Depender del Estado para vivir debería ser una garantía en materia de salud, pero en Ecuador podría ser una condena de muerte. Al menos así lo ven los 17.000 pacientes de las clínicas de diálisis, a escala nacional, cuyos tratamientos fueron suspendidos desde el 25 de julio de 2024, aunque ya era intermitente. Sucede porque el Gobierno no ha saldado la deuda de $140 millones con dichos centros, lo que ha obligado a que se interrumpan las atenciones. Además, Cristina Freire, vocera de los centros de diálisis, rechazó el anuncio de un acuerdo de pago.
Acuerdo de pago con clínicas de diálisis es unilateral Un día antes de que las clínicas de diálisis detuvieran su atención, el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado anunciando que tiene un cronograma de pagos para estos centros que atienden a pacientes derivados del sistema público. Sin embargo, Cristina Freire, vocera de los centros de diálisis, señaló que aunque han tenido mesas técnicas, el acuerdo es unilateral porque las condiciones de pago debían ser aceptadas por ambas partes y no fue así.
El MSP indicó que tras realizar las gestiones interinstitucionales respectivas, “estableció una metodología para el cronograma de pagos”. Pero este no fue socializado. Lo que sí se detalla es que el proceso tendrá como prioridad la cancelación de la deuda y la asignación de recursos en proporción al monto y antigüedad de la misma. “Los pagos se ejecutarán de forma planificada, previo a una auditoría y con base a la asignación presupuestaria que emite el Ministerio de Economía y Finanzas”, informó el MSP.
La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (Achpe) advirtió, desde abril de 2024, que la deuda del MSP con los Centros Especializados de Diálisis (CED) superaba los $40 millones. Según Achpe hay pagos pendientes desde 2018. Esta cifra tenía corte a noviembre de 2023. Los Centros de Diálisis del Ecuador señalaron que en los últimos 13 meses la deuda alcanzó los $140 millones. Lo que solicitan es un pago inmediato del 15%, levantar la paralización de las dializaciones. “No es que nosotros (sector privado) ya no vamos a querer atender pacientes (sector público) con insuficiencia renal crónica. El problema es que nos están obligando, empujando a tomar decisiones”, dijo Ana Delgado, directora ejecutiva de Achpe.
