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Mientras continúa la evaluación del devastador incendio en el puerto de Manta, que consumió múltiples embarcaciones, surgen historias que muestran otra cara de la tragedia: la de los perros que estaban a bordo.
La investigación por lavado de activos contra Vicko Villacís reveló un salto patrimonial irregular en su primer año como alcalde de Esmeraldas. Al iniciar su gestión, declaró ante la Contraloría activos por USD 1,8 millones y deudas de USD 379.000 (patrimonio neto: USD 1,4 millones). Al año siguiente, reportó USD 4,6 millones en activos y USD 373.000 en pasivos: un patrimonio de USD 4,3 millones.
Este aumento no provendría de su gestión, sino que coincide con los pagos de Petroecuador (17 millones de dólares) por dos acciones de protección que la Fiscalía tilda de fraudulentas y que la Corte Constitucional revocó. Entre 2020 y 2025, Villacís recibió transferencias por USD 7,5 millones, aunque facturó solo USD 124.000. Además, su empresa Reypez Pacific S.A. recibiría fondos públicos: en 2023 registró transferencias por USD 12 millones, pero declaró USD 7,8 millones, ocultando USD 4,2 millones. Todo forma parte de la operación Blindaje.
Una nueva alerta se enciende en la cárcel del Encuentro (Santa Elena). Ramiro García, defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció este 15 de mayo de 2026 que le impiden comunicarse con su cliente. La supuesta incomunicación estaría vinculada con la muerte de un interno en esa prisión de máxima seguridad.
Pese a que el SNAI calificó como falsa la información sobre decesos, una fuente oficial confirmó al diario Primicias el fallecimiento de un reo, presuntamente por tuberculosis. Compartía celda con tres enfermos. El SNAI aún no se pronuncia oficialmente. Este sería el segundo deceso en El Encuentro. El 13 de abril pasado murió Charles Suárez vinculado al ataque a TC Televisión, por una enfermedad hepática. No es la primera vez que se alertan fallas médicas en el recinto. Sonia García, abogada de Jorge Glas, denunció que a su defendido no se le garantiza ese derecho. En la cárcel del Encuentro hay más de 600 reclusos.
La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) impidió que su asambleísta Diana Jácome sea procesada por presunta calumnia. Se requerían 101 votos para levantar su inmunidad, pero solo se alcanzaron 55, provenientes de la Revolución Ciudadana (RC). El oficialismo y aliados votaron en contra. La querella la presentó el coordinador de RC, Juan Andrés González, tras lo dicho por Jácome en una sesión de febrero de 2026:
“Les recomiendo usar buena pijama por si acaso, y espero que encuentren una buena habitación en la Cárcel del Encuentro junto a Wilman Terán, a quienes salvaron”. González también denunció ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) controlado por ADN, que archivó el caso. El correísmo critica el trato desigual. González enfrentó seis demandas por calumnia; en cinco, la Asamblea no permitió su procesamiento. En la sexta, el presidente Niels Olsen dejó vencer el plazo de 30 días, permitiendo el juicio.
La excandidata presidencial ecuatoriana y figura del correísmo, Luisa González, reapareció públicamente en Barcelona, España, junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante la Global Progressive Mobilisation, cumbre de izquierda que concluyó el 18 de abril de 2026.
González salió de Ecuador a mediados de marzo y, tras casi un mes de baja exposición, asistió a la conferencia de Petro, donde aplaudió sus críticas a Daniel Noboa, en medio del nuevo cruce político entre Quito y Bogotá.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) archivó la queja contra la asambleísta oficialista Diana Jácome al considerar que sus declaraciones se enmarcan en el debate político y no constituyen falta sancionable. El organismo determinó que las expresiones de la legisladora forman parte del ejercicio de sus funciones y del contexto político, por lo que no procedía continuar el proceso.
En el documento aprobado, el CAL subrayó que las declaraciones de Jácome ocurrieron en un escenario de discusión política, protegido por la deliberación democrática. La bancada correísta cuestionó de inmediato la decisión. El asambleísta Juan Andrés González criticó la resolución en su cuenta de X, denunciando un trato desigual: “El que tiene padrino se bautiza”, escribió. González señaló que el presidente del Legislativo, Niels Olsen, y el CAL protegen a Jácome. El caso agrava las tensiones en la Asamblea Nacional, marcada por constantes confrontaciones entre bancadas.
La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable al acuerdo de inversiones entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos, al considerar que su contenido es compatible con la Constitución. La decisión garantiza que el mecanismo de solución de disputas respete el artículo 422 de la Carta Magna, que limita el arbitraje internacional.
En su análisis, la Corte se distanció de criterios previos (dictamen 2-23- TI/23) al diferenciar entre conflictos derivados de contratos y aquellos vinculados directamente al tratado, lo que permite delimitar mejor el alcance del acuerdo. El dictamen se emitió tras un proceso que incluyó revisión técnica, publicación del texto y recepción de observaciones ciudadanas, cumpliendo así con el procedimiento legal. Una vez incorporada la modificación solicitada, el acuerdo deberá ser remitido nuevamente para verificación constitucional, antes de continuar con su trámite.
