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El Pleno de la Asamblea decidió continuar con el juicio político en contra Wilman Terán y Maribel Barreno, con 88 votos a favor.
El presidente y candidato a la reelección enfrenta una economía estancada, con consumo e inversión a la baja. Eso se siente en los bolsillos y en la calidad de vida de las familias. A pesar de que Daniel Noboa tiene una aprobación del 52%, solo el 32% de los encuestados por Comunicaliza votarían por él en las próximas elecciones.
En una entrevista para Radio Sucre, el presidente Daniel Noboa afirma que tiene una aprobación del 55% y en las próximas elecciones de 2025 es «el candidato a batir», según «5 encuestadoras».
El juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, negó la tarde de este sábado 6 de julio la revisión de la prisión preventiva al exasambleísta socialcristiano, Pablo Muentes, quien está procesado por presunta delincuencia organizada dentro del caso Purga. La audiencia de revisión de medidas había empezado el 3 de julio y este sábado el magistrado anunció su veredicto. Con esto, Muentes seguirá recluido en la cárcel La Roca de Guayaquil. El juez de la Cadena concluyó que no hubo elementos nuevos a considerar para que se revise la prisión preventiva a Pablo Muentes.
La defensa del exasambleísta había expuesto que su cliente ha perdido 60 libras, ha tenido pensamientos suicidas y tiene riesgo de infarto. Asimismo, indicó que hay nuevas versiones a su favor y que la exrelacionista pública de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Mayra Salazar, procesada también en Metástasis, mintió en su testimonio anticipado. En este contexto, el juez de la Cadena dio 72 horas a los directores de la cárcel La Roca para que cumplan con el acceso a salud, medicación y tratamientos a Pablo Muentes. El centro penitenciario debe informar al magistrado sobre la disposición. Para otros tres procesados, Henry T., Esteban Ch. y Ruth S., también se negó la revisión de la prisión preventiva. Mientras que para el exjuez Nelson Ponce Murillo se le girará una boleta de excarcelación para que se defienda en libertad. Se le dispuso presentaciones periódicas (una vez por semana) y la prohibición de salida del país.
En una acción decisiva para garantizar la seguridad de la ciudadanía, las Fuerzas Armadas de Ecuador han desplegado tropas en toda la provincia de Manabí. Esta operación, que comenzó en la madrugada del 5 de julio, tiene como objetivo principal el control de armas, municiones y explosivos, así como la neutralización de actividades delictivas en los sectores más conflictivos. El despliegue militar incluye el uso de vehículos mecanizados y equipos tácticos de combate, proporcionando un apoyo robusto a las fuerzas del orden locales.
Los operativos se concentran en áreas identificadas como puntos críticos de violencia y delincuencia, donde se ha registrado un incremento en los índices delictivos en los últimos meses. Hasta el momento, se ha reportado la incautación de varias armas de fuego, municiones y explosivos en diferentes puntos de la provincia. Además, se ha procedido a la detención de individuos vinculados a actividades ilícitas, quienes serán puestos a disposición de las autoridades competentes.
La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional empezó este viernes 5 de julio a abordar un proyecto de ley impulsado por dos legisladores del correísmo, Ricardo Ulcuango y Esther Cuesta, para que se prohíba el arbitraje internacional en Ecuador. Dicha iniciativa surge tras los resultados de la última consulta popular y referéndum 2024 en la que el Gobierno de Daniel Noboa preguntó a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no en permitir el arbitraje internacional en el país. Los votantes negaron la aprobación de esta pregunta.
Con este antecedente, los proponentes manifestaron que, “es necesario armonizar la normativa nacional con el abrumador consenso, de más del 65 % de los votantes, según el CNE, en rechazo a este mecanismo que genera daños irreparables para el medio ambiente y nefastas consecuencias económicas para el Ecuador”. Para el análisis de este tema, la Comisión convocó a dos abogados: Julio Prieto y Pablo Fajardo, quien fue el jurista en contra del caso Chevron. Ambos coincidieron en el que arbitraje internacional puede perjudicar al país.
