Con el objetivo de proteger los datos personales, prevenir delitos en Internet e intercambiar información para la seguridad, el Gobierno Nacional, a través de la Cancillería, firmó un Memorando de Entendimiento sobre Ciberseguridad y Cooperación Cibernética con Emiratos Árabes Unidos. La alianza fue firmada este viernes 2 de mayo de 2025, entre la canciller Gabriela Sommerfeld y Ahmed Al Sayegh, ministro de Estado de Emiratos Árabes Unidos. 

El memorando forma parte de los acuerdos logrados por el presidente Daniel Noboa para fortalecer las relaciones diplomáticas con el país de Medio Oriente, en temáticas como cooperación, energía, seguridad y comercio, entre otros.  Según informó la Cancillería de Ecuador, el acuerdo “incentiva el intercambio en campos de tecnología y la ciberseguridad, con especial atención a la cooperación internacional en soluciones legislativas, regulatorias, actividades judiciales, policiales, prevención del delito, y respuestas a ciberataques”.  Además incluye programas de cooperación para reducir la brecha tecnológica y programas de sensibilización y educación en desarrollo científico y tecnológico.

Con cuatro votos a favor y cinco en contra, los legisladores del correísmo no lograron calificar el juicio político contra Ivonne Núñez, ministra del Trabajo, por presunto incumplimiento de funciones. En la sesión realizada la tarde de este viernes 1 de mayo de 2025, Sofía Espín, asambleísta de Revolución Ciudadana (RC5), mocionó para calificar el procedimiento, con el apoyo de otros tres miembros de su bancada. El oficialismo y otros legisladores independientes se pronunciaron a favor del archivo.

El pedido de juicio político llegó tras una solicitud de los parlamentarios Jahiren Noriega (RC5), Carla Cruz (PSC), Cristina Chávez (Independiente) y Mariana Yumbay (Pachakutik) por un supuesto incumplimiento de funciones de Núñez, en torno a un sumario administrativo interpuesto por el Ministerio de Trabajo contra Verónica Abad, por abandono injustificado de cargo. César Umajinga (Suma) fue uno de los legisladores de la Comisión que se opuso a dar paso al trámite, debido a que consideró que el caso era “una revancha política” contra la exministra.

El pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la sentencia de tres años sin derechos políticos para la asambleísta electa por el partido Revolución Ciudadana (RC), Priscila Schettini, este jueves 1 de mayo de 2025. Priscila Schettini y la abogada Angélica Porras fueron denunciadas por la fiscal Diana Salazar en 2023 por violencia política de género. Esto es considerado como “una falta muy grave”. El juez electoral, Fernando Muñoz, quien sustanció la causa en primera instancia, determinó que Schettini y Porras cometieron actos sistemáticos de violencia política de género afectando la imagen personal y profesional de Salazar.

La sentencia de primera instancia se conoció en junio de 2024. Este 1 de mayo fue ratificada por el TCE. Schettini deberá pagar, además, una multa de 50 salarios básicos unificados (USD 22.500). De esta manera, no podrá asumir el cargo de asambleísta el 14 de mayo, cuando se posesione la nueva Asamblea Nacional. Porras también perdió sus derechos políticos por dos años y fue sancionada con una multa de 30 salarios básicos unificados (USD 13.500). ¿Qué pasará con el curul? Si Schettinni no pide aclaración y ampliación, la sentencia quedará en firme. En caso de que lo haga, el TCE deberá resolver los recursos pero eso no cambiará la sentencia. Para esto tiene tres días.