El oficialismo acusó este miércoles de falta de celeridad a la comisión de la Asamblea encargada de revisar la propuesta del presidente, Daniel Noboa, para reformar la Constitución y permitir nuevamente el eventual establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. La asambleísta Nataly Morillo, de Acción Democrática Nacional (ADN), compareció ante los medios para instar a la presidenta de la comisión, la correísta Gissela Garzón, a agilizar el proceso con el fin de ahorrar, según apuntó la asambleísta, unos USD 60 millones a los ecuatorianos. Morillo explicó que el objetivo es que el referéndum de la propuesta de reforma de la Constitución planteada por Noboa se pueda llevar a cabo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025, prevista para abril, y evitar así una nueva convocatoria de los ecuatorianos a las urnas en una fecha distinta para celebrar el plebiscito de esta cuestión. Demoras en el tratamiento El pasado 3 de noviembre se realizó la primera sesión de la comisión para poder iniciar el proceso y se eligió a las autoridades que lideran este grupo.

Quince días después, este 20 de noviembre, se convocó de nuevo a los integrantes para poder abocar conocimiento al cronograma establecido. “La presidenta de esta comisión dijo que íbamos a reunir a las mesas técnicas para el día de hoy volver a sesionar y poder aprobar el cronograma, lamentablemente ayer se reunieron los equipos de cada despacho, pero hoy no hemos tenido ninguna convocatoria”, dijo Morillo. La legisladora denunció que “la presidenta de esta comisión, lo que está tratando es de dilatar este proceso para que precisamente no se pueda realizar el referéndum en la segunda vuelta electoral”. Asimismo, insistió que “el tema aquí es la voluntad política” y “si realmente existe voluntad política para tratar, como dicen todas las organizaciones políticas, este tema de interés para el país que tanto necesitan nuestras Fuerzas Armadas en este momento y nuestra Policía Nacional para poder combatir al crimen organizado

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó este miércoles 20 de noviembre que Walter Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas, ha sido liberado luego de que Interpol lo capturara en horas de la mañana, en cumplimiento de una solicitud de Ecuador, donde es investigado por su presunta participación en el desvío de $367 millones recaudados durante el gobierno de Rafael Correa para la reconstrucción de Manabí, una de las provincias más afectadas por el terremoto de 2016. La cancillería mexicana añadió que Solís, quien además ha sido condenado en casos como Sobornos y Senagua, conserva su estatus de refugiado, otorgado bajo la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Este estatus le permite recibir protección y residir legalmente en México, precisó la entidad diplomática.

Según la Cancillería mexicana, Solís también está protegido por el principio de “no devolución” a su país de origen, establecido en la Convención del Estatuto sobre Refugiados, de la cual México es signatario. Esto significaría que Solís no puede ser enviado de vuelta a Ecuador, a pesar de las solicitudes de extradición y las acusaciones en su contra. La entidad también precisó que, durante el proceso legal que involucra a Solís, tras la solicitud formal realizada por Ecuador a México, él ha contado con el acompañamiento de la Consultoría Jurídica de la Cancillería “para garantizar su seguridad y la protección legal a la que tiene derecho”.

El movimiento SUMA 23 tuvo que mover sus fichas para ajustar de última hora su binomio presidencial de cara a las elecciones 2025. Ahora estará conformado por Wilson Enrique Gómez e Inés Díaz Chirán, quienes fueron presentados la tarde de este lunes 18 de noviembre en el Consejo Nacional Electoral (CNE), norte de Quito. Enrique Gómez es psicólogo clínico por la Universidad de Guayaquil. En su experiencia laboral consta que fue Coordinador Zonal 5 & 8 (Samborondón) del ECU 911 entre julio 2020 y julio 2021.

Además de Gerente Nacional de Interconexión y Regulación General Técnico en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, entre septiembre 2021 y diciembre 2023. Inés del Rocío Díaz Chirán es comunicadora, activista social y cultural. El Consejo de Protección de Derechos de Quito destacó su labor como promotora de derechos colectivos y gestora e investigadora cultural. Ellos llegaron acompañados de Guillermo Celi, presidente de SUMA, Pedro José Freile, candidato a asambleísta y el mismo Jan Topic.