La vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Enrique Pita se pronunció sobre las licencias para quienes buscarán la reelección en los comicios generales de febrero próximo. En su cuenta de X publico este 4 de enero de 2025 que el órgano electoral “no tiene facultad coercitiva”. A pocas horas de que arranque la campaña electoral, Pita escribió que el CNE “es un órgano administrativo que no tiene facultad coercitiva para exigir que los candidatos a la reelección pidan licencia antes del inicio de la campaña”. El vicepresidente también señaló que no existe norma que exija que el CNE se pronuncie u opine sobre una “supuesta, futura omisión por parte de éstos”. Por lo que su pronunciamiento va a tono de lo que ya se dijo en la sesión del pasado 30 de diciembre cuando no se dio paso a un cambio en el orden del día solicitado por la vocal Elena Nájera, quien buscaba un pronunciamiento en conjunto del CNE.

Hoy, el mismo presidente Daniel Noboa publicó en su cuenta de X una respuesta al expresidente Rafael Correa en la que insistía en una sentencia de la Corte Constitucional. Ese dictamen señala que el periodo extraordinario derivado de unas elecciones anticipadas debido a la muerte cruzada no se contabilizará en caso de que un candidato opte por la reelección. Por eso considera que no debe pedir licencia. Todo esto en medio de la disputa con la vicepresidenta Verónica Abad quien, en caso de que Noboa solicite licencia por campaña, debería asumir la Presidencia. Pero, el Gobierno se ha mostrado en contra de esa opción y ha planteado que no es necesaria la licencia. ¿Qué puede hacer el CNE? Pita también planteó la salida que fue presentada por el vocal José Cabrera a propósito del pedido de cambio del orden del día de la consejera Nájera. “Para lo que el CNE sí es competente es para denunciar una posible infracción electoral, así como lo son los candidatos u organizaciones políticas, cuando el hecho ocurra”, escribió.

El correísmo no logró a la primera los votos suficientes para calificar a trámite el proceso de juicio político en contra de la vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Johanna Verdezoto. La solicitud que se trató en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional obtuvo cuatro votos a favor, tres en contra y una abstención en la primera votación.

No se trata de una decisión definitiva, pues la normativa contempla una reconsideración en la votación; no obstante, la sesión que se desarrolló el jueves, 2 de enero de 2025, fue suspendida por la presidenta de la mesa legislativa, Pamela Aguirre. CONFLICTO DE INTERESES, CONCUSIÓN Y PERJURIO El pedido de enjuiciamiento político llegó desde la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ana Herrera. Ella denunció un presunto conflicto de intereses por parte de Verdezoto en el concurso para la designación del Defensor Público.

La pugna entre el presidente Daniel Noboa y su vicepresidenta Verónica Abad escaló este viernes 3 de enero de 2025 con una acción presentada por Abad ante la Corte Constitucional. La vicepresidenta calificó el Decreto Ejecutivo Nro. 492, que delega la Vicepresidencia a Sariha Moya durante su ausencia, como una “herejía jurídica”. Según Abad, el decreto es “absolutamente inconstitucional, arbitrario e inválido”. A través de su cuenta en la red social X, Abad afirmó haber interpuesto una Acción de Incumplimiento respecto al dictamen de la Corte Constitucional que, según ella, establece que las únicas causales para declarar una ausencia de funciones son las previstas en la Constitución.

En su mensaje, acompañado por una captura de pantalla de un correo dirigido a los jueces constitucionales, Abad solicitó que se priorice el tratamiento de su acción para “frenar la ruptura del orden constitucional causada por el Decreto Ejecutivo 492”. EL ORIGEN DE LA CONTROVERSIA El enfrentamiento se agudizó cuando Abad, tras ser reintegrada a su cargo por una acción de protección, se negó a cumplir con un decreto presidencial que la enviaba a Turquía el pasado 27 de diciembre. Según el ministro de Gobierno, José De la Gasca, este acto representó un desacato y dejó un vacío en la Vicepresidencia. Como consecuencia, el gobierno designó nuevamente a Sariha Moya como vicepresidenta encargada hasta el 22 de enero de 2025. La decisión, anunciada el 2 de enero, se justifica como una respuesta a lo que calificaron como “ausencia temporal” de Abad.

El Gobierno de Ecuador insiste en designar a Sariha Moya como vicepresidenta interina tras la ausencia de Verónica Abad en Turquía, según dijo el Ministro de Gobierno, José de la Gasca, en una rueda de prensa este jueves 2 de enero de 2025. El Decreto 492 fue firmado en Guayaquil por el presidente Daniel Noboa y apunta que la designación de Moya en el cargo de la Vicepresidencia de la República será hasta el 22 de enero de 2025 o hasta que la señora María Verónica Abad Rojas se presente en la embajada de Ecuador en la República de Türkiye. 

