Una comisión de la Asamblea Nacional busca dejar sin efecto el acuerdo que el Gobierno Nacional cerró con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en mayo pasado, y del cual Ecuador ya ha recibido 1 000 millones de dólares.
La mesa de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social aprobó un informe que hace nueve recomendaciones al pleno del Parlamento, entre ellas: – Activar mecanismos para demandar la inconstitucionalidad del acuerdo firmado por Ecuador con el FMI. – Declarar la ilegitimidad de la deuda. – Solicitar al Gobierno Nacional que se abstenga de pagarla o de requerir los desembolsos derivados de este crédito. – Iniciar un juicio político contra el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. En síntesis, no cumplir con los acuerdos y no pagar el crédito, que es de USD 4 000 millones en total y que se desembolsarán hasta el 2028.
Para que el documento sea aprobado se necesitan 70 votos. Hasta ahora, la Revolución Ciudadana (RC) y Pachakutik han mostrado su apoyo. Entre ambas organizaciones políticas existirían 54 votos. Según Franklin Samaniego, de la RC, con este acuerdo “se está comprometiendo la soberanía del Estado”. Aun si el informe tuviera el respaldo de la mayoría de los legisladores, su validez jurídica sería nula. En 2019, la Corte Constitucional (CC) respondió a un pedido similar y dijo que el acuerdo no puede ser impugnado. De acuerdo a Francisco Rivadeneira, quien fue representante de Ecuador ante el FMI, los intentos de la Asamblea exponen al país como “un mal pagador” y eso “daña la imagen” de la nación.
El actual director del Comité Empresarial Ecuatoriano recuerda que este tipo de posturas trae consecuencias y los mercados internacionales también las evalúan. Lo que muestra la relación entre Ecuador y el FMI es que la máquina defectuosa que es la economía del país no es un invento. Está continuamente en ese estado porque hay decisiones políticas populistas que no toman en cuenta las leyes económicas ni el entorno internacional.