La Corte Constitucional (CC) podría dejar sin los beneficios del contrato colectivo a más de 3 000 funcionarios de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). La CC analiza un fallo judicial de hace dos años, que incluyó a ese grupo de trabajadores en el contrato por considerar que sus derechos eran vulnerados al no recibir los mismos beneficios que el resto de empleados. El 4 de marzo de 2022, el sindicato de la empresa estatal presentó una acción de protección contra CNT por considerar que su derecho al trabajo, la igualdad y la no discriminación eran vulnerados, pues solo se incluía a los empleados contratados bajo el Código de Trabajo.
Dos semanas después, el magistrado Luis Tuquerres, de la Unidad Judicial Multicompetente de Rocafuerte, en Manabí, falló a favor del sindicato. Incluso dispuso el pago retroactivo de los beneficios que otorga el contrato colectivo, desde 2009. CNT apeló el fallo, pero la sentencia fue ratificada el 29 de junio del mismo año por la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Esa decisión llamó la atención de la CC. En marzo de 2023, el organismo seleccionó este caso para analizarlo, considerando que cumple con el parámetro de gravedad.
Los jueces aceptaron la acción de protección y ordenaron una medida que, al parecer, no tenía como fin reparar la vulneración de un derecho constitucional, sino declarar el derecho a la contratación colectiva, lo que podría constituir una desnaturalización de la acción de protección. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, ya compareció ante la Corte. CNT, de su lado, le pidió al organismo que declare error inexcusable a los jueces que intervinieron. Si la CC acepta el pedido, el Consejo de la Judicatura deberá abrir un sumario administrativo que desencadenaría en la destitución de los magistrados de las instancias anteriores.
Este viernes 05 de julio, el subsecretario de Articulación Política del Ministerio de Gobierno, Francisco Dávalos, al ser consultado sobre la polémica deportación de la activista y periodista Alondra Santiago, el funcionario indicó que esta tiene su fundamentos en temas de seguridad nacional y no habría estado relacionado con el irrespeto al himno nacional. Este día, se dio inició a la audiencia para revisar la acción de protección solicitada por Alondra Santiago, quien señala que el Ministerio de Relacciones Exteriores y Movilidad Humana habría violado su derecho a la defensa al ordenar la revocatoria de su vida, sin notificarla del procedimiento de revisión de su estatus migratorio.
Dávalos explicó en su intervención en NotiMundo que «la deportación de la periodista Alondra Santiago, tiene un contexto que no es solo porque cantó o se refirió mal sobre los símbolos patrios, hay un tema de una investigación que hay por detrás». Recalcó que la investigación en contra de Alondra Santiago todavía se mantiene bajo reserva, «es un tema que lo está manejando el Ministerio del Interior. Hay una investigación por detrás el presidente no actúa con las vísceras, es un tema bastante calculador en esto, pero no es el caso». Dávalos no dio mayores detalles sobre los temas de seguridad nacional que estarían relacionados con la investigación a Alondra Santiago.
En horas del mediodía, la jueza Sandra Yanchatipán suspendió la audiencia que revisa la acción de protección presentada por la activista Alondra Santiago en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, por la revocatoria de la visa de residencia. La audiencia fue suspendida por la juez para garantizar el derecho a la contradicción de la parte accionante, debido a que el Viceministerio de Movilidad Humana, presentó documentos físicos que deberán ser cargados al sistema para que los abogados de Santiago puedan revisarlos y presentar su objeción al respecto.
La Procuraduría General del Estado presentó este 3 de julio de 2024, la segunda acusación particular -en representación del Estado ecuatoriano- en contra de 9 procesados por delito de delincuencia organizada en el caso Purga.
El abogado Ricardo Noboa, y su hijo, Esteban Noboa han resultado salpicados tras la difusión de una grabación donde las víncula en un presunto pacto entre Mayra Salazar, una de las 52 procesadas en el caso Metástasis, y el equipo jurídico que representa a la institución financiera.
