El caso Goleada, por lavado de activos contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras 16 personas, registró su tercer cambio de juez en 12 días. Karol Zambrano, nueva jueza, fijó para el 8 de septiembre la audiencia preparatoria de juicio y amplió la nulidad de lo actuado, dejando el contador en cero. La diligencia definirá el futuro judicial del alcalde y los otros procesados. Zambrano detectó que se omitieron los dos últimos días de la audiencia dirigida por el juez suspendido Jairo García, tras la nulidad declarada por Sebastián Cornejo.

Entre los 17 procesados están Álvarez, su madre, esposa, hermanos y primos. Según Fiscalía, desviaron diésel subsidiado a buques internacionales y ocultaron ganancias en empresas fantasma en Panamá. Con esta nueva decisión, el caso Goleada suma otro capítulo más de demoras. Es ya la tercera causa penal del alcalde, preso desde febrero de 2026, con penas de 6 años y 8 meses (Triple A) y 3 años (Grillete). Zambrano avocó conocimiento el 2 de septiembre.

La Fiscalía formuló cargos contra Johana Núñez, prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, por presunto enriquecimiento ilícito y pidió prisión preventiva. La audiencia se realizó el 2 de septiembre de 2026 en Quito, ante una jueza de corrupción. El Ministerio Público expuso declaraciones patrimoniales y una variación de patrimonio durante su gestión. La jueza suspendió la diligencia para deliberar sin decidir aún medidas cautelares; no existe orden de prisión.

La investigación involucra también a Wilmer Rivas, Fabián Rivas y Gabriel Rivas, quienes no fueron procesados por ser candidatos y gozar de inmunidad electoral. La audiencia original del 25 de agosto se aplazó mientras se verificaba su condición ante el CNE. Núñez, prefecta desde 2019 y reelegida en 2023, rechaza las acusaciones calificándolas de «calumnia» y asegura colaborar con la justicia. El proceso se suma a investigaciones previas por peculado en 2021, cuando allanaron el Gobierno Provincial y su domicilio.

Jorge Osorio Guarderas asumió como nuevo director general del Registro Civil del Ecuador, con 20 años de trayectoria en gestión pública y privada. Licenciado en Seguros, conoce de cerca la institución: desde 2024 se desempeñaba como subdirector general, donde estuvo a cargo de la planificación, ejecución y control de los servicios ciudadanos.

Su experiencia abarca dirección estratégica, administración de operaciones a gran escala, gestión de proyectos y coordinación de equipos multidisciplinarios. También ha trabajado en el sector financiero corporativo, consultoría y optimización de procesos, con conocimientos en análisis de rentabilidad, control presupuestario y cumplimiento normativo nacional e internacional. Al asumir la Dirección General, Osorio plantea como prioridad una gestión eficiente, cercana y ágil, así como impulsar la transformación digital de los servicios registrales y de identificación.

La audiencia contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz no pudo reinstalarse por quinta vez este lunes 31 de agosto de 2026. El Tribunal había ordenado a la Policía localizarlo en una clínica de Guayaquil, pero los agentes no recibieron facilidades para conocer su paradero. Bucaram, de 74 años, es QUE SUFRÍAN PRESUNTOS MALTRATOS EN SUPUESTA CLÍNICA EN QUITO procesado por presunta delincuencia organizada en el caso Pruebas Covid19.

Su defensa pidió un nuevo diferimiento argumentando que permanece hospitalizado por un problema cardíaco y que fue operado el 26 de agosto. Ante su ausencia, el Tribunal insistió en que se localice al exmandatario, pero el personal del centro médico impidió a la Policía acceder a esa información. Con esta nueva suspensión, el juicio suma cinco intentos fallidos. La próxima convocatoria quedó fijada para el jueves 3 de septiembre, a las 17:00, cuando se anunciaría la resolución sobre la responsabilidad de los procesados.

La ratificación del CNE que deja fuera a Luisa González de la Prefectura de Manabí encendió las alarmas en la Revolución Ciudadana. La resolución, aprobada con tres votos a favor y dos abstenciones determinó que la candidata no cumplió las normas de democracia interna de Pachakutik, organización que la acogió tras la suspensión de sus casilleros originales. Aunque la dirigencia puede apelar al TCE, expertas coinciden en que buscar cobijo en el brazo político indígena fue una apuesta de alto riesgo que desatendió la rigidez legal de sus estatutos.

La consultora Grace Jiménez lo califica como «un error de arquitectura política»: al entrar a un partido ajeno, quedaron sometidos a sus reglas, incluido el requisito de dos años de membresía activa. Andrea Endara, politóloga, añade que Pachakutik fue «la única opción disponible», pero la menos compatible por su celo estatutario, lo que expuso la fragilidad de la postulación. Con el calendario avanzando, el margen se reduce. Endara señala que Manabí es un bastión personalista y territorial, por lo que se necesitaría un cuadro local fuerte. Jiménez recalca que no pueden abandonar esa prefectura. Sin embargo, Endara descarta una dispersión masiva del voto: el electorado manabita responde a Correa más que al casillero; el riesgo real es la demora del TCE.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue declarado autor directo del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos en el caso Triple A. Según el Tribunal, Álvarez tuvo participación directa en las actividades investigadas debido al control que mantenía sobre las compañías Copedesa, Corpalubri y Ternape, de las que era representante legal, presidente y accionista mayoritario.

