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Pocas horas antes del cierre del debate, los funcionarios municipales Fernando Obregón y Eduardo Mero Salinas fueron detenidos mientras instalaban propaganda ofensiva contra el Gobierno en Guayaquil
La audiencia que definirá el futuro político de la vicepresidenta Verónica Abad se lleva a cabo este lunes 24 de marzo de 2025 en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con tomar medidas contra aquellos abogados y equipos legales que presenten demandas contra medidas migratorias adoptadas por su Administración, en un nuevo intento por expandir el poder del Ejecutivo.
La comisión ocasional encargada de tramitar el proyecto de reforma parcial para permitir la instalación de bases extranjeras militares en Ecuador sesionó para establecer el cronograma de trabajo y elaborar el informe para el segundo y definitivo debate.
Más de 1.000 personas participaron este domingo 23 de marzo en las primeras horas de Ruta Centro, una ciclovía recreativa que consiste en la peatonalización de vías como Malecón así como presentaciones artísticas y emprendimientos.
El Consejo de la Judicatura impulsa iniciativas para fortalecer el sistema judicial y fomentar el análisis y la reflexión sobre temas clave en el ámbito jurídico. En este marco, el 21 de marzo de 2025, en el Complejo Judicial Norte de Quito, se presentó el libro El error judicial en la acción extraordinaria de protección, de Verónica Hernández y Álvaro Contreras.
En la pequeña tarima dispuesta en el hall de los edificios públicos se definió el escenario para el Debate Presidencial 2025. Desde el primer momento, la candidata del correísmo, Luisa González, lanzó una declaración desafiante: “¿Pidió o no pidió licencia?”. Mientras tanto, el presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, optó por el silencio.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el Fondo de Promoción Electoral para la Segunda Vuelta de las Elecciones Generales 2025, por un monto de USD 1.010.641,06 más IVA. Estos recursos serán compartidos entre los dos binomios presidenciales que disputarán la segunda vuelta, conforme lo establece la ley.
El fondo incluye un incentivo por alianzas y busca asegurar que los candidatos difundan sus propuestas en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales de forma equitativa e igualitaria. La distribución se ampara en lo dispuesto por la Constitución de la República, el Código de la Democracia y el Reglamento de Promoción Electoral. El CNE precisó que el fondo estará disponible durante la campaña electoral, que se llevará a cabo entre el 23 de marzo y el 10 de abril de 2025, período durante el cual los candidatos podrán promocionar sus planes de gobierno en el marco de las normas establecidas.
El presidente Daniel Noboa ordenó una compensación económica preliminar para las familias afectadas por la reciente rotura del SOTE, ocurrida el pasado 13 de marzo en la provincia de Esmeraldas. La medida se formalizó este 22 de marzo mediante el Decreto Ejecutivo No. 577, que dispone a EP Petroecuador entregar una indemnización inicial como parte del compromiso del Gobierno con las comunidades perjudicadas. Cada grupo familiar afectado recibirá, a través del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, un pago equivalente a un salario básico unificado.
Este monto se otorgará como apoyo inmediato, y posteriormente se considerará dentro del proceso de cuantificación real de los daños ocasionados por el derrame. El Gobierno dijo que la población afectada no deberá esperar años en litigios para acceder a una reparación. “El Gobierno de Daniel Noboa lo hace de inmediato vía decreto ejecutivo”, señala el comunicado oficial. Petroecuador, empresa pública responsable del oleoducto, trabajará de forma coordinada con otras entidades del Estado para identificar a los beneficiarios, gestionar los recursos y ejecutar los pagos correspondientes. Asimismo, se iniciarán procesos para evaluar y reparar los daños ambientales provocados por el incidente.
El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, así como el excandidato presidencial de esa organización política, Henry Kronfle, niegan haber llegado a un acuerdo con la Revolución Ciudadana (RC) para concretar el juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, un proceso que finalmente quedó archivado en septiembre de 2024. La revisión del celular del exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Augusto Verduga, uno de los cuatro procesados por presunta asociación ilícita en el caso denominado Ligados, expuso una conversación grupal en la que participan, entre otros, la asambleísta del correísmo Jahiren Noriega.
“Hablé hasta con Nebot”, se lee en uno de los extractos de las conversaciones que se sitúa a mediados de mayo de 2024. Noriega explicó que esa respuesta ocurrió en el marco de diálogos para intentar buscar la aprobación de una resolución parlamentaria para que el Gobierno de Daniel Noboa transparente el acuerdo que Ecuador mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y no para buscar apoyos para el juicio político contra la fiscal Salazar.
“Mi conversación nada tenía que ver con el juicio político en mención”, acotó la legisladora en su cuenta en X. Por su parte, Nebot indicó que vincular esta conversación a una supuesta conspiración contra Salazar es una “calumnia y vileza”. “Los hechos han demostrado, reiteradamente hasta el aburrimiento, que jamás hemos votado por la destitución de la fiscal general”, apuntó. De su lado, Kronfle señaló que el supuesto vínculo con el correísmo para ese propósito es “otra mentira más”. En septiembre de 2024, los procesos de juicio político contra Salzar quedaron archivados con 76 votos de asambleístas del PSC, Construye, ADN e independientes. En contraparte, 45 parlamentarios del correísmo querían que la funcionaria sea sometida al escrutinio de la Asamblea Nacional.
