España atraviesa una de sus mayores crisis políticas de los últimos 40 años. La cúpula del poder en ese país, en manos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), enfrenta graves casos de corrupción por cabildeo, coimas y sobornos. Los casos involucran tanto a la esposa del presidente Pedro Sánchez como a jerarcas de esa tienda política incluso involucrados con redes de prostitución; el último escándalo toca al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, reciente adalid de la izquierda, quien escondía joyas, piedras preciosas y otros artículos de lujo. Los tres casos muestran el mismo mecanismo de corrupción: políticos poderosos articulan las aspiraciones de enriquecimiento de un grupo con los fondos públicos y, para ello, usan su impunidad para apropiarse del dinero estatal. Rodríguez Zapatero está acusado de tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental, blanqueo de capitales y cohecho, en coordinación con el gobierno de Venezuela, como centro de operaciones. Y todos han empezado a huir de él. Su caso demuestra, una vez más, que ningún político es tan grande como para burlar a la justicia cuando esta es autónoma e independiente. Ecuador ha visto casos similares. El país tuvo un expresidente que acumuló enorme poder y que hoy continúa prófugo en Europa. En estos casos, la caída no es solo judicial. Políticamente, y con el tiempo, terminan solos. El expresidente español, el socialista Felipe González, pide nuevas elecciones en su país este año. Lo hace pese a que las encuestas anuncian el triunfo de la derecha. La tolerancia a la corrupción no suele venir de la ciudadanía, sino del grupo que rodeaba a quién termina cayendo en picada.

Si casi el 10 por ciento del presupuesto nacional se destina a educación, resulta inadmisible que cada inicio de clases venga acompañado de ‘colaboraciones voluntarias’ que, en la práctica, son imposiciones disfrazadas. Un pupitre roto, un techo con filtraciones o baterías sanitarias destruidas son señales claras de abandono estatal. Escuelas deterioradas reflejan abandono estatal Lo más grave es que esta carga cae sobre familias que sobreviven con enormes sacrificios. Padres que apenas logran cubrir alimentación, transporte o arriendo terminan financiando responsabilidades que corresponden exclusivamente al Estado. Quitarle parte del ingreso a un hogar humilde para suplir la negligencia gubernamental es profundamente cruel. El impacto económico del regreso a clases en hogares humildes Muchos estudiantes llegan a clases mal alimentados, con carencias básicas y en contextos de precariedad extrema. Aun así, se les exige a sus familias cubrir reparaciones y adecuaciones escolares como si fueran obligaciones normales. No lo son. La educación pública no puede ser una cadena interminable de gastos encubiertos. Cuando los padres terminan sosteniendo lo que el Estado abandona, queda claro que el problema es la falta de gestión, control y prioridades. Y eso, en un país que repite hasta el cansancio que “la educación es primero”, resulta imperdonable.