A las 20:00 de este sábado 27 de enero de 2024 se reunió el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) y decidió cancelar al movimiento Movimiento Verde Ético Revolucionario y Democrático (Mover), que en años anteriores se lo conocía como Alianza País y era dirigido por el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Ahora, esa tienda será borrada de los registros y no será considerada como una agrupación política. La aparición de Alianza País fue en 2006 cuando Correa triunfó en los comicios para la Presidencia de la República frente a Álvaro Noboa. Por más de 10 años se mantuvo como la organización política más grande del país hasta que se dio la ruptura por el distanciamiento de Lenín Moreno Garcés.

Este 27 de enero de 2024, durante el primer debate de la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, aseguró que el Gobierno de Daniel Noboa está dispuesto a flexibilizar aún más la subida del IVA. La propuesta original apuntaba a una subida permanente del 12% al 15%. En el informe para primer debate se aprobó un fórmula mixta de 13% de manera permanente y 15% por tres años. Sin embargo, Centeno dijo que se podría aceptar un 13% permanente y un 14% por un año; de la mano de otras medidas como un impuesto sobre las supuestas utilidades extraordinarias de la banca, otro sobre las utilidades de las grandes empresas y una subida del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) hasta al menos el 5%. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, y miembro del bloque ofcialista ADN, recordó que se necesitan entre $1.500 millones y $2.000 millones para costear la guerra contra el crimen organizado, entre equipamiento y otros requerimientos «Una reforma tributaria por supuesto que es impopular, pero debemos dejar el cálculo político.

El Consejo de la Judicatura elevó a consulta a la Procuraduría General del Estado la situación del aún vocal Xavier Muñoz. Él recibió prisión preventiva y permanece en la cárcel 4 de Quito por su vinculación al caso Independencia de la Justicia. En un comunicado emitido este 26 de enero de 2024, la Judicatura señala: “Se realizó una consulta a dicha institución (Procuraduría) sobre la competencia para regular normativamente la ausencia temporal en el cargo de los vocales del Consejo de la Judicatura”.

Sin embargo, la entidad no quiere únicamente un pronunciamiento sobre qué hacer ante la ausencia; sino también qué procede en cuanto a la suspensión de la remuneración y beneficios de ley, además de determinar qué entidad debería emitir el acto administrativo pertinente. De acuerdo con el Consejo, “no existe una norma específica” para este tema. También señaló en su escrito que se busca que “la decisión respecto de la conformación del Pleno de la Judicatura con uno de sus vocales o su suplente”.

La noche del 25 de enero de 2024, la Asamblea Nacional resolvió censurar al exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Eso implica que el dirigente de Creo no podrá desempeñar actividad pública en los próximos dos años. Es decir, se le complicaría participar en las elecciones de 2025, para elegir al binomio presidencial y a asambleístas. Sin embargo, Bernal está confiado en que en instancias internacionales se podrá revertir la decisión del Parlamento. Asegura que no tuvo un proceso justo, no se garantizó un juicio imparcial y que las causales que se argumentaron son parte de las funciones actuales del Ministerio, que están normadas. Bernal no aclara a qué cargo de elección popular postulará, pero explica que si lo hace tendría que presentarse luego de los primeros siete meses, cuando se cumplan los dos años de censura.

Más de $2 mil millones que forman parte de la cooperación internacional que ha recibido Ecuador y que no fueron ejecutados por los gobiernos anteriores fueron encontrados luego de una revisión que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, informó su titular, Gabriela Sommerfeld, durante un conversatorio con medios nacionales e internacionales. La canciller explicó que dichos recursos han sido aprobados por organismos multilaterales y bilaterales, o forman parte de los convenios que ha firmado la nación para desarrollar soluciones en temas sociales, pero que están sin ser ejecutados por el país.