Según la sección VIII de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Secretario General o Prosecretario General tiene 16 funciones, entre las que no se encuentra la vocería, comentarios o pronunciamientos sobre los asuntos que trata la Asamblea Nacional. De hecho, la décima función específica que el Secretario General debe “guardar reserva de los asuntos así calificados por el Pleno”. La discreción no ha sido una cualidad de Alejandro Muñoz, el mediático secretario general del Legislativo, quien asume posturas, emite cuestionamientos, genera conflictos, defiende gestiones y opina sobre procedimientos parlamentarios, aun cuando no le corresponda.

Muñoz asumió el cargo como secretario general el 17 noviembre de 2023, como una cuota política del Partido Social Cristiano (PSC), tras una nominación de la asambleísta Dallyana Passailaigue. Fue cercano al expresidente del Legislativo, Henry Kronfle, y se mantuvo como secretario cuando asumió la correísta Viviana Veloz. Pugnas con el Ejecutivo Su desempeño empezó a evidenciarse desde mediados del año anterior, tras los cuestionamientos que llegaron desde el Ejecutivo hacia la Asamblea Nacional. Muñoz se atribuyó vocerías en asuntos como una acción de protección presentada por la legisladora Inés Alarcon o polemizar con el exviceministro de Gobierno, Esteban Torres, a través de redes sociales.

También devolvió un Decreto Ejecutivo a la Presidencia de la República, presuntamente sin la autorización respectiva para hacerlo. Por este acto, la Fiscalía lo notificó el 9 de enero de 2025, debido a una denuncia presentada por el presidente Daniel Noboa por presunta simulación y usurpación de funciones públicas. No es la primera vez que se entablan acciones penales en su contra. En agosto de 2024 se presentaron otras tres denuncias contra Muñoz por sus presuntas irregularidades en la gestión de su cargo.

La Cancillería del Ecuador y la Unión Europea (UE) suscribieron un Memorándum de Entendimiento para fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de seguridad. “La colaboración con actores europeos permitirá a Ecuador implementar acciones conjuntas más eficientes en esta área crítica,” mencionó la Cancillería en un comunicado. El proyecto cuenta con una inversión de más de USD 2.7 millones y se enmarca en los compromisos adquiridos durante la IV Mesa Técnica de Temas de Seguridad, celebrada en diciembre de 2024. El Gobierno mencionó que los fondos provienen del Instrumento de Política Exterior (FPI) de la UE y su ejecución estará a cargo de Expertise France. Este programa incluye actividades clave como:

Capacitaciones especializadas, implementación de mejoras tecnológicas y visitas técnicas a centros internacionales de referencia, con el objetivo de robustecer las instituciones ecuatorianas frente al crimen transnacional. Durante la ceremonia, la Canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld subrayó la importancia de este acuerdo, destacando que “el apoyo de expertos extranjeros es fundamental en los esfuerzos del Gobierno del Presidente Daniel Noboa para combatir frontalmente las amenazas de los Grupos de Delincuencia Transnacional Organizada”.

La autoridad también confió en que la creación de un Centro de Fusión fortalecerá las capacidades locales, al establecer un modelo regional para el intercambio de información e inteligencia que garantizará la seguridad de las rutas marítimas del Atlántico y el Pacífico Sur. Por su parte, la Embajadora de la Unión Europea en Ecuador resaltó el valor estratégico de esta alianza. “A través de esta cooperación, estamos creando un puente de comunicación entre las instituciones ecuatorianas y europeas para hacer frente común al narcotráfico y la delincuencia organizada. Este proyecto refleja el compromiso integral de la UE y sus Estados miembros para abordar problemas transnacionales y globales comunes”, expresó