La Cancillería del Ecuador emitió un comunicado la mañana de este viernes 20 de septiembre en el que manifestó que Ecuador, en nombre de Argentina, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Uruguay efectuó hoy un “llamado urgente” en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para que el gobierno de Venezuela detenga la “represión intensificada tras las últimas elecciones”.

En el documento, la Cancillería instó al organismo internacional a que “se investiguen las graves violaciones a los derechos humanos, las cuales podrían constituir crímenes de lesa humanidad bajo la competencia de la Corte Penal Internacional, como señala la Misión Internacional de verificación de hechos de la ONU”. Los siete países hicieron un llamado a Venezuela a respetar los derechos humanos fundamentales a la vida, la libertad y la seguridad de reunión pacífica y asociación y a no ser sometida a detenciones arbitrarias, desaparición forzada, tortura u otros tratos o penas degradantes, con énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes.

El presidente Daniel Noboa propone una nueva reforma parcial a la Constitución. Se trata de los artículos 110 y 115 de la Constitución, según se informó este viernes, 20 de septiembre de 2024, a través de un comunicado. Los artículos mencionados están relacionados con la responsabilidad del Estado de financiar el funcionamiento de partidos y movimientos políticos.

Además de la obligación de financiar la difusión de su publicidad electoral. Con ello, el Gobierno prevé evitar el mal uso de recursos públicos que son otorgados a los candidatos “y que históricamente no han sido debidamente justificados y transparentados”. A su vez serán otorgados a áreas como salud, educación, seguridad y otros. La Presidencia de la República, en su comunicado, recalcó que esta reforma no afectaría a las próximas elecciones de 2025. En cumplimiento del proceso se envió el documento a la Corte Constitucional para su pronunciamiento sobre qué vía se tramitará. Luego volverá a la Asamblea para ser gestionada.

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral iniciará el proceso de fiscalización ante una posible manipulación del sistema de los datos de homicidios desde el 2008 hasta el 2023. La decisión se dio este viernes, 13 de septiembre de 2024. El objetivo de esta resolución es que se investigue, contraste y verifique el manejo, procesamiento y obtención de datos sobre homicidios, muertes violentas de intención no determinada, tasas de tráfico de menores y desaparición de personas. En ese sentido, se convocará a autoridades o sus delegados para que den información sobre el tema. Entre ellos, los representantes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la Fiscalía General del Estado y el Registro Civil. La resolución fue aprobada en la comisión con cinco votos a favor, una ausencia -Leonardo Berrezueta, de Revolución Ciudadana (RC)-, una abstención -Otto Vera, del Partido Social Cristiano (PSC), dos en contra -Alexandra Castillo, del PSC, y Alexandra Arce, de RC.

Ante la proliferación de incendios forestales a nivel nacional, el presidente Daniel Noboa remitió la objeción total del proyecto de Ley de Prevención y Defensa contra Incendios presentado por la Asamblea Nacional al detectarse errores de forma y de fondo para el funcionamiento de los Cuerpos de Bomberos. En un comunicado, la Presidencia confirmó haber recibido más de 50 cartas de Cuerpo de Bomberos a nivel nacional que expresaban su rechazo a esta normativa por “ser desprolija y no ajustarse a las reales necesidades de los elementos bomberiles”, señaló el documento. Las observaciones del veto tienen relación a la propuesta del Legislativo sobre la reducción de recursos de los cuerpos de bomberos en cada jurisdicción.

“La disminución de estos fondos limitaría la capacidad operativa y de respuesta de los bomberos, especialmente en tiempos de sequía y fuertes vientos”, se precisó en el comunicado de Presidencia. El Ejecutivo también cuestionó la decisión de la Asamblea sobre la eliminación del artículo del COESCOP que regula las infracciones de todas las entidades involucradas con la protección de la ciudadanía (policía, agentes de tránsito, vigilancia aduanera), entre otros. A través del veto se busca también legalizar a los bomberos voluntarios como servidores públicos. Esta propuesta fue desestimada por la Corte Constitucional que argumentó que los bomberos deben tener una alta profesionalización.