La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del estado de excepción por conflicto armado interno, dispuesto por el presidente Daniel Noboa, en el Decreto Ejecutivo No. 250, emitido el 30 de abril de 2024. En sesión ordinaria, este viernes 10 de mayo de 2024, el organismo de control constitucional emitió dictamen desfavorable de constitucionalidad del Decreto Ejecutivo 250, por medio del cual se declaró el estado de excepción bajo la causal de “conflicto armado interno”, con el fin de disponer la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio en las provincias de El Oro, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, por un lapso de sesenta días.

En dictamen de mayoría, la Corte determinó que el Decreto Ejecutivo 250 no ha justificado la configuración de la causal de conflicto armado interno, de conformidad a lo establecido por esta institución en otros dictámenes. El primer numeral del Dictamen, establece: “Dictaminar la inconstitucionalidad de la declaratoria de estado de excepción del decreto ejecutivo 250, con efectos hacia el futuro, a partir de su publicación en el Registro Oficial”.

La exministra de Energía, Andrea Arrobo, rompió el silencio después de 24 días de su salida de esa cartera de Estado e indicó que tiene una investigación fiscal en curso por el presunto delito de paralización de un servicio público. Además, agrega que no su administración no tuvo intención de perjudicar al Gobierno de Daniel Noboa, quien en su momento la acusó de un sabotaje. En una carta de dos páginas detalla todas las gestiones que hizo al frente del Ministerio de Energía y que trató de aportar desde sus conocimientos adquiridos en el sector privado a lo público, “pero lo técnico no es suficiente en un país donde manda la política”.

Recordó que el cambio climático ha golpeado a toda la región y muestra de eso son las complicaciones energéticas que han tenido países como México, Perú, Panamá, entre otros. También repasó todas sus actividades, como la aprobación de la Ley de competitividad energética y la actualización del Plan Maestro de Electricidad. Habló de la incorporación de generación térmica al país, el proceso para la contratación de barcazas. Se defendió de lo dicho en la Comisión de Fiscalización, mesa legislativa a la que estuvo citada, pero no acudió por la recomendación de su abogado, dijo.