La captura de Miguel Morocho Rodríguez, exconcejal de Santo Domingo de los Tsáchilas, cierra meses de búsqueda. Prófugo desde septiembre de 2025 por tentativa de asesinato, había evadido a las autoridades ecuatorianas, saliendo del país hacia Colombia. Fue localizado al intentar cruzar la frontera hacia Venezuela por el puesto de control La Unidad – Puente Internacional Atanasio Girardot, en Villa del Rosario.

La detención se logró gracias al intercambio de alertas migratorias entre Ecuador y Colombia, el trabajo del Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional y la cooperación internacional. El ministro del Interior, John Reimberg, reafirmó la determinación del Gobierno de localizar a los prófugos: «Escóndanse donde se escondan, los encontramos y los pondremos en el lugar donde merecen: la cárcel». Morocho Rodríguez será puesto a órdenes de la justicia ecuatoriana.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, afirmó que la resolución de la Corte Constitucional sobre el sector eléctrico “no es retroactiva”. El Gobierno trabajará para viabilizar los proyectos en trámite, bajo los criterios de la Corte. La prioridad es garantizar el servicio eléctrico y sumar energía firme y renovable. El Ministerio ratificó su compromiso con la seguridad energética y un entorno de inversión “transparente, estable y competitiva”.

Aclaró que la sentencia no impide el desarrollo de proyectos y que sus efectos son hacia el futuro, sin afectar delegaciones previas. Los contratos vigentes mantienen su validez. Como medidas inmediatas, se impulsará una reforma legal para definir con claridad las condiciones de una delegación excepcional, dando certeza jurídica a futuros proyectos. En paralelo, se reformará estructuralmente el marco normativo del sector para mejorar la planificación, transparencia y transición energética. La meta: más energía confiable para los ciudadanos.

Este viernes se cumplió el plazo para la inscripción de listas para la directiva nacional del movimiento Revolución Ciudadana correspondiente al período 2026-2028. El expresidente Rafael Correa informó que únicamente se registró “una lista de consenso”. La nómina, en la que no constan nuevos cuadros, está encabezada por Gabriela Rivadeneira (Imbabura) como presidenta. Su designación ya había sido anticipada el pasado 5 de enero y cuenta con el respaldo de Correa, quien aseguró:

“Tiene todo mi apoyo”. Como vicepresidente figura Francisco José Estarellas Solís (Guayas), mientras que Evelyn Melissa Zambrano Chávez, ocupará el cargo de secretaria ejecutiva del movimiento. En la lista también constan otros dirigentes que han tenido presencia reiterada en la organización, entre ellos Andrés Arauz, quien integra el Consejo de Disciplina y Ética.

En torno a la polémica por la compra de un terreno de 93 hectáreas en el cantón La Libertad, en Santa Elena, hubo una confrontación en redes sociales entre la asambleísta del correísmo Mónica Palacios y la secretaria de la Administración Pública Cynthia Gellibert. Actualmente, se ha generado un debate sobre quién es Jenny Ramírez, la joven que solicitó adquirir el predio por más de USD 2,7 millones. Justamente sobre esto, Palacios puso en su cuenta de X que la joven es hija de una señora que trabaja como empleada doméstica en la casa de la mamá de Gellibert. Lo dijo la tarde del viernes 9 de enero de 2026 tras acudir a Santa Elena, donde pidió que se investigue el tema. Cynthia Gellibert respondió en redes sociales a Palacios. La acusó de construir un relato falso y de hostigar “deliberadamente a una adulta mayor de 92 años”.

Expresó que la acción de Palacios “no es política, no es fiscalización. Es acoso, persecución personal y violencia contra una persona de la tercera edad. Cualquier quebranto en su salud o cualquier riesgo a su seguridad será única y exclusivamente responsabilidad de Mónica Palacios”. Fuentes consultadas por Ecuavisa.com señalaron que la mamá de Jenny Ramírez sí trabaja con la familia de Gellibert. La joven, tras la polémica que se generó por el origen del dinero para la compra del terreno, envió una carta al Municipio de la Libertad pidió que su adquisición sea cedida a una empresa, que sería la verdadera interesada para un proyecto agroturístico. Sin embargo, se desconoce el nombre de la compañía. Fuentes consultadas por Ecuavisa.com señalaron que la mamá de Jenny Ramírez sí trabaja con la familia de Gellibert. La joven, tras la polémica que se generó por el origen del dinero para la compra del terreno, envió una carta al Municipio de la Libertad pidió que su adquisición sea cedida a una empresa, que sería la verdadera interesada para un proyecto agroturístico.

Los asambleístas regresarán a sus funciones el próximo 5 de enero de 2026. Para ese día fue convocada una sesión extraordinaria del Pleno, en la que se escuchará la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. En paralelo, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá tratar la solicitud de juicio político presentada por el correísmo. Durante el receso legislativo, que inició el pasado 22 de diciembre de 2025, ingresaron por gestión documental de la Asamblea dos solicitudes de juicio político.

