El libre comercio entre los países hace que las personas puedan tener acceso a una mayor cantidad bienes a un menor costo sin importar su procedencia. Los beneficios de bajar los costos de las importaciones es la base de la economía europea, por ejemplo. Esa zona antes que empujada por la política, obedece a una lógica económica para el intercambio de bienes, servicios y capital humano. Las trabas que tiene un país para el libre comercio las aplican con cautela para, comúnmente, proteger y fortalecer industrias. Y estos son los aranceles, derechos de aduana a lo que ingresa de fuera de un país. Al encarecer lo extranjero ofrecen ventaja a lo nacional y el Gobierno recauda dinero. Pero ahora también se ha convertido en una herramienta de castigo, y muy efectiva. El nuevo Gobierno de EE.UU. está usando los aranceles como un escarmiento a las naciones que puedan resultar incómodas o que no se enfilen a sus intereses. Al ser la mayor potencia mundial, no ha tenido problema en subir aranceles o anunciar su incremento a China, Alemania, México, Canadá, Colombia y la Unión Europea. En el caso de México, Colombia, Canadá las decisiones están suspendidas. En el caso de México y Canadá a cambio de mayor presencia militar en las fronteras para frenar la migración irregular y el tráfico de fentanilo. Esta nueva herramienta ha provocado una guerra comercial en los EE.UU., por el momento, no pierde. Replicar esas fórmulas en economías débiles, como la ecuatoriana, no es una gran idea. Solo encarece costos para los consumidores y, si llega la respuesta de la parte contraria, lastimará la industria ecuatoriana. El país necesita exportar cada vez más. No restringir mercados.

La transparencia debe ser un principio inquebrantable en cada uno de los 16 candidatos a la presidencia de la República. No basta con promesas vagas ni con discursos grandilocuentes sobre ética y compromiso con el país, deben demostrar con hechos concretos que su conducta es intachable. No puede una candidata afirmar que su trabajo es dirigir un partido político sin presentar pruebas fehacientes de cuánto gana y cuánto ha contribuido en impuestos al erario nacional. La ciudadanía tiene el derecho de conocer el historial financiero, profesional y tributario de quienes aspiran a gobernar, pues solo así podrán evaluar su idoneidad y compromiso real con la rendición de cuentas. Un candidato que oculta información o que evade responder con claridad sobre sus ingresos, deudas o pagos fiscales genera dudas razonables sobre su honestidad. La transparencia no debe ser un eslogan de campaña, sino un estándar ineludible en cada uno de sus actos. La honorabilidad de un político no se demuestra con palabras, sino con una conducta coherente y verificable. En tiempos donde la corrupción ha minado la confianza de los ciudadanos en las instituciones, es imperativo que quienes buscan liderar el país adopten una postura abierta, sin subterfugios ni evasivas.