Un todoterreno blindado recorre a toda velocidad un camino montañoso del Cauca (suroeste de Colombia), región dominada por disidencias de las FARC. Esneyder Gómez, candidato indígena al Congreso, realiza campaña bajo fuego. Escoltas desarmados lo acompañan junto a otra nasa con bastones tradicionales.

En octubre, su coche fue baleado tras un acto proselitista. Una década atrás, los guerrilleros lo declararon objetivo por su labor como defensor de derechos humanos. La violencia política escaló tras el asesinato del senador Miguel Uribe, el primer magnicidio en casi 30 años. Desde 2025, al menos 61 líderes políticos han sido asesinados, según la Misión de Observación Electoral. Un tercio del territorio está bajo amenaza para las elecciones. En el Alto Naya, los cultivos de coca financian a disidentes que imponen «control territorial». Gómez ha visto «caer muchos compañeros»: «Da impotencia, la sangre hierve». En puestos de control, rebeldes armados exigen identificación

El presidente Daniel Noboa dispuso, mediante el Decreto Ejecutivo 306 del 13 de febrero de 2026, la fusión por absorción de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) a la Presidencia de la República. La entidad se integrará a la Secretaría General Administrativa, que pasará a denominarse Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.

La nueva secretaría asumirá todas las competencias, funciones, programas, derechos y obligaciones (incluyendo litigios) de Inmobiliar. En el ámbito patrimonial, sus partidas presupuestarias, bienes y activos se incorporarán a la Presidencia. Durante la transición, Inmobiliar mantendrá su personalidad jurídica hasta su extinción. El proceso es liderado por Cynthia Gellibert, máxima autoridad de la Secretaría General Administrativa, y se coordinará con los ministerios de Trabajo y Economía y Finanzas. El decreto rige desde su publicación en el Registro Oficial.

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, convocó al Pleno para este miércoles 18 de febrero de 2026, a las 10:00, con el fin de tratar el juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Olsen anunció en su cuenta de X que, concluida la etapa en la Comisión de Fiscalización, el proceso pasa al Pleno «para su debate y resolución», con «transparencia y respeto al debido proceso».

La convocatoria se produce un día después de que Fiscalización aprobara el informe que recomienda avanzar con el enjuiciamiento por «manifiesta inoperancia». Según la normativa, en el Pleno se instalará el debate y luego se resolverá, lo que podría derivar en censura y destitución si se alcanzan las mayorías requeridas. Godoy encabeza el Consejo de la Judicatura, órgano rector de la Función Judicial, y el proceso en la Asamblea culmina semanas de comparecencias en Fiscalización.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó por unanimidad el inicio del período electoral para las Elecciones Seccionales y la elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de 2027, informó este 14 de febrero de 2026 la Dirección Nacional de Análisis Político y Difusión Electoral.

La resolución fija la votación para el 14 de febrero de 2027, cuando se elegirán prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales y miembros del CPCCS para el período 2027-2031. La posesión de las autoridades electas está prevista para el 14 de mayo de 2027, conforme a la Constitución y la ley. En cuanto al proceso del CPCCS, el calendario establece las siguientes fechas:

VEEDURÍA CIUDADANA: CONVOCATORIA: del 20 al 26 de abril de 2026. APROBACIÓN POR EL PLENO DEL CNE: del 27 al 29 de abril; publicación: 30 de abril. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN: del 4 al 13 de mayo.

VERIFICACIÓN DE 2026 REQUISITOS Y RESOLUCIÓN DEL PLENO: del 21 al 25 de mayo. POSTULACIONES: CONVOCATORIA: 11 de junio de 2026. INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES: del 12 al 25 de junio. PUBLICACIÓN DEL LISTADO OFICIAL DE POSTULANTES CALIFICADOS: 24 de septiembre de 2026, tras verificación, impugnaciones y recursos.

La audiencia del caso Triple A fue suspendida indefinidamente por el Tribunal, generando cuestionamientos por el manejo del recurso procesal. El proceso investiga desvío ilegal de combustible subsidiado, involucrando a 22 personas y empresas, incluido el alcalde de Guyaquil, Aquiles A., con vigilancia electrónica.

Tras negar una nulidad, la empresa FUELCORP presentó un recurso de aclaración. Aunque este recurso tiene alcance limitado, el Tribunal suspendió la audiencia para “reflexionar”, postergando el juicio indefinidamente. El proceso ya acumula catorce postergaciones. La decisión genera dudas sobre si responde a incapacidad para resolver el recurso o a una actuación deliberada que afecta la celeridad procesal. Reabre el debate sobre la responsabilidad de los tribunales especializados en garantizar justicia eficiente y oportuna, especialmente en causas de corrupción y crimen organizado.