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Este 2 de septiembre, Ecuador y Corea del Sur firmaron un acuerdo comercial en Seúl, tras varios años de
La audiencia en la que se conocerán los argumentos a favor y en contra de la Ley de Inteligencia se instalará este lunes en la Corte Constitucional.
La norma enfrenta cuatro demandas de inconstitucionalidad y esta será la última diligencia convocada como parte del trámite de las demandas en contra de esa ley y las de Integridad Pública y de Solidaridad, que siguen en trámite.
La Contraloría General del Estado (CGE) anunció este sábado 30 de agosto del 2025 que los servidores públicos considerados «personas expuestas políticamente» (PEP) tendrán un nuevo plazo para presentar sus declaraciones patrimoniales juradas. La fecha límite se extendió hasta el 15 de septiembre de 2025, según informó el organismo de control a través de su cuenta de X.
La disposición aplica a funcionarios cuya remuneración corresponde a los grados del 5 al 10 de la escala mensual unificada del nivel jerárquico superior. El trámite debe realizarse de manera electrónica y gratuita a través de la página web institucional: www.contraloria.gob.ec.
MARCO LEGAL Y OBLIGATORIEDAD La medida se enmarca en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos, que establece la obligatoriedad de este registro como parte de los mecanismos de transparencia y control en el sector público.
En una polémica decisión, la Asamblea Nacional dio paso a la llamada Ley de Transparencia Social, que trae consigo un nuevo y cuestionado impuesto a las utilidades. Con 78 votos a favor, el proyecto impulsado por el presidente Daniel Noboa encendió las alarmas en el sector empresarial y en los trabajadores que dependen de la reinversión de esas ganancias.
La normativa establece un gravamen fijo del 12 % sobre las utilidades distribuidas, al que se suma un cobro adicional de entre 0,75 % y 2,5 % a las utilidades retenidas, es decir, aquellas que las empresas guardan para reinvertir. Economistas y empresarios denuncian que se trata de una doble tributación, que restará competitividad y podría golpear la creación de empleo en el país. Las reacciones no se hicieron esperar.
El Partido Social Cristiano calificó la medida como “absurda y abusiva”, mientras expertos advierten que se ahuyentará la inversión privada y extranjera. Para muchos, este nuevo impuesto es un castigo a quienes intentan mantener vivas sus compañías en medio de una crisis económica que ya golpea a miles de familias. En redes sociales, ciudadanos expresaron su indignación, señalando que mientras se habla de atraer capitales y generar confianza, se aprueban leyes que ponen más cargas sobre la espalda de los contribuyentes.
La fiscalía solicitó a la Corte levantar la inmunidad del expresidente Lenín Moreno para procesarlo por presunto cohecho dentro del Caso Sinohydro.
En medio de un nuevo capítulo de tensiones políticas, surge la polémica en torno a supuestos vínculos entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el denominado Cártel de los Soles y el financiamiento de la campaña de la excandidata presidencial Luisa González.
El excandidato presidencial, Yaku Pérez, acudió este martes hasta las instalaciones de la Fiscalía para presentar una denuncia contra el presidente, Daniel Noboa, su esposa, Lavinia Valbonesi y la minera canadiense Dundee Precious Metals. Yaku afirmó que se hicieron donaciones a cambio de permisos mineros para explorar recursos naturales.
La asambleísta de ADN Valentina Centeno está analizando solicitar una licencia sin sueldo por un periodo de 7 meses para continuar sus estudios de posgrado en el exterior, posiblemente en Europa.
El exministro del correísmo, José Serrano, continúa en manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), de Estados Unidos, Porque la tarde de este lunes, la jueza a cargo de la causa en Miami (Estados Unidos), suspendió la audiencia.
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó este sábado 23 de agosto de 2025 el informe para segundo debate en el pleno legislativo de la Ley de Transparencia Social también conocida como Ley de Fundaciones de iniciativa económica urgente enviada por Daniel Noboa. La aprobación contó con siete votos a favor la ley que tiene como uno de sus objetivos controlar la operación y el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones en territorio nacional.
Al inicio de la sesión, la presidenta de la mesa legislativa, la legisladora Valentina Centeno, recalcó la importancia del proyecto de ley e indicó que se recogieron varios de los aportes del primer debate de la también denominada Ley de Fundaciones. Centeno añadió que en el documento para segundo debate se agregó la no distribución de dividendos aplicándose una retención del 0 al 2.5% para que el fisco renga mayor previsibilidad y poder recaudar.
