Una figura creada para fomentar la autogestión financiera entre vecinos, gremios o comunidades está saliéndose de control. Se trata de las cajas de ahorro y cajas comunales, que son mecanismos tradicionales y legales mediante los cuales grupos con un vínculo común como vecinos, trabajadores o miembros de una comunidad pueden juntar dinero entre sí para ahorrar o prestarse mutuamente. Pero en la práctica, muchas de estas cajas están actuando como verdaderas cooperativas de ahorro y crédito sin serlo: captan dinero de terceros que no son parte del grupo, otorgan préstamos por miles de dólares, se promocionan en redes sociales, tienen sedes llamativas y ofrecen servicios financieros como si fueran bancos o cooperativas formales.
Esta distorsión preocupa a gremios y autoridades. En su momento, Édgar Peñaherrera, gerente de la Red de Integración de Cooperativas (Icored), ya ha advertido que muchas de estas cajas están sobre endeudando a las personas y podrían estar siendo usadas para lavado de dinero. El crecimiento de estas cajas se disparó especialmente desde 2022, cuando decenas de cooperativas pequeñas del segmento 5 (aquellas con activos menores a $1 millón) perdieron su estatus legal por no alcanzar el capital mínimo exigido ($200.000) y debieron convertirse en cajas de ahorro o comunales. Hoy, existen 572 cajas de ahorro y comunales, una cifra que supera a las 398 cooperativas de ahorro y crédito que operan legalmente. El problema es que estas cajas no son supervisadas ni controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Seps). Solo están obligadas a registrar su nombre y operar bajo un sistema de autocontrol.