Pocas horas antes del cierre del debate, los funcionarios municipales Fernando Obregón y Eduardo Mero Salinas fueron detenidos mientras instalaban propaganda ofensiva contra el Gobierno en Guayaquil
La audiencia que definirá el futuro político de la vicepresidenta Verónica Abad se lleva a cabo este lunes 24 de marzo de 2025 en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con tomar medidas contra aquellos abogados y equipos legales que presenten demandas contra medidas migratorias adoptadas por su Administración, en un nuevo intento por expandir el poder del Ejecutivo.
La comisión ocasional encargada de tramitar el proyecto de reforma parcial para permitir la instalación de bases extranjeras militares en Ecuador sesionó para establecer el cronograma de trabajo y elaborar el informe para el segundo y definitivo debate.
Más de 1.000 personas participaron este domingo 23 de marzo en las primeras horas de Ruta Centro, una ciclovía recreativa que consiste en la peatonalización de vías como Malecón así como presentaciones artísticas y emprendimientos.
El Consejo de la Judicatura impulsa iniciativas para fortalecer el sistema judicial y fomentar el análisis y la reflexión sobre temas clave en el ámbito jurídico. En este marco, el 21 de marzo de 2025, en el Complejo Judicial Norte de Quito, se presentó el libro El error judicial en la acción extraordinaria de protección, de Verónica Hernández y Álvaro Contreras.
En la pequeña tarima dispuesta en el hall de los edificios públicos se definió el escenario para el Debate Presidencial 2025. Desde el primer momento, la candidata del correísmo, Luisa González, lanzó una declaración desafiante: “¿Pidió o no pidió licencia?”. Mientras tanto, el presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, optó por el silencio.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el Fondo de Promoción Electoral para la Segunda Vuelta de las Elecciones Generales 2025, por un monto de USD 1.010.641,06 más IVA. Estos recursos serán compartidos entre los dos binomios presidenciales que disputarán la segunda vuelta, conforme lo establece la ley.
El fondo incluye un incentivo por alianzas y busca asegurar que los candidatos difundan sus propuestas en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales de forma equitativa e igualitaria. La distribución se ampara en lo dispuesto por la Constitución de la República, el Código de la Democracia y el Reglamento de Promoción Electoral. El CNE precisó que el fondo estará disponible durante la campaña electoral, que se llevará a cabo entre el 23 de marzo y el 10 de abril de 2025, período durante el cual los candidatos podrán promocionar sus planes de gobierno en el marco de las normas establecidas.
El presidente Daniel Noboa ordenó una compensación económica preliminar para las familias afectadas por la reciente rotura del SOTE, ocurrida el pasado 13 de marzo en la provincia de Esmeraldas. La medida se formalizó este 22 de marzo mediante el Decreto Ejecutivo No. 577, que dispone a EP Petroecuador entregar una indemnización inicial como parte del compromiso del Gobierno con las comunidades perjudicadas. Cada grupo familiar afectado recibirá, a través del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, un pago equivalente a un salario básico unificado.
Este monto se otorgará como apoyo inmediato, y posteriormente se considerará dentro del proceso de cuantificación real de los daños ocasionados por el derrame. El Gobierno dijo que la población afectada no deberá esperar años en litigios para acceder a una reparación. “El Gobierno de Daniel Noboa lo hace de inmediato vía decreto ejecutivo”, señala el comunicado oficial. Petroecuador, empresa pública responsable del oleoducto, trabajará de forma coordinada con otras entidades del Estado para identificar a los beneficiarios, gestionar los recursos y ejecutar los pagos correspondientes. Asimismo, se iniciarán procesos para evaluar y reparar los daños ambientales provocados por el incidente.
El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, así como el excandidato presidencial de esa organización política, Henry Kronfle, niegan haber llegado a un acuerdo con la Revolución Ciudadana (RC) para concretar el juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, un proceso que finalmente quedó archivado en septiembre de 2024. La revisión del celular del exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Augusto Verduga, uno de los cuatro procesados por presunta asociación ilícita en el caso denominado Ligados, expuso una conversación grupal en la que participan, entre otros, la asambleísta del correísmo Jahiren Noriega.
“Hablé hasta con Nebot”, se lee en uno de los extractos de las conversaciones que se sitúa a mediados de mayo de 2024. Noriega explicó que esa respuesta ocurrió en el marco de diálogos para intentar buscar la aprobación de una resolución parlamentaria para que el Gobierno de Daniel Noboa transparente el acuerdo que Ecuador mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y no para buscar apoyos para el juicio político contra la fiscal Salazar.
“Mi conversación nada tenía que ver con el juicio político en mención”, acotó la legisladora en su cuenta en X. Por su parte, Nebot indicó que vincular esta conversación a una supuesta conspiración contra Salazar es una “calumnia y vileza”. “Los hechos han demostrado, reiteradamente hasta el aburrimiento, que jamás hemos votado por la destitución de la fiscal general”, apuntó. De su lado, Kronfle señaló que el supuesto vínculo con el correísmo para ese propósito es “otra mentira más”. En septiembre de 2024, los procesos de juicio político contra Salzar quedaron archivados con 76 votos de asambleístas del PSC, Construye, ADN e independientes. En contraparte, 45 parlamentarios del correísmo querían que la funcionaria sea sometida al escrutinio de la Asamblea Nacional.
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