Ecuador y Japón avanzan hacia un posible acuerdo comercial con la creación de una comisión bilateral. Autoridades del Gobierno de Daniel Noboa y representantes empresariales se reunieron en Quito en el marco de los 100 años de relaciones diplomáticas, donde se planteó la firma de un memorando de entendimiento.

“Japón tiene siete veces más consumidores que Ecuador y un ingreso promedio cinco veces mayor. Las oportunidades se amplían profundamente”. En 2025, las exportaciones no petroleras hacia Japón sumaron USD 389 millones (camarón, banano, cacao). Sin embargo, existe un desbalance comercial y productos ecuatorianos enfrentan aranceles de hasta el 20%, mientras competidores como India o Vietnam tienen preferencias.

El Tribunal del caso Triple A negó el traslado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y suspendió la audiencia de juzgamiento instalada este sábado 21 de marzo de 2026. Los jueces dispusieron que el abogado del alcalde, Ramiro García, así como el defensor de César Bravo, ingresen a la cárcel de El Encuentro. La diligencia se reinstalará el domingo a las 08:30. Los abogados podrán defender a sus clientes desde el centro penitenciario, luego de que García denunciara impedimentos para reunirse con su cliente y organizar la defensa.

“No se ha respetado el derecho a la defensa ni el derecho constitucional a contar con los medios suficientes. ¿Cómo se defiende una persona si no puede comunicarse con su equipo?”, cuestionó. García también criticó que a Álvarez no se le haya permitido ni un esferográfico. Según la fiscalía, los procesados habrían desviado combustible regulado hacia canales no autorizados, causando un grave perjuicio económico al Estado.

La comisión técnica binacional que inspeccionó la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, donde se halló una bomda sin explotar, acordó superar el incidente por la vía diplomática, informó el presidente colombiano Gustavo Petro. “Ambos países coinciden en superar esto sin afectar las relaciones bilaterales”, señaló el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez. La controversia se intensificó cuando Petro denunció que Colombia era bombardeada desde Ecuador.

Su homólogo Daniel Noboa respondió que las operaciones militares se realizan dentro de su territorio. Luego, una comisión binacional verificó los hechos: aunque sin certeza absoluta, hay alta probabilidad de que el artefacto impactara en Ecuador y rebotara hacia Colombia. Ecuador afirmó que su operación fue legítima contra amenazas criminales, sin intención de afectar a Colombia, postura que Colombia comparte.

La Bancada de ADN señaló que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional en el caso de los niños de Las Malvinas, la Asamblea declaró el 8 de diciembre como día conmemorativo en su memoria. El comunicado se difundió este viernes, 13 de marzo de 2026. En el encabezado dice:

“Cumplimos lo dispuesto por la Corte Constitucional en el caso de los niños Josué, Ismael, Steven y Nehemías”. Además se indicó que se dispuso que la Comisión de Seguridad presente, en 30 días, las reformas pertinentes a la normativa vigente para garantizar una reparación integral. “Expresamos nuestra solidaridad con las familias y nuestro respeto por su dolor. Nuestro compromiso es claro: que no exista impunidad”.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió provisionalmente por nueve meses al movimiento Revolución Ciudadana del registro de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE). La medida, adoptada el 6 de marzo de 2026 mediante auto del juez Joaquín Viteri (causa 029-2026- TCE), responde a un pedido de la Fiscalía General del Estado en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Según el expediente, el fiscal encargado, Carlos Leonardo Alarcón, comunicó al tribunal sobre la existencia de una investigación previa por delincuencia organizada con fines de lavado de activos, conocida como «Caja Chica», que involucraría al movimiento político y a sus directivos.

El pedido se fundamenta en el artículo 374, numeral 3, del Código de la Democracia, que faculta al TCE a sancionar a organizaciones políticas cuando el fiscal general informe sobre pesquisas por lavado de activos que las vinculen directamente. El juez electoral admitió a trámite la denuncia y ordenó la suspensión temporal de Revolución Ciudadana en el registro del CNE. Aunque la sanción inicial es de nueve meses, la ley permite extenderla hasta 24 meses según la gravedad del caso. La medida es revisable y podría levantarse si la Fiscalía retira su solicitud o si la investigación se archiva. Mientras dure la suspensión, el Ministerio Público deberá informar cada 30 días sobre el avance de las indagaciones.

Cancillería anunció que, este 1 de marzo, Ecuador recibirá en visita oficial a Su Alteza Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, en una agenda que tendrá “especial significado” para el fortalecimiento de la relación bilateral con los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

En un boletín difundido este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana reiteró su preocupación por el agravamiento de la situación de seguridad en Medio Oriente y expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno emiratí tras los ataques sufridos en su territorio, que el comunicado atribuye a la República Islámica de Irán. La Cancillería también expresó gratitud al príncipe heredero por mantener su visita al Ecuador pese a las circunstancias que enfrenta su país, y afirmó que su presencia “reafirma la cercanía y la confianza” entre ambas naciones y sus pueblos.

El juicio del caso Triple A contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, otras 15 personas y seis empresas, está previsto para el 7 de marzo. Sin embargo, dos de los tres jueces anticorrupción del tribunal se excusaron: Carlos Serrano y Christian Fierro. Ambos fueron convocados por la Asamblea para el juicio político que destituyó a Mario Godoy del Consejo de la Judicatura. Serrano, en el exilio tras amenazas, declaró ante la Comisión de Fiscalización sobre el caso Triple A.

En su excusa, señala que esas manifestaciones podrían generar dudas sobre su imparcialidad, por lo que se aparta. Fierro, presidente del tribunal, fue suspendido por la Judicatura durante la gestión de Godoy, pero luego reintegrado. Se excusa porque el fiscal encargado, Carlos Alarcón, presentó una queja disciplinaria en su contra. Aunque se levantó la suspensión, el sumario continúa y Alarcón es parte acusadora. Si se aceptan las excusas, se sortearán nuevos jueces para el 7 de marzo.

El proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía fue aprobado en primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. La iniciativa, remitida por el Ejecutivo con carácter de urgente, fue analizada previamente por la Comisión de Desarrollo Económico. El texto plantea reformas para actualizar la normativa de ambos sectores con el fin de mejorar la regulación, atraer inversión formal y fortalecer la capacidad del Estado en la generación de ingresos fiscales y divisas.

En minería, se ajustan actos administrativos, patentes, fases de exploración y regalías. En electricidad, se modifican aspectos del plan maestro, la participación privada y estatal, la generación distribuida y la autogeneración, con miras a diversificar la matriz energética y prevenir desabastecimientos. Durante el debate, la bancada de la Revolución Ciudadana intentó archivar el proyecto mediante una moción presentada por el asambleísta Diego Salas, pero no alcanzó los votos necesarios.

El presidente de la República, Daniel Noboa, envió al Registro Oficial la Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD tras su aprobación en la Asamblea Nacional con 77 votos en la sesión del 20 de febrero de 2026. El Ejecutivo no presentó observaciones y sancionó la norma para su publicación.

La reforma, tramitada como económica urgente, fija una regla para el uso de recursos en los gobiernos autónomos descentralizados: destinar un porcentaje mayoritario a inversión (obras, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios) y el restante a gasto corriente (incluidos sueldos), con un esquema de gradualidad hasta llegar al 70%. El cumplimiento de esa regla se vincula a mecanismos de control como reportes trimestrales y a posibles reducciones de asignaciones en caso de incumplimiento.