En una reciente entrevista con EFE, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa (2007-2017), acusó al actual mandatario, Daniel Noboa, de ser “un tipo malo, capaz de todo” para cumplir sus objetivos políticos, entre ellos su reelección en las elecciones de 2025. Correa destacó que el correísmo se perfila nuevamente como el principal rival de Noboa en los comicios venideros. Durante la entrevista, Correa se refirió al asalto policial a la Embajada de México en Quito, que fue ordenado por Noboa para capturar a su exvicepresidente, Jorge Glas. El gobierno mexicano había otorgado asilo diplomático a Glas al considerarlo un perseguido político debido a las condenas y procesos por corrupción que enfrenta en Ecuador.

“Mira lo que hizo a (Jorge) Glas”, comentó Correa, subrayando lo que él consideró como un abuso de poder. Correa dice que Noboa intentó contactarlo: ¿Para qué? El expresidente, quien actualmente reside en Bélgica como refugiado político, mencionó que Noboa intentó contactarlo para conversar al inicio de su mandato, pero que él nunca aceptó reunirse. “Nos pidió que lo apoyemos, y cuando creyó que Glas era un trofeo político para mejorar su posición electoral, sobre todo para la consulta popular de abril, no dudó en secuestrarlo e invadir una embajada”, aseguró Correa.

En su conversación, Correa también expresó su preocupación sobre el futuro electoral de Ecuador, señalando que el actual gobierno podría recurrir a cualquier táctica para evitar su derrota. “Es un tipo malo, sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa y con el aplauso de la comunidad internacional”, añadió, comparando la situación actual con lo que, según él, habría sido la reacción si él mismo hubiese tomado acciones similares durante su presidencia. Correa menciona a Villavicencio Además, Correa afirmó que en las elecciones de 2023 el asesinato del candidato Fernando Villavicencio fue un intento para impedir que su movimiento político, Revolución Ciudadana, ganara en primera vuelta con Luisa González como candidata.

El expresidente Rafael Correa deberá enfrentar una nueva investigación en su contra, en el marco del caso Traición a la Patria. Correa fue convocado por la Fiscalía, a rendir su versión libre y voluntaria, para el próximo miércoles 16 de octubre a las 10:00. Según lo tipifica el artículo 353 del Código Integral Penal (COIP), numeral 22.

La denuncia fue interpuesta por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, posterior a las declaraciones que habría dado el exmandatario tras la detención del exvicepresidente Jorge G. al interior de la embajada de México en Ecuador. El delito de traición a la patria, se sanciona con una pena privativa de libertad ed hasta 13 años de prisión. “Existen personas que se han empeñado en exagerar la situación, y emitir mensajes que ponen en zozobra a las tropas y a la población civil”, señaló en su la ministra Núñez. Correa dijo que lo que ocurrió en la embajada de México, es un “casus beli” causa de guerra y que “afortunadamente el Gobierno del expresidente Manuel López Obrador, no llegaría a ese extremo”.

La Fiscalía General del Estado confirmó que la audiencia de formulación de cargos contra Aquiles A. y otras 25 personas se difirió para el 6 de noviembre de 2024. Los sujetos son investigados por su presunta participación en el delito de almacenamiento, transporte y comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos. La audiencia estaba prevista para este lunes 14 de octubre de 2024, pero el juez Jairo García, de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, decidió su postergación debido a un cambio en la defensa de los supuestos involucrados.

El caso, llamado Triple A, investiga a una serie de empresas que habrían estado involucradas en el comercio irregular de combustible. Según Julio José Neira, secretario general de Integridad Pública, el esquema habría generado un perjuicio de USD 94 millones al Estado ecuatoriano. Tras la investigación, la Agencia de Control y Regulación Hidrocarburífero suspendió la entrega de combustible a todas las empresas comercializadoras y distribuidoras de este grupo. En la Asamblea Nacional también se creó el Frente Parlamentario contra el Tráfico Ilegal de Combustible y sus Derivados, auspiciado por legisladores del oficialismo (Acuerdo Democrático Nacional, ADN), que investiga supuestas denuncias por contrabando.

La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha negó el recurso de apelación interpuesto por el expresidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fernando Muñoz, que fue removido por una mayoría de jueces. La sala penal decidió por mayoría, no aceptar la acción de protección y declararla improcedente. La decisión de destituir a Muñoz la tomaron de forma unánime los jueces Ivonne Coloma, Ángel Torres y Guillermo Ortega, quienes removieron a Muñoz del TCE el pasado 12 de agosto, por un supuesto incumplimiento a sus funciones durante el cargo.

Ante esta decisión, Fernando Muñoz dijo que la sesión para removerlo del cargo era “una sesión de amigos” y que “de cara a las futuras elecciones, hay intereses para tomarse este tribunal”. Desde ese día, la jueza Ivonne Coloma es la presidenta encargada del TCE y Ángel Torres sigue en la vicepresidencia. Al momento esta instancia ya se encuentra receptando los trámites de las apelaciones a las decisiones de las juntas provinciales electorales y del Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre las candidaturas para las elecciones de febrero de 2025.