Una fue presentada por la asambleísta de Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, en contra del presidente de la Judicatura. La otra, planteada por el también correísta Luis Fernando Molina, apunta contra vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Ambas solicitudes están relacionadas con la denuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien habló de presiones desde altas esferas de la Judicatura para incidir en su decisión dentro del caso Euro2024, un proceso vinculado al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

LA SOLICITUD CONTRA GODOY El pasado 29 de diciembre, Veloz señaló: “Hemos presentado formalmente la solicitud de enjuiciamiento político contra Mario Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura. Esperamos que el CAL la califique de inmediato y que sea tramitada en la Comisión de Fiscalización, conforme a la Ley”. La acusación se basa en un supuesto incumplimiento de funciones. Entre los cuestionamientos constan las presuntas presiones en una causa en la que su esposa fue patrocinadora, una posible omisión frente a casos de jueces amenazados y la situación general del sistema de justicia en el país.

Este 2025 fue el año del desarrollo y fortalecimiento de los 18 pueblos y las 15 nacionalidades ecuatorianas, pues con la visión y decisión del presidente Daniel Noboa la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades fomentó la inclusión, el fomento productivo, el fortalecimiento institucional y el reconocimiento de la diversidad cultural del país. Este año se llevaron a cabo más de 1.000 diálogos territoriales, mesas de trabajo y encuentros ciudadanos con organizaciones, asociaciones y gremios de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, consolidando espacios permanentes de participación y construcción colectiva de políticas públicas.

En materia de fomento productivo, la Secretaría destinó USD 10,2 millones para el financiamiento de 109 subproyectos productivos con fondos no reembolsables, beneficiando a más de un millón de personas de pueblos y nacionalidades. Este monto representa un presupuesto diez veces superior al de años anteriores, lo que ha permitido fortalecer iniciativas locales como centros de acopio, talleres de emprendimientos comunitarios, infraestructura turística comunitaria, procesamiento de productos y derivados.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, aseguró, a través de una entrevista con EcuadorTV, que el Gobierno es claro en su objetivo de devolver credibilidad a las instituciones públicas. En ese contexto, señaló que los asambleístas del bloque oficialista solicitaron que el Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), comparezca ante la Asamblea Nacional, en medio de cuestionamientos al sistema judicial y supuestas presiones a un juez anticorrupción.

RESPUESTA A RUMORES SOBRE RESPALDO AL CJ Frente a versiones que señalan un supuesto respaldo del movimiento ADN al presidente del CJ, Morillo rechazó esa narrativa y afirmó que se trata de una tergiversación política. “La Revolución Ciudadana siempre va a tergiversar la información”, dijo la ministra, al insistir en que el Gobierno mantiene una posición clara frente a la institucionalidad y a la fiscalización. Morillo adelantó que Ecuador iniciará 2026 con buenas noticias, aseguró que habrá abastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos y una mejora en los niveles de seguridad, dos de los temas más sensibles para la ciudadanía.

En el marco del “Festival Abrazando Sueños”, realizado en el Centro Cívico “Eloy Alfaro”, el presidente Daniel Noboa anunció la repotenciación de 25 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en seis provincias del país, con una inversión superior a USD 1 millón. De acuerdo con la información oficial, los CDI intervenidos se ubican en Carchi, Chimborazo, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas y Los Ríos.

La inversión beneficiará directamente a 1.662 niños y niñas y de forma indirecta a cerca de 6.700 familiares, mientras que los trabajos iniciarán el 26 de diciembre y se prevé que concluyan en marzo de 2026. Durante el evento, el mandatario sostuvo que la intervención de estos centros se enmarca en el objetivo de garantizar mejores condiciones para la niñez y reforzar la atención a la primera infancia. La repotenciación busca asegurar espacios “seguros, funcionales y adecuados” para la atención de niñas y niños, como parte de una política pública orientada a la protección integral de la niñez.

Tras la audiencia de formulación de cargos, una jueza de la Corte Provincial de Justicia dictó medidas sustitutivas contra la excomandante de Policía, Tannya V.; el coronel José Luis E.; y el exfuncionario policial Rodney R. Las disposiciones incluyen la obligación de presentaciones periódicas ante la autoridad judicial competente y la prohibición de salida del país para los tres exuniformados.

Esta resolución no acogió el pedido de Fiscalía que insistió en la prisión preventiva contra la exgeneral. Tannya V. fue detenida en su domicilio este jueves 18 de diciembre. Durante el operativo, las autoridades incautaron su computadora personal y su teléfono celular, que serán analizados como parte de la investigación. En la diligencia, la fiscal Mayra Soria expuso 45 elementos de convicción en contra de la exgeneral, quien es investigada por el presunto delito de difusión de información reservada dentro del caso denominado “León de Troya”.