Este 2 de septiembre, Ecuador y Corea del Sur firmaron un acuerdo comercial en Seúl, tras varios años de
La audiencia en la que se conocerán los argumentos a favor y en contra de la Ley de Inteligencia se instalará este lunes en la Corte Constitucional.
La norma enfrenta cuatro demandas de inconstitucionalidad y esta será la última diligencia convocada como parte del trámite de las demandas en contra de esa ley y las de Integridad Pública y de Solidaridad, que siguen en trámite.
La Contraloría General del Estado (CGE) anunció este sábado 30 de agosto del 2025 que los servidores públicos considerados «personas expuestas políticamente» (PEP) tendrán un nuevo plazo para presentar sus declaraciones patrimoniales juradas. La fecha límite se extendió hasta el 15 de septiembre de 2025, según informó el organismo de control a través de su cuenta de X.
La disposición aplica a funcionarios cuya remuneración corresponde a los grados del 5 al 10 de la escala mensual unificada del nivel jerárquico superior. El trámite debe realizarse de manera electrónica y gratuita a través de la página web institucional: www.contraloria.gob.ec.
MARCO LEGAL Y OBLIGATORIEDAD La medida se enmarca en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos, que establece la obligatoriedad de este registro como parte de los mecanismos de transparencia y control en el sector público.
En una polémica decisión, la Asamblea Nacional dio paso a la llamada Ley de Transparencia Social, que trae consigo un nuevo y cuestionado impuesto a las utilidades. Con 78 votos a favor, el proyecto impulsado por el presidente Daniel Noboa encendió las alarmas en el sector empresarial y en los trabajadores que dependen de la reinversión de esas ganancias.
La normativa establece un gravamen fijo del 12 % sobre las utilidades distribuidas, al que se suma un cobro adicional de entre 0,75 % y 2,5 % a las utilidades retenidas, es decir, aquellas que las empresas guardan para reinvertir. Economistas y empresarios denuncian que se trata de una doble tributación, que restará competitividad y podría golpear la creación de empleo en el país. Las reacciones no se hicieron esperar.
El Partido Social Cristiano calificó la medida como “absurda y abusiva”, mientras expertos advierten que se ahuyentará la inversión privada y extranjera. Para muchos, este nuevo impuesto es un castigo a quienes intentan mantener vivas sus compañías en medio de una crisis económica que ya golpea a miles de familias. En redes sociales, ciudadanos expresaron su indignación, señalando que mientras se habla de atraer capitales y generar confianza, se aprueban leyes que ponen más cargas sobre la espalda de los contribuyentes.
La fiscalía solicitó a la Corte levantar la inmunidad del expresidente Lenín Moreno para procesarlo por presunto cohecho dentro del Caso Sinohydro.
En medio de un nuevo capítulo de tensiones políticas, surge la polémica en torno a supuestos vínculos entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el denominado Cártel de los Soles y el financiamiento de la campaña de la excandidata presidencial Luisa González.
El excandidato presidencial, Yaku Pérez, acudió este martes hasta las instalaciones de la Fiscalía para presentar una denuncia contra el presidente, Daniel Noboa, su esposa, Lavinia Valbonesi y la minera canadiense Dundee Precious Metals. Yaku afirmó que se hicieron donaciones a cambio de permisos mineros para explorar recursos naturales.
La asambleísta de ADN Valentina Centeno está analizando solicitar una licencia sin sueldo por un periodo de 7 meses para continuar sus estudios de posgrado en el exterior, posiblemente en Europa.
El exministro del correísmo, José Serrano, continúa en manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), de Estados Unidos, Porque la tarde de este lunes, la jueza a cargo de la causa en Miami (Estados Unidos), suspendió la audiencia.
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó este sábado 23 de agosto de 2025 el informe para segundo debate en el pleno legislativo de la Ley de Transparencia Social también conocida como Ley de Fundaciones de iniciativa económica urgente enviada por Daniel Noboa. La aprobación contó con siete votos a favor la ley que tiene como uno de sus objetivos controlar la operación y el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones en territorio nacional.
Al inicio de la sesión, la presidenta de la mesa legislativa, la legisladora Valentina Centeno, recalcó la importancia del proyecto de ley e indicó que se recogieron varios de los aportes del primer debate de la también denominada Ley de Fundaciones. Centeno añadió que en el documento para segundo debate se agregó la no distribución de dividendos aplicándose una retención del 0 al 2.5% para que el fisco renga mayor previsibilidad y poder recaudar.
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