La ministra de Energía, Inés Manzano, tomó decisiones en relación a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), tras la reciente sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador (CC), que aceptó parcialmente los pedidos de aclaración y ampliación de 1,795 servidores de la institución. Según la sentencia, CNEL debe devolver un total de USD 78,9 millones en un plazo máximo de 36 meses.

Estos montos corresponden a beneficios obtenidos a través de un contrato colectivo que, según el fallo, no debían haberse entregado a los trabajadores. La Corte Constitucional también exigió que no se otorguen más beneficios fuera de lo que establece la ley. En respuesta a esta situación, Manzano dispuso que CNEL no retenga más cobros de terceros que afecten los ingresos de su personal, salvo los judiciales relacionados con pensiones de alimentos.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la sentencia en contra de Verónica Abad. La disposición del juez del TCE, Guillermo Ortega, se dio a conocer la tarde de este viernes, 7 de marzo de 2025. Con ello, los derechos políticos de Verónica Abad estarán suspendidos por dos años. Abad, de esta manera, será excluida del Registro Electoral por el tiempo que dure la sanción impuesta. Además, se le impuso una multa equivalente a 30 salarios básicos unificados, es decir, USD 14.100.

En caso de incumplimiento, la multa será cobrada por la vía coactiva, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 299 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. La sentencia dictaminada tras la denuncia presentada por la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld Rosero, por violencia política. El juez comprobó que Abad incurrió en actos de violencia política de género contemplados en el artículo 279 del Código de la Democracia.

La Corte Nacional de Justicia, resolvió este lunes 3 de marzo de 2025, dictar sentencia de 13 años y cuatro meses de cárcel en contra del exasambleísta del PSC, Pablo M., la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola G. y el exjuez del Guayas Johann M. por el delito de delincuencia organizada dentro del denominado Caso Purga. El tribunal de la CNJ, conformada por los jueces Daniella Camacho, Felipe Córdova y Marco Aguirre encontró en estas tres personas responsabilidad en estos hechos delictivos y fueron juzgados como autores directos de una organización criminal al interior del sistema judicial del Guayas y que involucraba a una serie de operadores de justicia.

Además de la pena privativa de libertad, los tres acusados deberán pagar una multa de USD 18.800, equivalente a 40 salarios básicos unificados (SBU) y no podrán ejercer ningún tipo de cargo público en los próximos 20 años. En el caso de los ex jueces Reinaldo C., Robert T., Nelson P. y Guillermo V. y el excomandante del Ejército Juan R., recibieron una condena de 9 años y cuatro meses de cárcel. Los acusados también deberán pagar una sanción económica de USD 9400 (de 20 salarios básicos). En el caso de los acusados Ruth S. exprocuradora del Cuerpo de Ingeniero del Ejército y el ex juez Alberto L., recibieron una pena abreviada de un año y cuatro meses de cárcel al declararse colaboradores eficaces dentro del proceso judicial.

Además se dispuso la colocación de una placa en los exteriores de la Corte Provincial del Guayas en donde deberá constar la resolución judicial, una vez sea notificada por escrito. Contexto del caso El caso Purga es una de las investigaciones más importantes en Ecuador que se derivó del caso Metástasis. Las investigaciones revelaron una red de corrupción que operaba junto con el narcotráfico en instituciones públicas en donde estarían involucrados jueces, abogados, exfuncionarios y que se operaba desde la Corte Provincial del Guayas. El caso involucró a jueces, exjueces y un asambleísta que según la tesis de la Fiscalía era personas claves para entender el modus operandi de esta red.

En una rueda de prensa realizada el lunes 3 de marzo, la ministra de Energía, Inés Manzano, confirmó la adjudicación de las operaciones del campo petrolero Sacha al consorcio internacional Sinopetrol, compuesto por las empresas Petrolia Ecuador y Amodaimi Oil Company S.L. La ministra aclaró que el campo “no se privatiza, vende ni alquila”. Manzano destacó que la adjudicación no fue una “oferta a dedo”, y explicó que el proceso incluyó la participación de tres empresas estatales y una adicional que no presentó su propuesta. “Con la empresa que presentó su propuesta, se realizaron mesas de trabajo durante varios meses, y luego acudimos al Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas, que es donde se filtra todo”, explicó la funcionaria.

Una de las condiciones del acuerdo es que el consorcio Sinopetrol deberá pagar al Estado una prima de USD 1.500 millones, sin intereses, antes de iniciar sus operaciones en el país. Manzano destacó que los recursos no se destinarán al pago de deudas, sino a la inversión social. “Con esos USD 1.500 millones no tengo que pagarle al FMI ni la deuda externa; esos fondos serán para reinvertir en Ecuador”, indicó. Por su parte, el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, señaló que, una vez que se inicien las operaciones, el Estado recibirá el 82% de los beneficios derivados de la renta petrolera tras su liquidación, basándose en un precio referencial del crudo WTI (West Texas Intermediate) de USD 62 por barril. Además, si la producción del campo Sacha supera las expectativas, el Estado podría recibir mayores beneficios. La proyección de incremento de producción es superior a los 100 millones de barriles diarios en los próximos tres años.

Leonidas Iza, candidato presidencial que quedó en tercer lugar en las elecciones del 9 de febrero, y presidente de la CONAIE, reaccionó a la adjudicación del campo Sacha a un consorcio chinocanadiense que hizo el gobierno de Daniel Noboa. “Esta adjudicación, a solo tres meses de finalizar su mandato, es ilegítima. Por ello, tomaremos todas las acciones necesarias para frenar este intento de saqueo a la Patria”, manifestó Iza en su cuenta de X.

Inés Manzano, ministra de Energía y Minas, firmó la resolución en el que se describe que el consorcio Sinopetrol, conformado por las empresas Amodaimi de China y la canadiense Petrolia con su filial en Ecuador, ha sido seleccionado para operar el campo Sacha, el bloque petrolífero más productivo del Ecuador. En respuesta a la Asamblea Nacional, que aseguró que el Gobierno ha contravenido la Ley de Hidrocarburos con esta decisión, Manzano respondió que aún no se ha firmado el contrato. En su acuerdo ministerial estableció que el viceministro Guilhermo Ferreira estará encargado de la firma de ese pacto con Sinopetrol. Solo después de eso se podrá entregar oficialmente el campo. El valor de Sacha asciende a USD 14 mil millones y aporta el 16% de toda la producción petrolera con 73 mil barriles diarios.