 de agosto. Ante su ausencia, el Tribunal insistió en que se localice al exmandatario, pero el personal del centro médico impidió a la Policía acceder a esa información. Con esta nueva suspensión, el juicio suma cinco intentos fallidos. La próxima convocatoria quedó fijada para el jueves 3 de septiembre, a las 17:00, cuando se anunciaría la resolución sobre la responsabilidad de los procesados.

La ratificación del CNE que deja fuera a Luisa González de la Prefectura de Manabí encendió las alarmas en la Revolución Ciudadana. La resolución, aprobada con tres votos a favor y dos abstenciones determinó que la candidata no cumplió las normas de democracia interna de Pachakutik, organización que la acogió tras la suspensión de sus casilleros originales. Aunque la dirigencia puede apelar al TCE, expertas coinciden en que buscar cobijo en el brazo político indígena fue una apuesta de alto riesgo que desatendió la rigidez legal de sus estatutos.

La consultora Grace Jiménez lo califica como «un error de arquitectura política»: al entrar a un partido ajeno, quedaron sometidos a sus reglas, incluido el requisito de dos años de membresía activa. Andrea Endara, politóloga, añade que Pachakutik fue «la única opción disponible», pero la menos compatible por su celo estatutario, lo que expuso la fragilidad de la postulación. Con el calendario avanzando, el margen se reduce. Endara señala que Manabí es un bastión personalista y territorial, por lo que se necesitaría un cuadro local fuerte. Jiménez recalca que no pueden abandonar esa prefectura. Sin embargo, Endara descarta una dispersión masiva del voto: el electorado manabita responde a Correa más que al casillero; el riesgo real es la demora del TCE.