Daniel Noboa, presidente de la República, y Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa Nacional, presidieron la ceremonia de entrega de dos helicópteros Airbus H225 a la Fuerza Terrestre. El evento se realizó la mañana de este lunes, 2 de junio de 2025. Su objetivo es fortalecer la capacidad operativa y de respuesta inmediata ante los desafíos actuales en materia de seguridad. ¿Qué capacidades tienen los nuevos helicópteros?

Los helicópteros son de fabricación francesa y pueden transportar hasta 23 pasajeros. Tienen una carga útil de 4.500 kilogramos. Además tienen una autonomía de vuelo de hasta tres horas ininterrumpidas y su velocidad es de 280 kilómetros por hora. Posibilita la movilización eficiente de tropas a cualquier punto del país. También tiene capacidad de transporte de carga, suministro, vituallas y ayuda humanitaria. Pueden atender misiones de búsqueda, rescate y extinción de incendios, ya que cuenta con Bambi Bucket.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa contará nuevamente con una vocería oficial. La comunicadora y politóloga Carolina Jaramillo Garcés será la nueva portavoz del Ejecutivo, un cargo que no se ocupaba desde marzo de 2022, cuando concluyó la gestión de Carlos Jijón durante el mandato de Guillermo Lasso. La presentación oficial de Jaramillo tendrá lugar el lunes 2 de junio en el Palacio de Carondelet, en un acto que marcará el regreso de una figura clave para la comunicación gubernamental.

Su nombramiento busca fortalecer la difusión de mensajes institucionales, garantizar coherencia en la narrativa oficial y acercar la gestión pública a la ciudadanía. Carolina Jaramillo ha trabajado como segunda asesora de la Presidencia de la República y cuenta con una trayectoria sólida en comunicación política e institucional. En su nuevo rol, será la encargada de informar sobre las decisiones, políticas y acciones del Gobierno a través de ruedas de prensa, declaraciones oficiales y vocerías temáticas. Perfil profesional Jaramillo es licenciada en Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas por la Universidad San Francisco de Quito (2007), y obtuvo un máster en Ciencias Sociales con mención en Comunicación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en 2013.

Un ataque aéreo de las Fuerzas Armadas destruyó maquinaria de minería ilegal hallada en Alto Punino, provincia de Orellana. Así lo informó la institución militar. La intervención militar se llevó a cabo el 29 de mayo de 2025, según el Ejército ecuatoriano. Se trató de un ataque aéreo de superficie, con el lanzamiento de armamento aire – tierra desde aviones de combate. En Alto Punino se destruyeron maquinaria y campamentos de minería ilegal que previamente fueron inutilizados.

Asimismo, se realizaron patrullajes terrestres, con apoyo de aviones y helicópteros de las Fuerzas Armadas. Mil soldados han realizado la cobertura en la zona de alto riesgo. «La maquinaria e infraestructura que se encuentra en áreas de extracción ilegal de minerales, ligadas a los Grupos Armados Organizados (GAOs), fueron destruidos en su totalidad», escribió el Ejército en un comunicado. En la zona de Alto Punino, el 9 de mayo, 11 integrantes de una patrulla del Ejército de Ecuador fueron asesinados en una emboscada durante una operación contra la minería ilegal. El Gobierno declaró tres días de luto nacional y entregó condecoraciones post mortem.

Con el objetivo de mejorar la puntualidad y garantizar la presencia de los legisladores en las sesiones plenarias, la Asamblea Nacional implementará desde el 1 de junio un nuevo régimen de sanciones económicas para quienes incumplan con la asistencia o lleguen tarde a sus funciones. La disposición fue anunciada por el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, quien señaló que los registros de asistencia deberán realizarse electrónicamente desde los curules, mediante un sistema de control biométrico.

De acuerdo con la nueva normativa, los asambleístas que no registren su asistencia a tiempo sufrirán un descuento de USD 55,52 en su remuneración. En caso de ausencia total o de no registrar la huella digital, la sanción ascenderá a USD 158,63. La medida pretende corregir una práctica frecuente en el Legislativo, donde las sesiones del Pleno suelen retrasarse o incluso suspenderse por la falta de quórum. Esta resolución se enmarca en un esfuerzo por fortalecer la institucionalidad y la confianza en el trabajo parlamentario.