La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa contra Luisa González por el presunto delito de omisión de denuncia en razón de la profesión, cargo u oficio. El documento está fechado el 8 de septiembre de 2026 y, según información difundida por la propia González, se dispuso incorporar informes de la Policía Judicial. El delito está tipificado en el artículo 277 del COIP. La norma castiga con 15 a 30 días de privación de libertad al servidor público que, en función de su cargo, conozca un hecho que pueda configurar una infracción penal y no lo comunique de inmediato a la autoridad. La Fiscalía deberá determinar si González tenía calidad de servidora pública, si conoció el posible hecho delictivo en ejercicio de su cargo y si existía el deber jurídico de denunciarlo.
También deberá precisarse cuál fue el hecho presuntamente conocido y cuándo habría tenido conocimiento. La apertura de esta fase no implica responsabilidad penal. El nuevo expediente se suma al caso Caja Chica, donde se investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos por el supuesto ingreso de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial del correísmo en las elecciones anticipadas de 2023. En ese marco, el 28 de enero de 2026 la Fiscalía allanó tres inmuebles en Pichincha y Guayas, incluida la vivienda de González; también están involucrados el expresidente Rafael Correa y otros dirigentes de la organización política. En agosto de 2026, González fue notificada además de una investigación previa por presunta concusión, mientras se desarrollaba la controversia por su candidatura a la Prefectura de Manabí.