El Pleno de la Asamblea decidió continuar con el juicio político en contra Wilman Terán y Maribel Barreno, con 88 votos a favor.
El presidente y candidato a la reelección enfrenta una economía estancada, con consumo e inversión a la baja. Eso se siente en los bolsillos y en la calidad de vida de las familias. A pesar de que Daniel Noboa tiene una aprobación del 52%, solo el 32% de los encuestados por Comunicaliza votarían por él en las próximas elecciones.
En una entrevista para Radio Sucre, el presidente Daniel Noboa afirma que tiene una aprobación del 55% y en las próximas elecciones de 2025 es «el candidato a batir», según «5 encuestadoras».
El juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, negó la tarde de este sábado 6 de julio la revisión de la prisión preventiva al exasambleísta socialcristiano, Pablo Muentes, quien está procesado por presunta delincuencia organizada dentro del caso Purga. La audiencia de revisión de medidas había empezado el 3 de julio y este sábado el magistrado anunció su veredicto. Con esto, Muentes seguirá recluido en la cárcel La Roca de Guayaquil. El juez de la Cadena concluyó que no hubo elementos nuevos a considerar para que se revise la prisión preventiva a Pablo Muentes.
La defensa del exasambleísta había expuesto que su cliente ha perdido 60 libras, ha tenido pensamientos suicidas y tiene riesgo de infarto. Asimismo, indicó que hay nuevas versiones a su favor y que la exrelacionista pública de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Mayra Salazar, procesada también en Metástasis, mintió en su testimonio anticipado. En este contexto, el juez de la Cadena dio 72 horas a los directores de la cárcel La Roca para que cumplan con el acceso a salud, medicación y tratamientos a Pablo Muentes. El centro penitenciario debe informar al magistrado sobre la disposición. Para otros tres procesados, Henry T., Esteban Ch. y Ruth S., también se negó la revisión de la prisión preventiva. Mientras que para el exjuez Nelson Ponce Murillo se le girará una boleta de excarcelación para que se defienda en libertad. Se le dispuso presentaciones periódicas (una vez por semana) y la prohibición de salida del país.
En una acción decisiva para garantizar la seguridad de la ciudadanía, las Fuerzas Armadas de Ecuador han desplegado tropas en toda la provincia de Manabí. Esta operación, que comenzó en la madrugada del 5 de julio, tiene como objetivo principal el control de armas, municiones y explosivos, así como la neutralización de actividades delictivas en los sectores más conflictivos. El despliegue militar incluye el uso de vehículos mecanizados y equipos tácticos de combate, proporcionando un apoyo robusto a las fuerzas del orden locales.
Los operativos se concentran en áreas identificadas como puntos críticos de violencia y delincuencia, donde se ha registrado un incremento en los índices delictivos en los últimos meses. Hasta el momento, se ha reportado la incautación de varias armas de fuego, municiones y explosivos en diferentes puntos de la provincia. Además, se ha procedido a la detención de individuos vinculados a actividades ilícitas, quienes serán puestos a disposición de las autoridades competentes.
La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional empezó este viernes 5 de julio a abordar un proyecto de ley impulsado por dos legisladores del correísmo, Ricardo Ulcuango y Esther Cuesta, para que se prohíba el arbitraje internacional en Ecuador. Dicha iniciativa surge tras los resultados de la última consulta popular y referéndum 2024 en la que el Gobierno de Daniel Noboa preguntó a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no en permitir el arbitraje internacional en el país. Los votantes negaron la aprobación de esta pregunta.
Con este antecedente, los proponentes manifestaron que, “es necesario armonizar la normativa nacional con el abrumador consenso, de más del 65 % de los votantes, según el CNE, en rechazo a este mecanismo que genera daños irreparables para el medio ambiente y nefastas consecuencias económicas para el Ecuador”. Para el análisis de este tema, la Comisión convocó a dos abogados: Julio Prieto y Pablo Fajardo, quien fue el jurista en contra del caso Chevron. Ambos coincidieron en el que arbitraje internacional puede perjudicar al país.
