“Es horrible, lo peor que puede pasar en la vida, tener que pedir justicia cuando la misma justicia debería encargarse por sí sola”. Así describe Sara Sabando, madre de Naomi Arcentales, a los dos años, dos meses y 24 días, en los que ha buscado respuestas por la muerte de su hija. El agente fiscal de Manabí, Juan Carlos Izquierdo, quien era la pareja de Naomi, es el principal sospechoso. La madre de Naomi, quien fue hallada muerta en el piso 13 de un departamento en Manta en diciembre de 2021, en la Unidad Judicial Especializada contra la Violencia de la Mujer y la Familia, en el Palacio de Justicia, en Manabí. Ocurrió el 29 de febrero, día en que se reinstaló la audiencia de juicio contra Izquierdo por presunta violencia psicológica contra Naomi, en la que se presentaron 10 testigos.
Y tras varias horas, la diligencia fue suspendida y está prevista que se reinstale este 15 de marzo de 2024, con la presentación de otros nueve testigos. Sara describe que los 817 días sin Naomi, quien habría cumplido 25 años, han sido una lucha constante y dolorosa. “Estamos nadando contra la corriente, porque el agresor, presunto femicida, es un fiscal que continúa laborando en su cargo como si nada”, explica. Luigi García, abogado de la familia de Naomi Arcentales, dijo que buscan que el caso no quede en la impunidad. Además quieren “dejar un precedente para que esto no se vuelva a repetir y para que las mujeres también hagan conciencia de que hay que denunciar, no hay que esperar que la violencia psicológica se transforme en violencia física y femicidio”. “Hay un sinnúmero de casos, no solo es el de Naomi Arcentales. A este hombre (Izquierdo) le dieron un regalazo con un juicio por violencia psicológica, cuando la realidad es otra”, dice la madre de Naomi.
Y no descarta ir a instancias internacionales, porque “mi hija merece justicia, como todas las niñas que han sido asesinadas, aunque sé que no vamos a recuperar a nuestras hijas”. El 22 de enero de 2024, una jueza de Manabí resolvió llamar a juicio a Izquierdo, por su presunta responsabilidad en el delito de violencia psicológica perpetrado contra Naomi Arcentales. Y por el cual al procesado se le dictó presentaciones semanales y prohibición de salida del país. Tampoco podrá “enajenar bienes muebles e inmuebles hasta por USD 20.000”. Además se ordenaron medidas de protección para los padres de Naomi. Desde esa fecha, se han realizado una serie de diligencias y, según García, en total se van a presentar 34 testigos. “Se están evaluando todas las diligencias propias por la naturaleza del tipo penal y lo que en realidad exige la Fiscalía General del Estado.
Pero la familia de Naomi quiere que exista la sanción y que se le imponga la máxima pena”, aseguró la defensa de la familia de Naomi. En el artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal está tipificado el delito de violencia psicológica, cuya sanción va de seis meses a tres años de pena privativa de libertad. A raíz de la muerte de la joven, oriunda de Pedernales, salió a la escena pública un video de una cámara de seguridad del lugar donde vivía en Manta, que registra el momento cuando el fiscal Izquierdo le propina una cachetada en el mostrador de la entrada del edificio. La madre de Naomi aseguró que, a pesar de este tipo de evidencias, el fiscal “continúa en sus funciones. Lamentablemente tenemos en funciones a un fiscal que ha sido maltratador. A mí no me queda duda de que a mi hija me la mataron”, sostiene.
