El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 realizó un operativo antes, durante y después de la jornada electoral del 9 de febrero de 2025, coordinando un total de 23.351 emergencias a nivel nacional desde el inicio de la ley seca hasta el cierre del proceso de votación. El ECU 911 desplegó más de 5.000 cámaras en recintos electorales y espacios estratégicos. Asimismo, en 16 Salas de Crisis, se instalaron Puestos de Mando Unificados (PMU), donde se coordinaron acciones interinstitucionales para el seguimiento de los comicios.

Del total de emergencias reportadas, la mayoría correspondió a seguridad ciudadana (68,2%), seguida por gestión sanitaria (14,0%), tránsito y movilidad (10,7%), servicios municipales (3,8%), gestión de siniestros (1,5%), servicio militar (1,7%) y gestión de riesgos (0,1%). Las provincias con mayor número de emergencias fueron Pichincha (6.208 casos), Guayas (5.426) y Manabí (1.109), mientras que el resto del país acumuló el 36,1% de los incidentes atendidos. El día de las elecciones, entre las 00:00 y las 22:00, el ECU 911 recibió 8.246 alertas, concentradas principalmente en seguridad ciudadana (68,7%), gestión sanitaria (14,3%) y tránsito y movilidad (10,9%). Los cantones con mayor cantidad de reportes fueron Quito (1.637), Guayaquil (1.540) y Cuenca (366). Además, se identificaron 1.868 casos de libadores, 1.265 escándalos y 51 fiestas a nivel nacional, lo que evidencia el impacto de la ley seca en las actividades de orden público.

El Registro Civil informó que este domingo 9 de febrero del 2025 atenderá de 08:00 a 14:00 como parte de las jornadas extraordinarias de cedulación. La atención será para mayores de 16 años que no tengan su documento de identidad en las 39 agencias habilitadas a escala nacional para dar facilidades y ejercer el voto en la jornada electoral. La cédula es el documento habilitante para votar en las elecciones generales 2025 incluso si esta se encuentra caducada. Según el artículo 12 del Código de la Democracia, tanto la cédula como el pasaporte son documentos válidos para ejercer el derecho al voto, sin importar su fecha de vigencia.

La atención será previo al pago y al agendamiento de turnos gratuitos a través de la Agencia Virtual (www. registrocivil.gob.ec). La renovación cuesta 16 dólares. Si es por primera vez el costo es de 5 dólares. Los pagos se pueden realizar en los siguientes canales autorizados:

• En línea: A través de la Agencia Virtual con PlacetoPay o mediante aplicativos bancarios (Banca Web y Banca Móvil del Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil y Produbanco).

• En efectivo: En puntos de la Red Activa – Western Union, ServiPagos, PagoÁgil, Banco del Pacífico, Banco de Guayaquil o Mi Vecino del Banco Pichincha.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) emitió un comunicado rechazando las llamadas y mensajes amenazantes en contra de miembros de juntas electorales que participarán en las elecciones de este domingo 9 de febrero del 2025. Según el comunicado de la entidad, hay varias denuncias ciudadanas con esta alerta. “Rechazamos estos ataques al ejercicio de la democracia y habilitamos un canal de denuncias en el que coordinaremos acciones en conjunto con los organismos competentes y las operadoras para que estos ataques no queden en la impunidad”, informó Arcotel en su comunicado sin dar más detalles.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) también está al tanto de las denuncias ciudadanas que se han registrado. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán las encargadas de reforzar la seguridad en los recintos electorales donde los miembros de las mesas hayan recibido algún tipo de amenazas. Arcotel pidió a los miembros que hayan recibido llamadas o mensajes amenazantes enviar un correo electrónico con a descripción de los hechos, comunicarse con el 911 y reportar el número del que se recibió la llamada a la operadora.

Tras meses en pausa, los radares de tránsito en Ecuador están listos para volver, siguiendo nuevas normativas y debates públicos, según lo ha anunciado la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en su cuenta oficial de X. Como se publicó  el año anterior, desde noviembre de 2023, los radares en el país quedaron fuera de servicio debido a una orden judicial y una resolución conjunta de la ANT y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). Varias quejas, solo por citar algunos casos, en ciudades como Guayaquil, Santa Elena, Durán, Latacunga, Manta y Ambato, respecto a los cobros excesivos y fallos técnicos generados por la falta de mantenimiento y mala calibración de los equipos, derivaron en lo que más de uno catalogó como “multas fantasmas”, causando controversia y llevando a la suspensión temporal del sistema. En respuesta, ahora se ha desarrollado un nuevo reglamento para la homologación de estos dispositivos, con un borrador actualmente disponible para comentarios públicos en la cuenta oficial de la ANT en X. La finalidad es incorporar sugerencias antes de que se implemente definitivamente, aunque la fecha para su implementación aún se desconoce.

Al respecto, la ANT no ha anunciado nada en su agenda. NUEVAS PROPUESTAS Y PREOCUPACIONES Varias observaciones y sugerencias ya han sido planteadas por los ciudadanos. Adrián Herrera, por ejemplo, sugiere que el margen de tolerancia se aplique retroactivamente, argumentando que no es justo penalizar a alguien por exceder en tan solo 1 kilómetro por hora el límite establecido, factor que, según detalla el documento, ya ha sido tomado en consideración. Karina Moreno, de Guayaquil, subraya la importancia de que a los dispositivos se les dé un mantenimiento adecuado y regular para evitar errores en las mediciones. Por otro lado, Mario Cuzco propone la instalación de señalizaciones que adviertan sobre la presencia de radares con suficiente antelación, para permitir una adecuada disminución de la velocidad sin comprometer la seguridad. “Debe haber varios kilómetros de señalización continua indicando la proximidad de un radar. Los radares deben estar ubicados en áreas seguras para que los conductores puedan reducir la velocidad. De lo contrario, ¿quién respondería ante asaltos y robos por reducir la velocidad?”, cuestionó.

El borrador del reglamento consta de 14 páginas, 7 artículos, y establece criterios nuevos para la operación de los radares. Un cambio notable es la inclusión de un margen de tolerancia en las multas: hasta 5 kilómetros por hora para radares fijos y hasta 7 kilómetros para móviles, buscando así asegurar la fiabilidad de las mediciones y evitar sanciones injustas. Además, será obligatorio que los radares sean calibrados por el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) y laboratorios acreditados localmente, y que este proceso se repita al menos una vez al año. “Todos los dispositivos electrónicos de control de velocidad, previo a su instalación, deberán contar con un Certificado de Calibración inicial del dispositivo y, una vez operativos, deberán contar con al menos una calibración realizada un año después de su operación para posteriormente presentar el certificado de calibración periódica, conforme la frecuencia que se calcule según el procedimiento de frecuencias de calibración establecido en la Normativa ILAC-G24 / OIML D 10, el cual no debe sobrepasar un año”, detalla el documento.