La corrupción en Ecuador ya ni siquiera se oculta: se formaliza. El uso de documentos oficiales para encubrir
fraudes con total descaro se ha convertido en una práctica común, especialmente cuando se trata de recursos públicos destinados a la salud. Un caso recurrente y alarmante es el de pacientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) derivados a prestadores externos. Tras meses de espera, muchos llegan puntualmente a sus citas solo para descubrir que, según los registros, ya fueron atendidos.

La pobre calidad del servicio público es un problema estructural del que poco se habla en Ecuador. Los problemas que causa la poca atención que se da a los servicios básicos que deben funcionar para que todo lo demás funcione, son graves e impiden el desarrollo. Entre estos, están los servicios que debe brindar el Registro Civil que desde hace varios años dejaron de funcionar de manera eficiente. Pese a que el sistema se ha ido digitalizando para mejorar la atención,

El tráfico de oro es uno de los puntos débiles de la vigilancia estatal. La minería ilegal está atada a la extracción de este metal precioso, advierten organismos internacionales que investigan el proceso criminal en Ecuador, también atado al lavado de activos. Los agentes y analistas internacionales han determinado cuatro puntos que deben ser vigilados por el Estado ecuatoriano. El primero tiene que ver con la logística. Y es que es un error confundir a la minería ilegal con la que antes llamaban “artesanal”.

La ola de criminalidad que azota al país crece sin freno, pese a los esfuerzos que el Gobierno central asegura estar realizando. Cada nuevo acto violento -como el reciente atentado con explosivos en la Bahía- deja víctimas y socava la confianza ciudadana en las instituciones, deslegitimando además el mandato democrático expresado en las urnas. No se puede permitir que logren su objetivo. Es urgente una estrategia distinta, más contundente y efectiva, que devuelva la paz a los hogares ecuatorianos.

El Gobierno nacional ha tomado una decisión importante al retirar el subsidio al diésel para la flota atunera industrial, un sector que en los últimos años ha demostrado tener un músculo financiero suficiente para empezar a sostenerse sin ayuda del Estado. Esta política, que acompañada de medidas compensatorias pueden fortalecer el liderazgo de esta industria en el mercado internacional, debe marcar un precedente clave para futuras decisiones similares.

La política comunicacional del Gobierno Nacional parece tomar el rumbo de la propaganda. Los indicios están sobre la mesa. La contratación de personas muy cercanas al correísmo en puestos claves, y una Secretaría de Comunicación más interesada en la imagen presidencial que en comunicar las políticas y decisiones del Gobierno Nacional no dan mucho optimismo. Los votantes eligieron una nueva formade hacer política y al menos en lo comunicacional se reeditan prácticas del pasado. Dejando de lado los discursos insultantes y las sabatinas, se mantienen los silencios y los vetos a algunos ministros para conceder entrevistas a medios de comunicación,