Ha sido notorio el incumplimiento del decreto del Presidente, en el que estableció sus funciones a la vicepresidenta Abad, pero hasta el día de hoy no se ha presentado a cumplir su cargo en Turquía, dijo De La Gasca ante los medios de comunciación. También agregó que se trata de un «golpe a la institucionalidad y deja un «vacío en la Vicepresidencia». Respecto a las elecciones que se acerca, De La Gasca insistió en que no es obligatorio que Noboa pida licencia para participar en los comicios. Pero en caso de que esto se así, quien lo reemplace sería quien ostente en ese momento la Vicepresidencia, precisó el Ministro.

¿Quién es Sariha Moya? Sariha Belén Moya Angulo es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y máster en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Inicialmente, se anunció que sería Ministra de Economía y Finanzas para el inicio del mandato de Noboa, pero luego fue nombrada como Secretaria Nacional de Planificación. Moya también trabajó para la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) en dos ocasiones. Primero, entre octubre de 2012 y agosto de 2013, como analista de Planificación y Presupuesto. Luego, entre enero de 2016 y junio de 2017, fue Especialista de Seguimiento y Evaluación, y Directora de Seguimiento y Evaluación al Plan Nacional de Desarrollo (PND).

En respuesta a recientes denuncias sobre celebraciones realizadas en establecimientos de salud, el Ministerio de Salud Pública (MSP) expresó su rechazo absoluto hacia este tipo de actividades, las cuales considera contrarias a los valores fundamentales de la Red Pública Integral de Salud (RPIS). La información consta en un comunicado publicado este jueves, 2 de enero de 2025.

Mediante un comunicado oficial, el MSP reafirmó su compromiso con el derecho a la salud de los ecuatorianos y señaló que las acciones reportadas son inaceptables dentro de los espacios destinados al cuidado y bienestar de la población. “Los establecimientos de salud son lugares sagrados para la atención de las personas. Cualquier actividad que desvíe la misión principal de garantizar el bienestar ciudadano será sancionada conforme a la Ley”, destacó el organismo. Además, el MSP hizo un llamado al personal del Sistema Nacional de Salud para mantener un comportamiento ético y responsable, priorizando siempre una atención de calidad.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador evitó este lunes, 30 de diciembre del 2024, pronunciarse sobre una norma que obliga al presidente del país, Daniel Noboa, a tomar una licencia sin sueldo durante la campaña proselitista que arranca el próximo 5 de enero, y que ha levantado una ardua polémica entre el oficialismo y la oposición.

El Pleno del CNE decidió no acoger el pedido de la vocal del organismo Elena Nájera, quien solicitó que sea el Consejo el que ratifique la normativa ante la discusión política surgida el país y que podría acarrear consecuencias. Para el consejero Enrique Pita, la solicitud de su colega Nájera no era procedente porque las normativas constitucional y electoral son muy claras y el CNE no podría dar una interpretación de la ley, porque no es su función. Pita aseguró que el organismo podría pronunciarse, eso sí, si se produjera una infracción electoral por parte del candidato, ante lo cual elevaría la denuncia al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que es el juzgador en la materia.

La Defensoría Pública del Ecuador se suma al patrocinio legal de las familias de tres de los cuatro niños desaparecidos en el sector de Las Malvinas, en Guayaquil. En un comunicado conjunto con el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), las entidades indicaron que la integración de la Defensoría fue por pedido de las familias. Entre las primeras acciones realizadas por la Defensoría está, según señala el comunicado, poner a disposición los defensores del área de Víctimas, quienes acompañarán el llamado caso Malvinas.

“Desde el primer momento, la institución (Defensoría Pública) brindó respaldo a las familias con asesoramiento técnico, acompañamiento y contención emocional ”, señala la entidad. La Defensoría Pública del Ecuador también señaló que junto al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) participarán de la audiencia del caso Malvinas. Para el 31 de diciembre de 2024 está previsto que se instale la audiencia de formulación de cargos en el denominado caso Malvinas, donde se investiga una presunta desaparición forzada.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la censura y destitución de Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Con 70 votos se aprobó la moción en la sesión 995 realizada este viernes 27 de diciembre del 2024. El correísmo acusó a Guarderas por incumplimiento de funciones y se plantearon cuatro causales:

• Violación del deber de reserva y protección

• Abuso de poder y uso indebido de recursos públicos

• Presunto tráfico de influencias y violación de la independencia judicial

• P r e s u n t a falsificación de firma De acuerdo con la acusación de la asambleísta correísta, Ana Herrera, Guarderas habría utilizado «ilegítimamente» documentos del Cpccs para respaldar denuncias de corrupción.

Asimismo, señaló que utilizó su cargo para beneficiarse e interferir con la justicia en medio de un proceso penal por injurias seguido en su contra.

GUARDERAS REACCIONA Guarderas emitió un comunicado al respecto y tachó su cesura y destitución de un «golpe directo a los cimientos de la democracia y la justicia«. «El sistema ha demostrado ser manipulable, sometido al antojo de intereses oscuros que representan el regreso de las mafias, la corrupción y el narcotráfico«, escribió en un comunicado difundido en redes sociales. Aunque añadió que «este no es mi final» y que continuará «siendo la voz de quienes no se rinden». Se despidió y agradeció el apoyo de colectivos, ciudadanos y autoridades.