Mediante un comunicado enviado este 17 de marzo de 2023, el expresidente, Guillermo Lasso, indicó que conoció a través de los medios de comunicación la supuesta convocatoria por parte de la Fiscalía General del Estado a dar su versión, libre y voluntaria, en el marco de las investigaciones sobre el caso Metástasis. 

Siete jueces y un servidor administrativo del cantón Samborondón (Guayas), investigados en el caso Purga fueron suspendidos por el Consejo de la Judicatura (CJ). La decisión que adoptó hoy, 15 de marzo de 2024, el organismo de administración y control disciplinario de la Función Judicial incluyó la suspensión de sus remuneraciones. Se trata de cuatro jueces de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia; un juez del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario; dos jueces de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia, y un secretario de la Unidad Judicial Multicompetente en Samborondón.

Según la resolución aprobada en la sesión extraordinaria 031-2024, los funcionarios fueron sancionados por faltas gravísimas, con base en el artículo 109, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), que se refiere a “solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios que, por sus características, pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la Función Judicial, en el servicio que le corresponde prestar”. Los expedientes de los jueces suspendidos serán remitidos a la dirección provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas, para el inicio de los sumarios administrativos.

“En términos legales corresponde apelar esta injusticia”, escribió en sus redes sociales el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, luego de conocer el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). “En términos políticos es una barbaridad. Sienta un precedente nefasto (Si el Presidente Noboa razona a favor de su Consulta Popular, ¿será multado, será destituido?)”, agregó. El 8 de marzo de 2024, el TCE lo encontró responsable de una grave infracción electoral, por proselitismo político. La sanción incluye una multa de $9.200 y una medida de reparación que involucra disculpas públicas a la ciudadanía quiteña.

“Pero en lo más importante, en términos de mi trabajo por la ciudad: seguiré trabajando, inaugurando obras, recuperando el amor por la ciudad más linda del mundo. Ellos seguirán enfermos de odio, envidia y rencor”, dijo Muñoz. En seis videos, que presentaron la abogada Mónica Jaramillo y Juan Esteban Guarderas, actual consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), se basó el juicio electoral contra el alcalde de Quito.