Los ecuatorianos residentes en Venezuela no podrán sufragar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2025. El Consejo Nacional Electoral tomó la decisión esta sábado 12 de abril, un día antes de los comicios. Según la entidad, la suspensión de la jornada electoral se debe a problemas logísticos. Los consejeros Diana Atamaint, Enrique Pita y José Cabrera votaron a favor de que no se realicen los comicios en este país. Lo hicieron tras la lectura del informe técnico que presentó la Dirección de Procesos Electorales en el Exterior.

Según Enrique Pita, «la movilización de recursos económicos que debía llevar un funcionario del CNE se vio limitada por aspectos de frecuencia aéreas». El material electoral ya estaba en territorio venezolano y se tenía previsto que solo se abriera un recinto electoral en ese país, específicamente en Caracas. Sin embargo, no se completó la diligencia. A través de un comunicado, el movimiento Revolución Ciudadana rechazó esta medida de última hora y señaló un “robo a la democracia”. “Denunciamos con profunda indignación el intento del gobierno de Daniel Noboa por restringir el derecho al voto de los ecuatorianos residentes en Venezuela”, resalta el comunicado del movimiento.

En el Decreto Ejecutivo 595, con fecha de este viernes 11 de abril de 2025, se realizó la reforma al Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Se trata del artículo relacionado con los contratos financiados con préstamos y cooperación internacional. En el articulado consta que el financiamiento internacional sea total o parcial dependiendo de las condiciones del convenio. Puntualmente, en el decreto se especificó sobre el financiamiento parcial de organismos internacionales el cual deberá alcanzar “al menos el 51% del valor total del contrato; y siempre que los recursos que financie el organismo internacional estén destinados directamente al contrato que se instrumente con el proveedor de la obra, bien, servicio o consultoría”.

Además se menciona que el incumplimiento de lo señalado se considerará como una evasión a los procedimientos. Según el Gobierno, este cambio se realizó con el objetivo de garantizar la transparencia en la administración de los recursos del Estado, en especial, aquellos procesos de compras públicas. El Servicio de Contratación Pública tendrá 15 días para actuar el Subsistema Nacional de Control y remitir a Contraloría General del Estado “los procedimiento que se hayan realizado con la intervención de un intermediario, por efecto de la suscripción de un convenio, para la correspondiente acción de control y determine, en caso de haberlas, las responsabilidades que correspondan”.