El Consejo de Administración Legislativa (CAL) negó una solicitud presentada por el asambleísta Santiago D. A. para solicitar una licencia sin remuneración, mientras la Fiscalía General del Estado sigue una investigación en su contra por presunta violación a una menor de edad. La petición, presentada por Díaz, contemplaba un periodo de ausencia de 31 días, desde el 8 de julio hasta el 8 de agosto, con el objetivo según argumentó de preparar su defensa legal ante el proceso penal que enfrenta.

El legislador ha insistido en su inocencia. Sin embargo, el CAL, órgano encargado de tramitar este tipo de solicitudes en la Asamblea Nacional, decidió rechazar el pedido de forma unánime. En un comunicado oficial, se explicó que la solicitud fue presentada incorrectamente, ya que se dirigió al presidente del Legislativo, Niels Olsen, en lugar del CAL, lo que contraviene lo establecido en los artículos 12 y 114 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que regula el régimen de permisos superiores a 30 días

Bella Jiménez, exasambleísta de la Izquierda Democrática, fue sentenciada a un año de prisión por el delito de concusión, tras admitir que cobraba dinero a cambio de entregar cargos públicos mientras ejercía funciones en la Asamblea Nacional. El fallo también contempla una multa económica, la obligación de ofrecer disculpas públicas y el cumplimiento de medidas de reparación integral.

La exlegisladora fue una de las primeras expulsadas de su bancada por estas prácticas ilegales, y su caso se convirtió en símbolo del uso de la función pública para enriquecimiento personal. Con esta sentencia, la justicia reconoce que la venta de cargos no solo fue real, sino parte de una estructura que afecta la ética institucional. La ciudadanía sigue exigiendo que todos los implicados en estos esquemas de corrupción también enfrenten consecuencias.

El pleno de la Asamblea Nacional instaló la sesión No.016 este martes 8 de julio. Lo hizo para conocer un oficio remitido por la secretaria general del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) relacionado con la terna que corresponde a la Función Legislativa para designar a su vocal del Consejo de la Judicatura. El bloque legislativo, liderado por la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), se impuso con una nueva terna para el Consejo de la Judicatura, institución clave para la administración y disciplina de jueces y fiscales.

Pablo Jurado, asambleísta de Construye y uno de los aliados del oficalista de ADN mocionó la aprobación de la terna que tuvo el respaldo de 86 asambleístas (ADN, Pachakutik, Independientes y socialcristianos), en contra de la moción hubo 57 votos (de la Revolución Ciudadana). Así, Fabián Plinio Efraín Fabara Gallardo, María Emilia Grijalva Reyes y Walter López Geovanny Endara, son los delegados de la Función Legislativa que integran la terna para la designación del vocal principal del Consejo de la Judicatura (CJ) para el periodo 2025-2031.