38 países ofrecieron asistencia internacional para enfrentar el conflicto armado contra los grupos terroristas en Ecuador. El presidente Daniel Noboa ha dicho que aceptó la ayuda de Estados Unidos y Argentina, cuya nación pretende enviar sus fuerzas de seguridad, pero ¿legalmente se puede recibir a tropas de otras naciones para operaciones en territorio nacional?. La Constitución en su Artículo 5 indica que “no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares”.

Nilsen Arias, quien fue el gerente internacional de Petroecuador en tiempo del correísmo, admitió ante un tribunal de Nueva York, Estados Unidos, que recibió sobornos de cuatro empresas. Según el reporte del portal estadounidense Bloomberg, Arias dijo en el banquillo de los testigos que había recibido sobornos de “determinadas empresas” a través de los hermanos Pere, consultores que operaban desde Miami y Ecuador y, según el caso estadounidense, fueron utilizados para canalizar sobornos a funcionarios ecuatorianos. Cuando se le pidió que nombrara las empresas, mencionó a Trafigura, Gunvor, Vitol y Sargeant Marine, una empresa estadounidense de asfalto que en 2020 se declaró culpable de cargos de soborno en Brasil, Venezuela y Ecuador.

La Dirección General del Consejo de la Judicatura, bajo la dirección de Jaime Canseco, solicitó a las Fuerzas Armadas militarizar las unidades judiciales y demás dependencias judiciales debido a la ola de violencia que vive el país.

Aunque este jueves el presidente Daniel Noboa anunció que tres cabecillas de la agrupacion delictiva Los Lobos serán trasladados a la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en Guayaquil, Televistazo confirmó que el centro no está funcionado porque aún tiene daños en su infraestructura, como se grabó desde los exteriores de la prisión. La cubierta quedó destruida desde el pasado 12 de septiembre, cuando la Policía detectó un drone con explosivos en el techo de esta cárcel, donde estaban recluidos seis extranjeros investigados por el crimen de Fernando Villavicencio.

Para el abogado Constitucionalista, André Benavides, la actual consulta popular está perdiendo “una oportunidad de oro” para cambiar la realidad del país. En una entrevista para Contacto Directo, sostuvo que se trata de una consulta “fría” que no aborda los puntos críticos que se deberían tratar. Aseguró que varias de las propuestas ya existen en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y otras requieren la “voluntad política” para presentar un proyecto de Ley que sea tramitado en la Asamblea Nacional. Puso como ejemplo el control de armas, que ya es una competencia de las Fuerzas Armadas. Por ello, aseguró que los resultados de la consulta popular “no va a cambiar absolutamente nada” la realidad nacional.