Los testimonios y documentos presentados durante el proceso determinaron que conocía el funcionamiento de las empresas y tenía injerencia en sus operaciones. El juez señaló que Álvarez no cumplía únicamente funciones administrativas,  sino que organizaba y dirigía las operaciones relacionadas con la comercialización irregular de combustibles. Por estos hechos, el Tribunal lo sentenció a seis años y ocho meses de prisión y al pago de una multa equivalente a 12 salarios básicos unificados.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó este viernes 28 de agosto de 2026 la impugnación presentada por Luisa González y Pachakutik contra el rechazo de su candidatura a la Prefectura de Manabí. La decisión se adoptó con los votos del presidente José Cabrera y los consejeros Enrique Pita y José Merino; Elena Nájera y Esthela Acero se abstuvieron. Cabrera explicó que el informe jurídico concluyó que Pachakutik no definió previamente en su régimen orgánico las condiciones para postular candidatos invitados. La candidatura de González, excandidata presidencial del correísmo, fue objetada por ADN y CREO.

La resolución interna del movimiento, adoptada el 11 de agosto, no podía modificar esas reglas tras la democracia interna. Nájera se abstuvo al señalar que, si bien la Constitución permite candidaturas de no afiliados, los partidos deben fijar con antelación el porcentaje de invitados en sus estatutos, lo que no consta en Pachakutik. Además, cuestionó que la Junta Provincial Electoral de Manabí no verificara la legitimación de quien presentó la objeción y mencionó la investigación al director de la Delegación Electoral, Roberto Pinargote, por una presunta reunión con Marco Zambrano, candidato de ADN. Acero se abstuvo por considerar que el informe carecía de motivación y análisis técnico-jurídico completo sobre candidatos invitados, requisitos del régimen orgánico y reglas de reemplazo del Código de la Democracia. Con esta decisión, González y Pachakutik aún pueden acudir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para intentar revertirla.

El Departamento de Talento Humano del Consejo Nacional Electoral (CNE) investiga una denuncia sobre una aparente reunión entre el director de la Delegación Electoral de Manabí, Roberto Pinargote, y el precandidato a la Prefectura de esa provincia, Marcos Zambrano, auspiciado por el movimiento oficialista ADN. El presidente del CNE, José Cabrera, informó este 26 de agosto que citó a Pinargote en Quito, quien explicó que se encontraba en un hotel de Portoviejo por una reunión personal con el dueño del lugar. Según su versión, el encuentro con Zambrano fue “una casualidad”. Cabrera aseguró que Talento Humano verifica los hechos y que el Pleno adoptará medidas preventivas.

La denuncia surgió tras difundirse un video en redes sociales donde se observa a Pinargote y Zambrano saliendo del hotel el 19 de agosto, en plena preparación de las elecciones seccionales del 29 de noviembre. El caso generó una fuerte discusión en una plenaria virtual del CNE entre los consejeros Enrique Pita y Elena Nájera. Además, se cuestiona la relación de la presidenta de la Junta Provincial Electoral de Manabí, Karla Loor Zambrano, con el candidato: ella trabaja en la Universidad Laica Eloy Alfaro, de la cual Zambrano es rector. Loor había sido seleccionada para elaborar el banco de preguntas del concurso para renovar dos consejeros del CNE, pero renunció; su dimisión fue conocida este 26 de agosto por la comisión ciudadana encargada del proceso. Zambrano reconoció en una entrevista radial que estuvo en el hotel porque es cliente frecuente y que solo saludó “de lejos” a Pinargote. La Junta Provincial inscribió su candidatura y desechó una objeción presentada en su contra por no haber renunciado a su cargo universitario.

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia fijó para el viernes 28 de agosto, a las 08:00, la audiencia para dar a conocer su decisión en el caso Sinohydro. Están procesados el expresidente Lenín Moreno y otras 19 personas por presunto cohecho. La Fiscalía sostiene que Moreno y su círculo familiar habrían recibido beneficios económicos a cambio de favorecer la adjudicación del proyecto Coca Codo Sinclair a la empresa china Sinohydro.

El tribunal lo integran los jueces Manuel Enrique Cabrera (ponente), Julio César Inga y Daniella Camacho. La Fiscalía pidió seis años y seis meses de cárcel para Moreno y 19 procesados, multa, inhabilitación para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado, suspensión de derechos de participación, disculpas públicas y una placa en el complejo hidroeléctrico. Señaló a Moreno y a seis más como autores directos y a los otros 13 como cómplices. El abogado del expresidente aseguró que no existe una «prueba madre» de que viabilizó el proyecto.

La negativa de la Junta Provincial Electoral de Manabí a inscribir la candidatura de Luisa González a la Prefectura no está en firme. La aspirante correísta, postulada por Pachakutik, todavía puede presentar recursos para seguir en la contienda. La Junta aceptó objeciones de ADN y CREO y negó la inscripción porque ni González ni su compañero de fórmula, Gabriel Giler, constan como afiliados o adherentes de Pachakutik actualmente ni en los dos años previos. La normativa interna exige al menos dos años de membresía. Pese a ello, la resolución da a Pachakutik 48 horas improrrogables para subsanar o reemplazar las candidaturas.

Tras esa respuesta, la Junta decidirá si mantiene la negativa. Si la ratifica, González puede impugnar ante el Consejo Nacional Electoral y, si este confirma, apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Solo si todas las instancias mantienen el rechazo, la decisión quedaría firme y González sería excluida de las elecciones seccionales 2027, adelantadas a noviembre de 2026. En ese escenario, Pachakutik podría retirarse o buscar reemplazos. González cuestionará la objeción de ADN, presentada por Mishel Mancheno, porque no sería la representante legal y se presentó en la delegación de Chimborazo. Además invoca el artículo 112 de la Constitución: los partidos pueden postular a militantes y también a invitados. Ella fue invitada por Pachakutik tras la renuncia de sus anteriores precandidatos.