La administración de justicia vuelve a dar de qué hablar, para nada bueno, por supuesto. La forma en la que el poder político evita a toda costa aflojar la presidencia del Consejo de la Judicatura es preocupante y debe obligar a todos los ciudadanos a preguntarse: ¿por qué están tan atornillados a ese puesto? Tal vez la respuesta es muy obvia, pero no deja de ser una pregunta justa a la que solo el tiempo dará la respuesta correcta.

El país no puede seguir esperando indefinidamente la depuración de los cuerpos de seguridad del Estado ni de las compañías privadas encargadas de proteger a ciudadanos y entidades públicas. La infiltración de grupos criminales en estas instituciones no es una sospecha aislada, sino una realidad que se refleja en el incremento de extorsiones, secuestros y asesinatos.

Son públicos los viajes oficiales recientes que el presidente de la República ha realizado. Inquieta que los anuncios de las salidas del país no vengan acompañadas de una agenda previa para que los ciudadanos conozcan qué hará, con quiénes se reunirá, sobre qué conversarán y qué beneficios obtendrá el país de estos importantes encuentros.

La depuración de malos elementos no puede seguir siendo un discurso selectivo ni una cortina de humo para tranquilizar a la opinión pública. El problema no se limita a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional. La infiltración criminal ha alcanzado a todas las instituciones que portan uniforme: cuerpos de bomberos, policías municipales, agentes de tránsito y cualquier entidad…

La sorpresiva elección del nuevo presidente de la organización regional de los pueblos indígenas kichwas del país reabre un debate que ha sido postergado. Más que un relevo interno, constituye una señal del rumbo que podría tomar el movimiento social con mayor capacidad de presión en el Ecuador. El dirigente que asume llega con un historial de confrontación.

Las recientes notificaciones fitosanitarias emitidas por la Unión Europea contra frutas ecuatorianas no deben ser vistas como simples llamados de atención administrativos, sino como señales de alerta que deben exigir una respuesta inmediata de las autoridades. El uso persistente de agroquímicos vetados por nuestros principales socios comerciales..

El concurso para la selección del nuevo fiscal general aún no inicia oficialmente, pero desde ya hay una gran certeza: el resultado será una autoridad con escasa legitimidad. Si ese será el resultado, independientemente del nombre, la Fiscalía está condenada a contar con una nueva autoridad con nula probidad y cuyas decisiones estarán en tela de duda.

La paralización de la Agencia Nacional de Tránsito pone en evidencia una vez más la frágil institucionalidad del país, que termina perjudicando siempre al ciudadano y a la economía formal. La suspensión de actividades de la ANT por investigaciones sobre presuntas irregularidades tiene el objetivo loable de erradicar prácticas corruptas, pero la medida genera costos que no deben ignorarse.