Ecuador y Japón avanzan hacia un posible acuerdo comercial con la creación de una comisión bilateral. Autoridades del Gobierno de Daniel Noboa y representantes empresariales se reunieron en Quito en el marco de los 100 años de relaciones diplomáticas, donde se planteó la firma de un memorando de entendimiento.
“Japón tiene siete veces más consumidores que Ecuador y un ingreso promedio cinco veces mayor. Las oportunidades se amplían profundamente”. En 2025, las exportaciones no petroleras hacia Japón sumaron USD 389 millones (camarón, banano, cacao). Sin embargo, existe un desbalance comercial y productos ecuatorianos enfrentan aranceles de hasta el 20%, mientras competidores como India o Vietnam tienen preferencias.
El Tribunal del caso Triple A negó el traslado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y suspendió la audiencia de juzgamiento instalada este sábado 21 de marzo de 2026. Los jueces dispusieron que el abogado del alcalde, Ramiro García, así como el defensor de César Bravo, ingresen a la cárcel de El Encuentro. La diligencia se reinstalará el domingo a las 08:30. Los abogados podrán defender a sus clientes desde el centro penitenciario, luego de que García denunciara impedimentos para reunirse con su cliente y organizar la defensa.
“No se ha respetado el derecho a la defensa ni el derecho constitucional a contar con los medios suficientes. ¿Cómo se defiende una persona si no puede comunicarse con su equipo?”, cuestionó. García también criticó que a Álvarez no se le haya permitido ni un esferográfico. Según la fiscalía, los procesados habrían desviado combustible regulado hacia canales no autorizados, causando un grave perjuicio económico al Estado.
La comisión técnica binacional que inspeccionó la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, donde se halló una bomda sin explotar, acordó superar el incidente por la vía diplomática, informó el presidente colombiano Gustavo Petro. “Ambos países coinciden en superar esto sin afectar las relaciones bilaterales”, señaló el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez. La controversia se intensificó cuando Petro denunció que Colombia era bombardeada desde Ecuador.
Su homólogo Daniel Noboa respondió que las operaciones militares se realizan dentro de su territorio. Luego, una comisión binacional verificó los hechos: aunque sin certeza absoluta, hay alta probabilidad de que el artefacto impactara en Ecuador y rebotara hacia Colombia. Ecuador afirmó que su operación fue legítima contra amenazas criminales, sin intención de afectar a Colombia, postura que Colombia comparte.
Mientras continúa la evaluación del devastador incendio en el puerto de Manta, que consumió múltiples embarcaciones, surgen historias que muestran otra cara de la tragedia: la de los perros que estaban a bordo.
La investigación por lavado de activos contra Vicko Villacís reveló un salto patrimonial irregular en su primer año como alcalde de Esmeraldas. Al iniciar su gestión, declaró ante la Contraloría activos por USD 1,8 millones y deudas de USD 379.000 (patrimonio neto: USD 1,4 millones). Al año siguiente, reportó USD 4,6 millones en activos y USD 373.000 en pasivos: un patrimonio de USD 4,3 millones.
Este aumento no provendría de su gestión, sino que coincide con los pagos de Petroecuador (17 millones de dólares) por dos acciones de protección que la Fiscalía tilda de fraudulentas y que la Corte Constitucional revocó. Entre 2020 y 2025, Villacís recibió transferencias por USD 7,5 millones, aunque facturó solo USD 124.000. Además, su empresa Reypez Pacific S.A. recibiría fondos públicos: en 2023 registró transferencias por USD 12 millones, pero declaró USD 7,8 millones, ocultando USD 4,2 millones. Todo forma parte de la operación Blindaje.
Una nueva alerta se enciende en la cárcel del Encuentro (Santa Elena). Ramiro García, defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunció este 15 de mayo de 2026 que le impiden comunicarse con su cliente. La supuesta incomunicación estaría vinculada con la muerte de un interno en esa prisión de máxima seguridad.
Pese a que el SNAI calificó como falsa la información sobre decesos, una fuente oficial confirmó al diario Primicias el fallecimiento de un reo, presuntamente por tuberculosis. Compartía celda con tres enfermos. El SNAI aún no se pronuncia oficialmente. Este sería el segundo deceso en El Encuentro. El 13 de abril pasado murió Charles Suárez vinculado al ataque a TC Televisión, por una enfermedad hepática. No es la primera vez que se alertan fallas médicas en el recinto. Sonia García, abogada de Jorge Glas, denunció que a su defendido no se le garantiza ese derecho. En la cárcel del Encuentro hay más de 600 reclusos.
