Con su usual histrionismo y locuacidad, Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, intenta refutar los argumentos con los cuales Fiscalía lo acusó del delito de obstrucción a la justicia dentro del caso Independencia Judicial. La audiencia preparatoria de juicio se reinstaló pasadas las 14:00 de este sábado 20 de julio, en la Corte Nacional de Justicia, bajo la dirección del juez Julio Inga. Terán fue el primero en tomar la palabra y habló durante 40 minutos. En un inicio pidió una demora de 30 minutos porque dijo que no tenía lentes, pero no se dio paso a su requerimiento.

“Por dios, por favor, no quiero incidentar la audiencia”, aseguraba. En la víspera, Fiscalía emitió su dictamen acusatorio y señaló de autores directos del delito de obstrucción a la justicia a Terán y Maribel Barreno, exvocal de la Judicatura. Mientras que acusó de cómplices a los procesados Milton Altamirano, Jéssica Chicaiza, Santiago Cifuentes, Santiago Cueva, Carlos Garaví, Milton Herrera, Andrés Jácome, Katherin Luna y Olga Vivanco. Son 11 en total los procesados. El otro imputado fue Xavier Muñoz, exvocal de la Judicatura, pero él aceptó su culpabilidad e incluso fue cooperador eficaz para recibir así una condena de nueve meses de cárcel. La sanción por obstrucción a la justicia es de nueve años de cárcel.

El asambleísta del correísmo, Lenin Barreto, presentó el 18 de julio un proyecto de ley para que la censura por un juicio político pase de dos a cinco años. Cuando el Pleno de la Asamblea resuelve censurar a un funcionario, este es destituido y no puede ejercer un cargo público por dos años. La iniciativa busca que el plazo se amplíe a cinco. Y cuando el interpelado ya no se encuentra en el ejercicio de su cargo, que la sanción consista en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público, también durante cinco años posteriores a la Resolución de censura adoptada por la Asamblea Nacional.

COMPARECENCIAS BAJO JURAMENTO Asimismo, recomienda que las comparecencias tanto de los funcionarios cuestionados, como de los ciudadanos que sean convocados para rendir su testimonio dentro de un proceso político, se desarrollen bajo juramento. A su criterio, en muchas de las comparecencias de funcionarios y testigos se presenta información basada en falacias. “Por ello, es necesario que dichas intervenciones se cumplan bajo juramento, de manera que cualquier declaración falsa sea sancionada conforme a las leyes vigentes aplicadas a la figura del perjurio”, indicó un comunicado de la Asamblea. El proyecto de ley se llama Ley Orgánica de la Función Legislativa para el Fortalecimiento de los Juicios Políticos.

La fiscal general Diana Salazar aseguró que la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gissela Garzón, sí obtuvo información privada de su embarazo tras un pedido de seguimiento de su juicio político al Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea. “Di a conocer un seguimiento a mi diagnóstico, que únicamente fue presentado ante el CAL. Sin embargo, después de la petición que realizó la asambleísta y en la que es invitada al CAL, ella tiene acceso a mi historia clínica”, dijo.

Además, señaló que dicha información luego fue ventilada en redes sociales por el expresidente Rafael Correa para “hacer mofa” de su estado de salud e incluso para insinuar que no está embarazada, contó en una entrevista con el medio digital Visionarias, este viernes 19 de julio. También aseguró que Correa hizo un post “en el que amenaza a mi médico indicando que puede ser objeto de sanción por el otorgamiento de certificados médicos falsos”. Salazar contradice a Garzón La legisladora Gissela Garzón, por su parte, ha sostenido que ella nunca ha pedido información del estado de gestación de la Fiscal, solo, dijo, solicitó un seguimiento al proceso de juicio político, que se encuentra suspendido, para no perder su rol de fiscalizadores.

Resaltó que no ha recibido información privada de Salazar. En cambio, Salazar dice que Garzón “miente, como están acostumbrados en la organización a la que pertenece la asambleísta” y por eso se procedió con una denuncia por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida. Este medio contactó a Gissela Garzón a las 08:56, vía mensaje de WhatsApp, para buscar una reacción, pero hasta la publicación de esta nota aún no ha respondido.

Pedro Merizalde, exgerente de la Refinería del Pacífico y exministro de Hidrocarburos en el correísmo, fue llamado a juicio por su presunta participación en un delito de lavado de activos. También fueron convocados su esposa, Zoe T. y la compañía Horgan Investment Inc, con base en 183 elementos de convicción, con los que Fiscalía sustentó su dictamen acusatorio. El monto del presunto lavado de activos es de aproximadamente USD 1 millón, que el exgerente de la Refinería del Pacífico habría recibido por parte de contratistas, por medio de transferencias en cuentas del extranjero, a través de terceras personas.

Pedro M. habría ingresado parte de este dinero al sistema financiero nacional, en 2017, efectivizándolo (mediante una serie de actos y contratos), ocultándolo, encubriéndolo, y por último, desapareciendo el verdadero origen ilícito del mismo. Merizalde ocupó el cargo de gerente general de la Refinería desde 13 de julio de 2011 hasta el 30 de abril de 2013, en cuya gestión se firmó un contrato con la empresa #Odebrecht para la ejecución de trabajos de preparación del área de implementación del proyecto Refinería del Pacífico, trabajos complementarios y dos órdenes más por un monto total de USD 293 990 004.

Así ocurrió el tramado de lavado de dinero, según la Fiscalía En su administración también se celebró un contrato con WorleyParsons International Inc., por un monto de USD 205 747 722. Mientras Pedro Merizalde ejerció la gerencia, a través del estudio Mossack Fonseca, constituyó en Panamá la compañía Horgan Investment Inc., de la cual es único socio y beneficiario final. A nombre de dicha compañía, abrió una cuenta en Suiza, en la que recibió transferencias por USD 812.182,81 dólares de parte de Columbia Managment Inc., Klienfield Services Ltd. y Sentinel Mandate and Scrom Ltd., que forman parte del departamento de operaciones de Odebrecht.