La conmemoración del Día del Trabajo invita a una reflexión nacional sobre la realidad que enfrentan los empleados, desempleados y el empresario. No han importado las advertencias que se han dado desde hace ocho años para ajustar el régimen laboral, el sistema tributario y el societario, con el fin de ayudar a los negocios que pueden dar trabajo a más personas. Las últimas cifras oficiales dejan ver un mercado que se deteriora. Apenas 3,2 millones de personas tienen empleo formal, con salario mínimo o más y trabajan, al menos, ocho horas diarias. Pero 5,2 millones de ecuatorianos están en la informalidad y cerca de 273.000 personas están en el desempleo. Es decir, 6 de cada 10 personas en capacidad de trabajar tienen empleos precarios o no tienen ninguna actividad. Esta situación se convierte en una crisis porque el ecuatoriano gana menos. El ingreso promedio de una persona con trabajo es de $463,2, cuando el salario básico es de $482. Esta realidad no es sostenible en el largo plazo porque crea más pobreza. Los cambios son necesarios para que la informalidad y la precariedad se reduzcan. Por eso, quienes marchan ahora son parte del grupo de privilegiados que tienen la oportunidad, incluso, de organizar sindicatos. Pero esos 5,2 millones de ecuatorianos necesitan un cambio de leyes laborales. Los sindicatos y empresarios deben entender que el sistema actual colapsó. Incluso debe ajustarse el régimen para las empresas, que no pueden sobrevivir y no se atreven a invertir libremente para crear plazas. El sector privado tiene un impuesto a la renta corporativa del 36%, la más alta de la región. Además, el Impuesto a la Salida de Divisas del 5%. Desde 2007 se han producido 20 grandes cambios tributarios, y otros impuestos temporales. Esto quiere decir que las empresas tienen dificultades para hacer negocios y, por lo tanto, crear empleo. Proteger el trabajo es tarea de las autoridades, en primera instancia, pero también de los sindicatos y de los empresarios. Ante el silencio de las autoridades sobre los cambios profundos, lo adecuado es que la ciudadanía, sindicalistas, empresarios y la academia definan los cambios que deben producirse. El país lo necesita.

Un nuevo feriado llega, pero esta vez con un sabor distinto. El toque de queda en nueve provincias y cuatro municipios, como parte de la ofensiva contra las organizaciones criminales que entrará en vigor este domingo 3 de mayo, cambia el ánimo habitual de estas jornadas de descanso. Este puente vacacional, que normalmente impulsa a miles de personas a salir hacia balnearios y destinos turísticos en busca de relax, podría verse afectado por varios factores. Entre ellos, el inicio del año lectivo en la región Costa-Insular, que implica nuevos gastos para las familias en uniformes, útiles y libros, y también el temor a una posible escalada de violencia antes de que empiece la medida de emergencia. Los operadores turísticos reconocen que la afluencia de visitantes entre jueves y domingo dependerá en buena medida del bolsillo de los ecuatorianos. Aunque el Gobierno ha dispuesto nuevamente la rebaja del IVA al 8 % para dinamizar el sector, como ocurrió en el feriado de Año Nuevo, la decisión de viajar no solo pasa por promociones o descuentos, sino por la percepción de seguridad y estabilidad. El turismo necesita confianza para moverse. Y mientras el país siga debatiéndose entre la necesidad de descanso y el miedo a la inseguridad, ningún incentivo será suficiente para reactivar plenamente la actividad.