El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin, cumplirá una agenda en Nueva York el 25 y 26 de junio de 2026, según informó la Presidencia. El desplazamiento y las actividades serán con fondos privados, sin avión presidencial ni viáticos estatales. La gira busca fortalecer las relaciones diplomáticas bilaterales y la cooperación internacional en seguridad.

El jueves 25, de 12:00 a 14:00, Noboa se reunirá con Kristi Noem en el marco de «Escudo de las Américas», iniciativa de EE.UU. y Latinoamérica contra el crimen organizado transnacional. El viernes 26, de 10:00 a 11:00, dialogará con la comunidad ecuatoriana en EE.UU. para compartir logros y atender inquietudes. Ese día, de 18:00 a 20:00, se encontrará con inversionistas y líderes de sectores estratégicos para promover diversas inversiones y confianza exterior. La Presidencia afirma que esta política activa y firme también consolida alianzas, atrae capitales y refuerza la seguridad, en directo beneficio del desarrollo y bienestar de los ecuatorianos.

El proceso electoral rumbo a los comicios de 2027 avanza con la apertura del registro de alianzas, que estará habilitado del 18 de junio al 18 de julio de 2026. Durante este plazo, las organizaciones políticas podrán conformar alianzas de ámbito nacional o local, integradas por dos o más agrupaciones, para postular candidaturas conjuntas dentro de una misma circunscripción en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El trámite se gestiona exclusivamente por vía virtual, mediante el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE). Tras la solicitud, el organismo revisa la documentación presentada; luego, el expediente pasa al Pleno del CNE o a las Delegaciones Provinciales, según la jurisdicción, para su análisis y aprobación definitiva. Las alianzas validadas acceden a incentivos legales, como el incremento del 20 % en el presupuesto para promoción electoral, siempre que las integrantes compartan el mismo nivel territorial o electoral.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) marchó este sábado 13 de junio hacia la Corte Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial 0045A, que impone actividades LOCALES complementarias los fines de semana en el cronograma escolar. Andrés Quishpe, presidente de la UNE, advirtió que la medida viola la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), las cuales fijan una jornada laboral máxima de 40 horas semanales. La ministra de Educación Gilda Alcívar, aseguró que las actividades sabatinas son voluntarias. Sin embargo, el texto del acuerdo la desmiente: su artículo 2 declara obligatoria la participación para estudiantes, docentes y personal administrativo.

El artículo 5 compensa los días laborados con días libres en diciembre o tras vacaciones. La UNE rechaza el esquema, denunciando que los maestros ya acumulan 15 horas extras semanales sin remuneración. Los manifestantes acusan al gobierno de legalizar la precarización laboral y evitar el pago de horas suplementarias. Quishpe criticó usar los sábados como escudo contra la delincuencia: “Los sábados no van a resolver el reclutamiento de niños”, afirmó, atribuyéndolo al desempleo, abandono estatal y pobreza. Además, reclaman que el Estado carece de fondos para equiparación salarial y ascensos, pero exige innovación sin recursos para infraestructura, tecnología o alimentación. Frente a lo que consideran una imposición inconstitucional, la dirigencia magisterial advirtió sobre una inminente radicalización de la protesta social.

La investigación por lavado de activos contra Vicko Villacís reveló un salto patrimonial irregular en su primer año como alcalde de Esmeraldas. Al iniciar su gestión, declaró ante la Contraloría activos por USD 1,8 millones y deudas de USD 379.000 (patrimonio neto: USD 1,4 millones). Al año siguiente, reportó USD 4,6 millones en activos y USD 373.000 en pasivos: un patrimonio de USD 4,3 millones.

Este aumento no provendría de su gestión, sino que coincide con los pagos de Petroecuador (17 millones de dólares) por dos acciones de protección que la Fiscalía tilda de fraudulentas y que la Corte Constitucional revocó. Entre 2020 y 2025, Villacís recibió transferencias por USD 7,5 millones, aunque facturó solo USD 124.000. Además, su empresa Reypez Pacific S.A. recibiría fondos públicos: en 2023 registró transferencias por USD 12 millones, pero declaró USD 7,8 millones, ocultando USD 4,2 millones. Todo forma parte de la operación Blindaje.

