La campaña electoral para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) comenzó este jueves 12 de noviembre de 2026 con actos y recorridos de candidatos. En Manabí, el presidente Daniel Noboa participó en Portoviejo en el lanzamiento nacional de ADN, en el coliseo La California, junto a Marcos Zambrano (Prefectura de Manabí) y Leonel Muñoz (Alcaldía de Portoviejo). La asambleísta Valentina Centeno pidió respaldar a los candidatos y destacó su preparación. Noboa llamó a votar por la lista 7 para prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales; vinculó la campaña con la gestión local, la lucha contra el crimen organizado, la pobreza y la violencia, y pidió coordinación entre Gobierno, prefecturas y municipios para garantizar agua potable y acabar con las mafias de los tanqueros.

“Seguiremos asumiendo esos riesgos”, dijo. En Quito, Jorge Yunda (Avanza, lista 8) inició su campaña con un recorrido por el centro histórico y una concentración en el bulevar 24 de Mayo, acompañado por Carla Cevallos, candidata a la Prefectura de Pichincha. Yunda priorizó seguridad y empleo; Cevallos llamó a evitar divisiones, polarización e insultos. Wilson Merino, candidato a la Alcaldía, inició con un vuelo en parapente. Gema Ormaza (PSC, lista 6), candidata a la Prefectura de Pichincha, presentó propuestas para usar tecnología y coordinar instituciones en la gestión pública. En Guayaquil, Mónica Luzárraga, candidata a la Alcaldía, comenzó con una concentración en la plaza Centenario y una caminata. La campaña durará quince días, concluirá el 26 de noviembre y las elecciones serán el domingo 29. Se elegirán prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales, vocales de juntas parroquiales rurales e integrantes del CPCCS para 2027-2031.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que Ronald Farfán, candidato a la Alcaldía de Huaquillas, y Christiam Rugel, candidato a concejal urbano de ese cantón de El Oro       —ambos asesinados este lunes—, sí estarán en la papeleta electoral, pues a estas alturas es imposible realizar una nueva impresión. Según el Código de la Democracia, la organización política, en este caso la alianza Fuerza Fronteriza Lista 88-102, podrá elegir un nuevo candidato que reemplace a Farfán.

“De acuerdo a la ley, la organización política tiene derecho a solicitar el reemplazo. Si existe un reemplazo, los votos que se asignan a la persona fallecida se adjudican o computan al reemplazo”, explicó José Cabrera, presidente del CNE. En el caso de Rugel, el movimiento político también deberá buscar un reemplazo, mientras que Rocío Pulla continuará como suplente. El CNE no cambiará nombres ni fotos: hasta este martes el 86 % de las papeletas —más de 72 millones— ya están impresas, incluidas las de Huaquillas. En 2023, tras el asesinato de Fernando Villavicencio, Construye eligió a Christian Zurita como reemplazo y los votos se contabilizaron con las papeletas ya impresas con la foto del fallecido..

“Ecuador y Marruecos firmaron el 9 de noviembre de 2026, en Rabat, un acuerdo para eliminar la visa a ecuatorianos con pasaporte ordinario y una hoja de ruta de cooperación 2026-2028. Lo suscribieron los cancilleres Roberto Kury y Nasser Bourita. La exoneración no regirá de inmediato: Marruecos debe completar trámites internos, lo que podría tomar hasta un mes.

La agenda incluyó reducir aranceles a productos ecuatorianos, con lista por definir; impulsar el Comité Conjunto Económico y Comercial, de forma virtual; y avanzar en turismo, comercio, inversiones, agroindustria y renovables. Marruecos prevé donar 2.000 toneladas de fertilizantes y abrir una embajada en Quito, sin fecha.

Ecuador respaldó la soberanía marroquí sobre el Sáhara y su propuesta de autonomía; la ONU considera el territorio no autónomo y el Polisario reclama independencia. También se abordaron seguridad, narcotráfico y cadenas logísticas. Los resultados constan en un comunicado conjunto. Se busca ampliar la relación bilateral.”

Con 82 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional dispuso fiscalizar la contratación pública de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) de Quito, en el Caso Asfalto de Oro. La Comisión de Fiscalización y Control Político tendrá 60 días para presentar conclusiones. La resolución, propuesta por la asambleísta Jhajaira Urresta, permite solicitar expedientes e informes y convocar a autoridades y expertos.

La Fiscalía investiga dos contratos de obra pública de 2024 por más de USD 4 millones. El caso cobró fuerza tras denuncias del concejal Michael Aulestia por presunto peculado y lavado de activos, con procesos observados por unos USD 65 millones. El 21 de octubre hubo allanamientos en el Municipio de Quito, la EPMMOP, un consorcio en Rumiñahui y el despacho de un abogado. La causa sigue aún en investigación penal. El Municipio defendió la legalidad de sus procesos y dijo que colaboró. La resolución se remitirá al Municipio, EPMMOP, Quito Honesto, SERCOP y AME.

Los prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales que se ausenten más de 90 días continuos perderán su cargo, según las reformas al Cootad aprobadas por la Asamblea. La norma unifica 14 propuestas para regular funciones y transparencia de autoridades seccionales. Ahora pasará al presidente Daniel Noboa para sanción o veto. La reforma define límites estrictos al ejercicio del cargo y organiza las responsabilidades del cuerpo edilicio. Fue tramitada en la Comisión de Gobiernos Autónomos que preside Cristian Benavides y busca fortalecer la gestión de los GAD y mejorar la calidad de vida.

