Un ataque aéreo de las Fuerzas Armadas destruyó maquinaria de minería ilegal hallada en Alto Punino, provincia de Orellana. Así lo informó la institución militar. La intervención militar se llevó a cabo el 29 de mayo de 2025, según el Ejército ecuatoriano. Se trató de un ataque aéreo de superficie, con el lanzamiento de armamento aire – tierra desde aviones de combate. En Alto Punino se destruyeron maquinaria y campamentos de minería ilegal que previamente fueron inutilizados.

Asimismo, se realizaron patrullajes terrestres, con apoyo de aviones y helicópteros de las Fuerzas Armadas. Mil soldados han realizado la cobertura en la zona de alto riesgo. «La maquinaria e infraestructura que se encuentra en áreas de extracción ilegal de minerales, ligadas a los Grupos Armados Organizados (GAOs), fueron destruidos en su totalidad», escribió el Ejército en un comunicado. En la zona de Alto Punino, el 9 de mayo, 11 integrantes de una patrulla del Ejército de Ecuador fueron asesinados en una emboscada durante una operación contra la minería ilegal. El Gobierno declaró tres días de luto nacional y entregó condecoraciones post mortem.

Con el objetivo de mejorar la puntualidad y garantizar la presencia de los legisladores en las sesiones plenarias, la Asamblea Nacional implementará desde el 1 de junio un nuevo régimen de sanciones económicas para quienes incumplan con la asistencia o lleguen tarde a sus funciones. La disposición fue anunciada por el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, quien señaló que los registros de asistencia deberán realizarse electrónicamente desde los curules, mediante un sistema de control biométrico.

De acuerdo con la nueva normativa, los asambleístas que no registren su asistencia a tiempo sufrirán un descuento de USD 55,52 en su remuneración. En caso de ausencia total o de no registrar la huella digital, la sanción ascenderá a USD 158,63. La medida pretende corregir una práctica frecuente en el Legislativo, donde las sesiones del Pleno suelen retrasarse o incluso suspenderse por la falta de quórum. Esta resolución se enmarca en un esfuerzo por fortalecer la institucionalidad y la confianza en el trabajo parlamentario.

Así, el juez dispuso al constituir mesas técnicas con las entidades del Gobierno encargadas de la seguridad, administración y gestión de las cárceles en Ecuador, a fin de llegar a consensos y adoptar medidas correctivas sobre el aumento de contagios de tuberculosis dentro de los centros penitenciarios. También elevó las quejas de los presos al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la institución penitenciaria del Estado, a fin de que se tomen los correctivos del caso y garantizar sus derechos humanos. Mientras, recomendó a las Fuerzas Armadas recibir charlas de capacitación en temas de derechos humanos, con el propósito de que «se cumplan los estados de excepción emitidos por el presidente en estricto apego a las normas internacionales de derechos humanos.

Penitenciaría del Litoral, cárcel más grande de Ecuador La Penitenciaría del Litoral alberga a unos 7 107 presos, más de la mitad de los alrededor de 12 000 internos que se encuentran en el complejo penitenciario del Guayas, un conjunto de cinco prisiones situadas a las afueras de la ciudad de Guayaquil. Esta prisión ha sido uno de los epicentros de la crisis carcelaria que entre 2021 y 2024 ha dejado más de 500 presos asesinados en una serie de masacres entre bandas criminales rivales. También es parte de las prisiones militarizadas por el actual presidente, Daniel Noboa, en el marco de los sucesivos estados de excepción que ha decretado para enfrentar al crimen organizado, cuyas estructuras controlaban las prisiones ecuatorianas en su interior. Desde inicios de 2024 Ecuador está bajo el ‘conflicto armado interno‘declarado por Noboa para contrarrestar la escalada de violencia que afecta al país y que lo ha llevado a estar a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, una tendencia que se ha agravado desde el inicio de 2025 con un promedio de un asesinato por hora.

Édgar Lama, quien estuvo al frente del Ministro de Salud, fue nombrado este viernes 20 de mayo de 2025 como delegado presidencial en el Consejo Directivo del IESS este 30 de mayo de 2025. En ese cargo reemplazará a Eduardo Peña. La designación la realizó el presidente Daniel Noboa, a través del Decreto Ejecutivo Nro. 18. Lama se había desempeñado en el cargo de ministro de Salud Pública (MSP) hasta el 27 de mayo de 2025, cuando fue reemplazado por el médico Juan Bernardo Sánchez.

El nuevo representante presidencial en el IESS es cercano al actual mandatario y tiene una amplia trayectoria como abogado en el sector privado. Fue asesor parlamentario de Noboa durante el período Legislativo 2021-2023 y asesor legal de su campaña electoral extraordinaria en 2023. En el sector privado, Lama se desempeña como CEO del Hospital de Especialidades de la Ciudad, en Guayaquil. Durante su paso por el Ministerio de Salud (MSP), Lama desarrollo las estrategias para enfrenar los casos de tosferina, fiebre amarilla y leptospirosis que aparecieron en algunas zonas del país. Lama reemplazará a Peña, quien permanecía en funciones desde diciembre de 2023 y presentó su renuncia al cargo.