La Corte Constitucional (CC) podría dejar sin los beneficios del contrato colectivo a más de 3 000 funcionarios de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). La CC analiza un fallo judicial de hace dos años, que incluyó a ese grupo de trabajadores en el contrato por considerar que sus derechos eran vulnerados al no recibir los mismos beneficios que el resto de empleados. El 4 de marzo de 2022, el sindicato de la empresa estatal presentó una acción de protección contra CNT por considerar que su derecho al trabajo, la igualdad y la no discriminación eran vulnerados, pues solo se incluía a los empleados contratados bajo el Código de Trabajo.
Dos semanas después, el magistrado Luis Tuquerres, de la Unidad Judicial Multicompetente de Rocafuerte, en Manabí, falló a favor del sindicato. Incluso dispuso el pago retroactivo de los beneficios que otorga el contrato colectivo, desde 2009. CNT apeló el fallo, pero la sentencia fue ratificada el 29 de junio del mismo año por la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Esa decisión llamó la atención de la CC. En marzo de 2023, el organismo seleccionó este caso para analizarlo, considerando que cumple con el parámetro de gravedad.
Los jueces aceptaron la acción de protección y ordenaron una medida que, al parecer, no tenía como fin reparar la vulneración de un derecho constitucional, sino declarar el derecho a la contratación colectiva, lo que podría constituir una desnaturalización de la acción de protección. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, ya compareció ante la Corte. CNT, de su lado, le pidió al organismo que declare error inexcusable a los jueces que intervinieron. Si la CC acepta el pedido, el Consejo de la Judicatura deberá abrir un sumario administrativo que desencadenaría en la destitución de los magistrados de las instancias anteriores.
Este viernes 05 de julio, el subsecretario de Articulación Política del Ministerio de Gobierno, Francisco Dávalos, al ser consultado sobre la polémica deportación de la activista y periodista Alondra Santiago, el funcionario indicó que esta tiene su fundamentos en temas de seguridad nacional y no habría estado relacionado con el irrespeto al himno nacional. Este día, se dio inició a la audiencia para revisar la acción de protección solicitada por Alondra Santiago, quien señala que el Ministerio de Relacciones Exteriores y Movilidad Humana habría violado su derecho a la defensa al ordenar la revocatoria de su vida, sin notificarla del procedimiento de revisión de su estatus migratorio.
Dávalos explicó en su intervención en NotiMundo que «la deportación de la periodista Alondra Santiago, tiene un contexto que no es solo porque cantó o se refirió mal sobre los símbolos patrios, hay un tema de una investigación que hay por detrás». Recalcó que la investigación en contra de Alondra Santiago todavía se mantiene bajo reserva, «es un tema que lo está manejando el Ministerio del Interior. Hay una investigación por detrás el presidente no actúa con las vísceras, es un tema bastante calculador en esto, pero no es el caso». Dávalos no dio mayores detalles sobre los temas de seguridad nacional que estarían relacionados con la investigación a Alondra Santiago.
En horas del mediodía, la jueza Sandra Yanchatipán suspendió la audiencia que revisa la acción de protección presentada por la activista Alondra Santiago en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, por la revocatoria de la visa de residencia. La audiencia fue suspendida por la juez para garantizar el derecho a la contradicción de la parte accionante, debido a que el Viceministerio de Movilidad Humana, presentó documentos físicos que deberán ser cargados al sistema para que los abogados de Santiago puedan revisarlos y presentar su objeción al respecto.
La Procuraduría General del Estado presentó este 3 de julio de 2024, la segunda acusación particular -en representación del Estado ecuatoriano- en contra de 9 procesados por delito de delincuencia organizada en el caso Purga.
El abogado Ricardo Noboa, y su hijo, Esteban Noboa han resultado salpicados tras la difusión de una grabación donde las víncula en un presunto pacto entre Mayra Salazar, una de las 52 procesadas en el caso Metástasis, y el equipo jurídico que representa a la institución financiera.
