El presidente Daniel Noboa dispuso, mediante el Decreto Ejecutivo 306 del 13 de febrero de 2026, la fusión por absorción de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) a la Presidencia de la República. La entidad se integrará a la Secretaría General Administrativa, que pasará a denominarse Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.

La nueva secretaría asumirá todas las competencias, funciones, programas, derechos y obligaciones (incluyendo litigios) de Inmobiliar. En el ámbito patrimonial, sus partidas presupuestarias, bienes y activos se incorporarán a la Presidencia. Durante la transición, Inmobiliar mantendrá su personalidad jurídica hasta su extinción. El proceso es liderado por Cynthia Gellibert, máxima autoridad de la Secretaría General Administrativa, y se coordinará con los ministerios de Trabajo y Economía y Finanzas. El decreto rige desde su publicación en el Registro Oficial.

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, convocó al Pleno para este miércoles 18 de febrero de 2026, a las 10:00, con el fin de tratar el juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Olsen anunció en su cuenta de X que, concluida la etapa en la Comisión de Fiscalización, el proceso pasa al Pleno «para su debate y resolución», con «transparencia y respeto al debido proceso».

La convocatoria se produce un día después de que Fiscalización aprobara el informe que recomienda avanzar con el enjuiciamiento por «manifiesta inoperancia». Según la normativa, en el Pleno se instalará el debate y luego se resolverá, lo que podría derivar en censura y destitución si se alcanzan las mayorías requeridas. Godoy encabeza el Consejo de la Judicatura, órgano rector de la Función Judicial, y el proceso en la Asamblea culmina semanas de comparecencias en Fiscalización.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó por unanimidad el inicio del período electoral para las Elecciones Seccionales y la elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de 2027, informó este 14 de febrero de 2026 la Dirección Nacional de Análisis Político y Difusión Electoral.

La resolución fija la votación para el 14 de febrero de 2027, cuando se elegirán prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales y miembros del CPCCS para el período 2027-2031. La posesión de las autoridades electas está prevista para el 14 de mayo de 2027, conforme a la Constitución y la ley. En cuanto al proceso del CPCCS, el calendario establece las siguientes fechas:

VEEDURÍA CIUDADANA: CONVOCATORIA: del 20 al 26 de abril de 2026. APROBACIÓN POR EL PLENO DEL CNE: del 27 al 29 de abril; publicación: 30 de abril. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN: del 4 al 13 de mayo.

VERIFICACIÓN DE 2026 REQUISITOS Y RESOLUCIÓN DEL PLENO: del 21 al 25 de mayo. POSTULACIONES: CONVOCATORIA: 11 de junio de 2026. INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES: del 12 al 25 de junio. PUBLICACIÓN DEL LISTADO OFICIAL DE POSTULANTES CALIFICADOS: 24 de septiembre de 2026, tras verificación, impugnaciones y recursos.

La audiencia del caso Triple A fue suspendida indefinidamente por el Tribunal, generando cuestionamientos por el manejo del recurso procesal. El proceso investiga desvío ilegal de combustible subsidiado, involucrando a 22 personas y empresas, incluido el alcalde de Guyaquil, Aquiles A., con vigilancia electrónica.

Tras negar una nulidad, la empresa FUELCORP presentó un recurso de aclaración. Aunque este recurso tiene alcance limitado, el Tribunal suspendió la audiencia para “reflexionar”, postergando el juicio indefinidamente. El proceso ya acumula catorce postergaciones. La decisión genera dudas sobre si responde a incapacidad para resolver el recurso o a una actuación deliberada que afecta la celeridad procesal. Reabre el debate sobre la responsabilidad de los tribunales especializados en garantizar justicia eficiente y oportuna, especialmente en causas de corrupción y crimen organizado.

La Contraloría General del Estado inició este 30 de enero de 2026 exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de directivos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en varias provincias. La medida se adoptó tras allanamientos a oficinas de la ANT en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas, como parte del caso Jaque, que investiga una presunta red de delincuencia organizada dentro de la institución.

Se indaga el cobro ilegal para agilizar trámites. Nueve funcionarios, incluido el director, fueron detenidos. En los operativos se halló dinero en efectivo, dispositivos de almacenamiento, licencias y joyas. El ministro del Interior, John Reimberg, vinculó a los detenidos con el grupo Los Choneros, señalando que cobraban entre 150 y 200 dólares por licencias a domicilio y frecuencias ilícitas. El perjuicio estimado supera los 3 millones de dólares. Las auditorías estarán a cargo de la Dirección Nacional de Auditoría de Declaraciones Patrimoniales Juradas.

El presidente Daniel Noboa visitó Brujas este 24 de enero de 2026, donde fue recibido por el alcalde Dirk De Fauw. Firmó el “Libro Dorado”, reforzando simbólicamente los lazos entre Ecuador y Bélgica. Durante el encuentro, De Fauw destacó el rol estratégico de Bélgica y la importancia de la visita para fortalecer la relación bilateral. Noboa subrayó la conclusión exitosa de las negociaciones con la Unión Europea del Acuerdo de Facilitación de Inversiones Sostenibles (SIFA), destinado a mejorar el entorno empresarial y la seguridad jurídica.

Ingrid Vanstreels, asesora del Puerto Amberes-Brujas, resaltó a Ecuador como socio comercial clave, con exportaciones como banano, cacao y camarón, y mencionó la importación de 50.000 contenedores en 2025 La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, afirmó que la agenda presidencial presenta un portafolio de inversiones en sectores estratégicos, proyectando un Gobierno “serio y responsable” que genera confianza.

El juez Alfredo Serrano Rodríguez ordenó el 23 de enero de 2026 la detención del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, tras su ausencia en una diligencia. La medida, con un plazo máximo de 24 horas, busca asegurar su presencia obligatoria en una nueva audiencia, según el extracto de la diligencia. A la sesión asistió su abogado defensor, pero no el burgomaestre. Previamente, la defensa de la víctima calificó la inasistencia como una “deslealtad”, argumentando que Zamora “tiene que dar la cara”.

La acusación señaló que este no sería un hecho aislado, alegando que el alcalde habría evitado comparecer en otras diligencias del mismo proceso. El caso se origina en septiembre de 2024, cuando se admitió una denuncia de Rosa Magdalena Torres contra Zamora por el presunto delito de contravenciones de cuarta clase (injurias y calumnias), ya durante su mandato. Tras conocerse la orden, Zamora se pronunció en redes sociales, restándole gravedad y afirmando que “no hay nada de qué alarmarse”, sin dar detalles sobre su futura comparecencia