La Fiscalía General del Estado confirmó que la audiencia de formulación de cargos contra Aquiles A. y otras 25 personas se difirió para el 6 de noviembre de 2024. Los sujetos son investigados por su presunta participación en el delito de almacenamiento, transporte y comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos. La audiencia estaba prevista para este lunes 14 de octubre de 2024, pero el juez Jairo García, de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, decidió su postergación debido a un cambio en la defensa de los supuestos involucrados.

El caso, llamado Triple A, investiga a una serie de empresas que habrían estado involucradas en el comercio irregular de combustible. Según Julio José Neira, secretario general de Integridad Pública, el esquema habría generado un perjuicio de USD 94 millones al Estado ecuatoriano. Tras la investigación, la Agencia de Control y Regulación Hidrocarburífero suspendió la entrega de combustible a todas las empresas comercializadoras y distribuidoras de este grupo. En la Asamblea Nacional también se creó el Frente Parlamentario contra el Tráfico Ilegal de Combustible y sus Derivados, auspiciado por legisladores del oficialismo (Acuerdo Democrático Nacional, ADN), que investiga supuestas denuncias por contrabando.

La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha negó el recurso de apelación interpuesto por el expresidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fernando Muñoz, que fue removido por una mayoría de jueces. La sala penal decidió por mayoría, no aceptar la acción de protección y declararla improcedente. La decisión de destituir a Muñoz la tomaron de forma unánime los jueces Ivonne Coloma, Ángel Torres y Guillermo Ortega, quienes removieron a Muñoz del TCE el pasado 12 de agosto, por un supuesto incumplimiento a sus funciones durante el cargo.

Ante esta decisión, Fernando Muñoz dijo que la sesión para removerlo del cargo era “una sesión de amigos” y que “de cara a las futuras elecciones, hay intereses para tomarse este tribunal”. Desde ese día, la jueza Ivonne Coloma es la presidenta encargada del TCE y Ángel Torres sigue en la vicepresidencia. Al momento esta instancia ya se encuentra receptando los trámites de las apelaciones a las decisiones de las juntas provinciales electorales y del Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre las candidaturas para las elecciones de febrero de 2025.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), por unanimidad, negó el 9 de octubre una objeción presentada en contra de Carlos Rabascall y aprobó la calificación e inscripción de su candidatura presidencial por la Izquierda Democrática. Dicha objeción fue presentada por uno de los propios integrantes de la Izquierda Democrática, Paúl Desamblanc, quien alegaba que la postulación de Rabascall venía de un proceso irregular de primarias.

Esto fue desestimado por el CNE. No obstante, Desamblanc aún puede impugnar esta decisión ante el Tribunal Contencioso Electoral. Solo si el TCE niega la objeción, la candidatura de Rabascall estará en firme. De ocurrir esto, el TCE tiene 15 días para resolver el caso. Por ahora, solo cuatro candidatos no han recibido impugnaciones y su candidatura se encuentra en firme. Ellos son: Jorge Escala, de Unidad Popular; Andrea González, de Sociedad Patriótica; Daniel Noboa, de ADN; y Francesco Tabacchi, de CREO.