Establece que la ausencia temporal no podrá superar los 90 días; que los concejales tendrán jornada de 40 horas semanales y facultad de exigir documentación para fiscalizar; causales claras de cese; y atribuciones de viceprefectos. También incorpora transparencia y modernización: sesiones de órganos legislativos locales transmitidas en vivo por plataformas digitales; ventanillas electrónicas para trámites; venta directa de predios a arrendatarios y posesionarios de asentamientos consolidados; y competencias e incentivos para redes de telecomunicaciones. En seguridad y territorio, fija requisitos para crear cantones y parroquias rurales; asigna a los GAD la gobernanza de seguridad y convivencia; obliga al Plan Provincial de Seguridad y Convivencia; y establece medidas para prevenir violencia y reducir riesgos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no acusó por delincuencia organizada a Jorge Salomón Fadul, exasambleísta de El Oro, detenido hace ocho meses en el operativo Costa Azul, que incautó un millón de dólares e investigó una red vinculada a la mafia albanesa.

Fadul fue sobreseído; otros 15 procesados irán a audiencia preparatoria. En marzo, Reimberg y la FGE anunciaron el operativo contra una red que contaminaba contenedores con droga para Europa. Se incautaron 7,4 toneladas y la afectación fue de USD 346 millones. Fadul tenía arresto domiciliario por afección cardíaca.

El 25 de agosto, el fiscal Almeida emitió un dictamen abstentivo: un informe policial halló que Fruta Rica S.A., de Fadul, exportó banano en mayo de 2025 en un contenedor con droga, pero no identificó relación con los demás procesados. El 30 de septiembre, la jueza Rodríguez dictó el sobreseimiento. La audiencia de los 15 investigados estaba prevista para octubre.

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó, con ocho votos, el informe de la Proforma del Presupuesto General del Estado 2027 y la Programación Cuatrianual 2027-2030. El documento pasará a la Presidencia para incluirlo en el orden del día y tratarlo en un solo debate. Recomienda aprobarlo por cumplir la Constitución y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. La proforma asciende a USD 50.213,09 millones.

Incluye preasignaciones de USD 6.681,29 millones para educación; USD 5.855,94 para salud; USD 4.825,15 para GAD; y USD 1.443,35 para universidades. El Plan Anual de Inversiones contempla USD 3.000 millones para los 258 proyectos. Valentina Centeno, presidenta de la Comisión, dijo que 2027 será el año de la inversión. Priorizó más recursos para universidades y GAD, bonos para más de dos millones de personas y vivienda. El Ejecutivo remitió la proforma el 30 de octubre de 2026; el CAL la envió a la Comisión, que en diez días aprobó el informe.

El Gobierno Nacional ha entregado 1.194 bombas de agua a productores de distintas regiones, con una inversión de USD 930.100, para reducir las pérdidas agrícolas causadas por lluvias e inundaciones. El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Bernardo Cordovez, dijo que la prioridad es proteger las cosechas y el sustento de las familias rurales: “Cuando las lluvias amenazan una cosecha, también ponen en riesgo el sustento de toda una familia.

Por eso, la respuesta no puede esperar”. Del total, 895 bombas fueron a la Costa; 259, a la Sierra y la Amazonía; y 40, a Galápagos. Los equipos buscan evacuar el agua acumulada, reducir el tiempo de inundación y evitar daños en cultivos y zonas productivas. Costa concentra la mayor parte de los equipos; la inversión pública acumulada asciende a USD 930.100 y el programa se amplió más en las últimas semanas, según balance oficial de hoy. El Ministerio continuará desplegando equipos y asistencia donde el clima amenace la actividad productiva.

El Concejo de Vinces aprobó por unanimidad una licencia sin remuneración de hasta 60 días para el alcalde Juan Alfonso Montalván Cerezo, quien sigue con prisión preventiva por presunto lavado de activos. La decisión se tomó el 30 de octubre de 2026, dos días después de su detención. Mientras dure la licencia, la vicealcaldesa Daniela Sauhing asumirá temporalmente la Alcaldía. Montalván solicitó el permiso, que no implica renuncia y le permite atender su situación judicial.

Fue detenido el 28 de octubre en el operativo Gran Fénix 066, ejecutado por la Fiscalía y la Policía en Los Ríos, Guayas y Azuay. Hubo allanamientos en varios inmuebles, incluido el Municipio de Vinces. La investigación apunta a una presunta estructura de lavado de activos vinculada a su entorno familiar y empresarial, con movimientos de unos $3,22 millones. Un juez dictó prisión preventiva para él y otras nueve personas; dos recibieron medidas alternativas. Aún sigue privado de libertad y no se informó de su excarcelación.

Más de dos millones de personas pobres o vulnerables reciben transferencias monetarias en Ecuador, según José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública. El ministerio de Desarrollo Humano tiene un presupuesto anual superior a 2.300 millones de dólares; la inversión acumulada en bonos y pensiones llega a 3.700 millones y en 2026 supera los 1.011 millones, la mayor desde 2008, según su balance.

Unas 986.000 personas reciben el Bono de Desarrollo Humano; 274.000 niños, desarrollo infantil; 303.000 adultos mayores pobres, 100 dólares mensuales; y 37.000 personas con discapacidad, atención integral. Se entregaron 152.000 créditos por 144 millones, con 94 % de beneficiarias mujeres. Jóvenes en Acción prevé 700.000 participantes que recibirán 800 dólares, aunque los pagos no están totalmente ejecutados. También se reportaron 97.000 bonos de emergencia. No se detalla bien qué montos están ejecutados, comprometidos o previstos, ni si ya hay beneficiarios en más de un programa.