La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) impidió que su asambleísta Diana Jácome sea procesada por presunta calumnia. Se requerían 101 votos para levantar su inmunidad, pero solo se alcanzaron 55, provenientes de la Revolución Ciudadana (RC). El oficialismo y aliados votaron en contra. La querella la presentó el coordinador de RC, Juan Andrés González, tras lo dicho por Jácome en una sesión de febrero de 2026:
“Les recomiendo usar buena pijama por si acaso, y espero que encuentren una buena habitación en la Cárcel del Encuentro junto a Wilman Terán, a quienes salvaron”. González también denunció ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) controlado por ADN, que archivó el caso. El correísmo critica el trato desigual. González enfrentó seis demandas por calumnia; en cinco, la Asamblea no permitió su procesamiento. En la sexta, el presidente Niels Olsen dejó vencer el plazo de 30 días, permitiendo el juicio.
La excandidata presidencial ecuatoriana y figura del correísmo, Luisa González, reapareció públicamente en Barcelona, España, junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante la Global Progressive Mobilisation, cumbre de izquierda que concluyó el 18 de abril de 2026.
González salió de Ecuador a mediados de marzo y, tras casi un mes de baja exposición, asistió a la conferencia de Petro, donde aplaudió sus críticas a Daniel Noboa, en medio del nuevo cruce político entre Quito y Bogotá.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) archivó la queja contra la asambleísta oficialista Diana Jácome al considerar que sus declaraciones se enmarcan en el debate político y no constituyen falta sancionable. El organismo determinó que las expresiones de la legisladora forman parte del ejercicio de sus funciones y del contexto político, por lo que no procedía continuar el proceso.
En el documento aprobado, el CAL subrayó que las declaraciones de Jácome ocurrieron en un escenario de discusión política, protegido por la deliberación democrática. La bancada correísta cuestionó de inmediato la decisión. El asambleísta Juan Andrés González criticó la resolución en su cuenta de X, denunciando un trato desigual: “El que tiene padrino se bautiza”, escribió. González señaló que el presidente del Legislativo, Niels Olsen, y el CAL protegen a Jácome. El caso agrava las tensiones en la Asamblea Nacional, marcada por constantes confrontaciones entre bancadas.
La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable al acuerdo de inversiones entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos, al considerar que su contenido es compatible con la Constitución. La decisión garantiza que el mecanismo de solución de disputas respete el artículo 422 de la Carta Magna, que limita el arbitraje internacional.
En su análisis, la Corte se distanció de criterios previos (dictamen 2-23- TI/23) al diferenciar entre conflictos derivados de contratos y aquellos vinculados directamente al tratado, lo que permite delimitar mejor el alcance del acuerdo. El dictamen se emitió tras un proceso que incluyó revisión técnica, publicación del texto y recepción de observaciones ciudadanas, cumpliendo así con el procedimiento legal. Una vez incorporada la modificación solicitada, el acuerdo deberá ser remitido nuevamente para verificación constitucional, antes de continuar con su trámite.
Ecuador y Japón avanzan hacia un posible acuerdo comercial con la creación de una comisión bilateral. Autoridades del Gobierno de Daniel Noboa y representantes empresariales se reunieron en Quito en el marco de los 100 años de relaciones diplomáticas, donde se planteó la firma de un memorando de entendimiento.
“Japón tiene siete veces más consumidores que Ecuador y un ingreso promedio cinco veces mayor. Las oportunidades se amplían profundamente”. En 2025, las exportaciones no petroleras hacia Japón sumaron USD 389 millones (camarón, banano, cacao). Sin embargo, existe un desbalance comercial y productos ecuatorianos enfrentan aranceles de hasta el 20%, mientras competidores como India o Vietnam tienen preferencias.
El Tribunal del caso Triple A negó el traslado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y suspendió la audiencia de juzgamiento instalada este sábado 21 de marzo de 2026. Los jueces dispusieron que el abogado del alcalde, Ramiro García, así como el defensor de César Bravo, ingresen a la cárcel de El Encuentro. La diligencia se reinstalará el domingo a las 08:30. Los abogados podrán defender a sus clientes desde el centro penitenciario, luego de que García denunciara impedimentos para reunirse con su cliente y organizar la defensa.
“No se ha respetado el derecho a la defensa ni el derecho constitucional a contar con los medios suficientes. ¿Cómo se defiende una persona si no puede comunicarse con su equipo?”, cuestionó. García también criticó que a Álvarez no se le haya permitido ni un esferográfico. Según la fiscalía, los procesados habrían desviado combustible regulado hacia canales no autorizados, causando un grave perjuicio económico al Estado.
La comisión técnica binacional que inspeccionó la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, donde se halló una bomda sin explotar, acordó superar el incidente por la vía diplomática, informó el presidente colombiano Gustavo Petro. “Ambos países coinciden en superar esto sin afectar las relaciones bilaterales”, señaló el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez. La controversia se intensificó cuando Petro denunció que Colombia era bombardeada desde Ecuador.
Su homólogo Daniel Noboa respondió que las operaciones militares se realizan dentro de su territorio. Luego, una comisión binacional verificó los hechos: aunque sin certeza absoluta, hay alta probabilidad de que el artefacto impactara en Ecuador y rebotara hacia Colombia. Ecuador afirmó que su operación fue legítima contra amenazas criminales, sin intención de afectar a Colombia, postura que Colombia comparte.
