El presidente de la República, Daniel Noboa, emprenderá una nueva gira internacional entre el 24 de agosto y el 2 de septiembre de 2025, con destino a Japón y la República Socialista de Vietnam, acompañado por seis ministros de Estado y una comitiva de apoyo autorizada por la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete.

LA COMITIVA OFICIAL El Mandatario estará acompañado por: Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Franklin Palacios, ministro de Agricultura y Ganadería (viajará a Japón). Luis Jaramillo, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (a Japón). Inés Manzano, ministra de Energía y Minas (a Japón). Irene Vélez, secretaria General de Comunicación de la Presidencia. José Julio Neira, secretario General de Integridad Pública. Los viáticos y gastos de la delegación serán cubiertos con cargo al presupuesto de las instituciones a las que pertenecen los funcionarios.

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, cuestionó públicamente la ausencia de comunicación con la presidenta de Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, durante una entrevista en el programa Outsiders. Aguiñaga reveló que, pese a haber sido parte fundamental en la creación del movimiento político, no mantiene contacto directo con González. “Con la señora Luisa González no hablo jamás. Ella viene a Guayaquil y me manda terceros; tiene mi número, que me llame. No he recibido ni una llamada”, declaró.

La prefecta precisó que su distanciamiento no es con la organización en sí, sino con “ciertos personajes” de la dirigencia nacional. Recordó además que permaneció en el movimiento cuando otros se alejaron: “No soy improvisada en la Revolución Ciudadana. Resistimos cuando algunos huyeron y negaron a Correa”. Durante la entrevista, Aguiñaga también se refirió a la carta enviada al expresidente Rafael Correa, la cual describió como “respetuosa y de preocupación”. Sin embargo, lamentó que el documento haya sido filtrado sin su autorización. Según explicó, la misiva buscaba exponer la falta de diálogo entre las autoridades locales y la dirigencia nacional.

El correísmo volvió a abrirse un nuevo frente en su crisis interna, con una disputa entre Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, por una controvertida obra en la avenida del Bombero, en el sector Los Ceibos. La noche del 14 de agosto de 2025, Álvarez fustigó contra su compañera de la Revolución Ciudadana (RC5)  movimiento por el que ambos llegaron al cargo luego de que la Prefectura del Guayas solicitara al Municipio retirar el material que obstruye las vías y ejecute los rellenos en las áreas intervenidas, tras el inicio de un procedimiento administrativo sancionador iniciado por el Ministerio de Ambiente.

Tras la publicación, Álvarez señaló que la entidad provincial se arroga funciones que no le corresponden y sin mencionar a Aguiñaga la calificó como alguien que quiere jugar a ser «emperadora» y es una «marioneta del poder». «Ella también pierde, pues quiere jugar a ser alcaldesa y, peor aún, actúa como marioneta del poder central», dijo el burgomaestre. De hecho señaló que la actuación de la Prefectura constituiría en un posible delito de peculado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado al Estado ecuatoriano tres meses para que se pronuncie sobre las causas por las que el expresidente Abdalá Bucaram fue destituido del cargo por el entonces Congreso Nacional en febrero de 1997.

El pedido se realiza en el marco de una demanda interpuesta en 2015 por Bucaram ante la CIDH, en la que pide que se declare responsable al Estado por la violación a sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la integridad personal, entre otros, al haber sido destituido de la Presidencia por una supuesta «incapacidad mental» y sin un juicio político que le permitiera ejercer su derecho a la defensa.

La solicitud de información fue notificada el pasado lunes al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y en su respuesta el Estado deberá explicar si el proceso fue legal y señalar si acepta los hechos denunciados por Bucaram o si los rechaza, según explicó este miércoles a EFE el abogado del expresidente, Jorge Sosa.