Los trabajos de pavimentación y construcción de vías que en 2021 le adjudicó el municipio de Manta a empresas ligadas al narcotraficante Leandro Norero presentan fallas, reveló un informe de Contraloría aprobado el 14 de noviembre de 2024. En menos de dos años de entregadas las obras, algunos tramos viales evidenciaron “desgaste y fisuras prematuras” en el hormigón armado y la carpeta asfáltica utilizado en la conformación de varias calles, concluye un examen especial realizado por la entidad a dos contratos valorados en USD 3.069.848. Se trata de los contratos RCOTO-GADMANTA-01-21 y RLICO-GADMANTA-02-21, firmados el 8 de junio y el 31 de agosto de 2021, respectivamente, durante la gestión del alcalde Agustín Intriago, asesinado en julio del 2023 -meses después del asesinato de Norero en prisión- cuando iniciaba su segundo periodo al frente de la administración municipal. El primer contrato, valorado en USD 451.413 y con un plazo de 120 días, se adjudicó a la empresa Avilmat S.A., la misma firma que también integró el consorcio Mantavial, elegido para el segundo contrato por un monto de USD 2.651.498 y un plazo de 300 días.
En esta firma, Avilmat S.A., el asesinado cabecilla de la organización delictiva de Los Choneros, figuraba como empleado en 2021, pese a que legalmente había sido registrado como fallecido, pues sus familiares registraron su muerte durante la pandemia en Perú, donde Norero había sido requerido por la justicia. Datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) señalaron que Avilmat S.A., dedicada a la construcción de obras civiles y actualmente en etapa de liquidación- le pagó a Norero USD 61.425 en 2021. El contrato de USD 451.413 tenía como fin la “pavimentación, repavimentación, aceras y bordillos en varias calles de las ciudadelas Universitaria y Los Eléctricos, de la parroquia Manta”. Además, “la pavimentación de una calle en el barrio Hugo Mayo, de la parroquia Los Esteros, y repavimentación de la calle principal del barrio Primero de Mayo, de la parroquia Tarqui de la ciudad de Manta”. Mientras que el segundo contrato, por USD 2.651.498, se suscribió para la “construcción de vías en parroquias urbanas del cantón Manta”.
Ambos contratos fueron recibidos “a satisfacción” entre septiembre y noviembre de 2022, según los informes de la municipalidad de Manta. INSPECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORES No obstante, durante la inspección técnica realizada por los fiscalizadores y el equipo de auditoría de la Contraloría, entre el 4 y 5 de julio de 2024, se constataron las fallas viales. “Se evidenció y confirmó que en varios tramos de la calle 9 de Octubre, del barrio Hugo Mayo, existió un desgaste prematuro del pavimento de hormigón armado, a pesar de que transcurrió aproximadamente dos años contados desde el 15 de septiembre de 2022, fecha en que se suscribió el acta de recepción definitiva hasta la constatación física el 4 de julio de 2024”, señala el informe sobre el primer contrato. Mientras que sobre el segundo contrato mencionan que “se observó y evidenció la presencia de agrietamientos longitudinales y transversales a lo largo de la calle 110, en el tramo ubicado entre la avenida 109 y el pasaje transversal”.
Los técnicos agregaron que se constató “desgaste considerable en la capa de rodadura en la calle 112, en el tramo entre las avenidas 111 y 108” La Contraloría realizó mediciones de los tramos afectados y determinó en su informe que se hicieron pagos injustificados por USD 3.102 en el primer contrato y USD 8.876 en el segundo contrato. “La administradora de los contratos y los fiscalizadores no implementaron medidas correctivas respecto al diseño de la vía”, concluyó la entidad auditora. Por su parte, el fiscalizador del primer contrato explicó que “el desgaste prematuro del pavimento rígido es consecuencia del tránsito vehicular pesado, ya que esta vía fue diseñada para vehículos livianos por lo que la resistencia a la compresión debió ser mayor”. No obstante, la Contraloría cuestionó que el fiscalizador “no informó oportunamente que la vía no fue diseñada para el tipo de tráfico vehicular del sector y, en su función de fiscalizador, no adoptó las medidas correctivas para establecer soluciones técnicas”.