Una nueva alerta se enciende en la cárcel del Encuentro (Santa Elena). Ramiro García, defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció este 15 de mayo de 2026 que le impiden comunicarse con su cliente. La supuesta incomunicación estaría vinculada con la muerte de un interno en esa prisión de máxima seguridad.

Pese a que el SNAI calificó como falsa la información sobre decesos, una fuente oficial confirmó al diario Primicias el fallecimiento de un reo, presuntamente por tuberculosis. Compartía celda con tres enfermos. El SNAI aún no se pronuncia oficialmente. Este sería el segundo deceso en El Encuentro. El 13 de abril pasado murió Charles Suárez vinculado al ataque a TC Televisión, por una enfermedad hepática. No es la primera vez que se alertan fallas médicas en el recinto. Sonia García, abogada de Jorge Glas, denunció que a su defendido no se le garantiza ese derecho. En la cárcel del Encuentro hay más de 600 reclusos.

La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) impidió que su asambleísta Diana Jácome sea procesada por presunta calumnia. Se requerían 101 votos para levantar su inmunidad, pero solo se alcanzaron 55, provenientes de la Revolución Ciudadana (RC). El oficialismo y aliados votaron en contra. La querella la presentó el coordinador de RC, Juan Andrés González, tras lo dicho por Jácome en una sesión de febrero de 2026:

“Les recomiendo usar buena pijama por si acaso, y espero que encuentren una buena habitación en la Cárcel del Encuentro junto a Wilman Terán, a quienes salvaron”. González también denunció ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) controlado por ADN, que archivó el caso. El correísmo critica el trato desigual. González enfrentó seis demandas por calumnia; en cinco, la Asamblea no permitió su procesamiento. En la sexta, el presidente Niels Olsen dejó vencer el plazo de 30 días, permitiendo el juicio.

La excandidata presidencial ecuatoriana y figura del correísmo, Luisa González, reapareció públicamente en Barcelona, España, junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante la Global Progressive Mobilisation, cumbre de izquierda que concluyó el 18 de abril de 2026.

González salió de Ecuador a mediados de marzo y, tras casi un mes de baja exposición, asistió a la conferencia de Petro, donde aplaudió sus críticas a Daniel Noboa, en medio del nuevo cruce político entre Quito y Bogotá.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) archivó la queja contra la asambleísta oficialista Diana Jácome al considerar que sus declaraciones se enmarcan en el debate político y no constituyen falta sancionable. El organismo determinó que las expresiones de la legisladora forman parte del ejercicio de sus funciones y del contexto político, por lo que no procedía continuar el proceso.

En el documento aprobado, el CAL subrayó que las declaraciones de Jácome ocurrieron en un escenario de discusión política, protegido por la deliberación democrática. La bancada correísta cuestionó de inmediato la decisión. El asambleísta Juan Andrés González criticó la resolución en su cuenta de X, denunciando un trato desigual: “El que tiene padrino se bautiza”, escribió. González señaló que el presidente del Legislativo, Niels Olsen, y el CAL protegen a Jácome. El caso agrava las tensiones en la Asamblea Nacional, marcada por constantes confrontaciones entre bancadas.

La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable al acuerdo de inversiones entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos, al considerar que su contenido es compatible con la Constitución. La decisión garantiza que el mecanismo de solución de disputas respete el artículo 422 de la Carta Magna, que limita el arbitraje internacional.

En su análisis, la Corte se distanció de criterios previos (dictamen 2-23- TI/23) al diferenciar entre conflictos derivados de contratos y aquellos vinculados directamente al tratado, lo que permite delimitar mejor el alcance del acuerdo. El dictamen se emitió tras un proceso que incluyó revisión técnica, publicación del texto y recepción de observaciones ciudadanas, cumpliendo así con el procedimiento legal. Una vez incorporada la modificación solicitada, el acuerdo deberá ser remitido nuevamente para verificación constitucional, antes de continuar con su trámite.