El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) realizó inspecciones in situ a proveedores del Catálogo Electrónico de Seguridad y Vigilancia Privada en Guayaquil, para verificar el cumplimiento normativo y la calidad de los servicios contratados por el Estado.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana emitió este 22 de febrero de 2026 un boletín para ecuatorianos en México, ante incidentes de seguridad y afectaciones a la movilidad en varias zonas del país.  

Tras ser censurado y destituido, Mario Godoy, expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), enfrenta dos años de inhabilidad para ejercer cargos públicos y dos investigaciones penales.  

La implementación de una tercera placa electrónica en todos los vehículos del país es una de las estrategias del presidente Daniel Noboa para enfrentar la inseguridad. 

Tras la aprobación de la reforma al COOTAD, publicada como Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD, autoridades locales y movimientos políticos acudirán a la Corte Constitucional del Ecuador.  

A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo advirtió que los empleadores no pueden obligar a sus trabajadores a asistir a eventos, concentraciones o movilizaciones de ninguna índole. La información se difundió este viernes, 20 de febrero de 2026. En el documento se explica que esta medida rige para trabajadores del sector público y privado.

Si el trabajador es obligado a ser parte de estas prácticas puede denunciar a los canales del Ministerio de Trabajo. Se garantizará el anonimato y la confidencialidad del denunciante para garantizar su estabilidad laboral y su integridad. Luego de recibir las denuncias, la cartera del ramo procederá con las inspecciones y medidas correspondientes de acuerdo a lo estipulado en el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). Pueden darse sanciones para quienes incurran en estas faltas.

El presidente encargado del Consejo de la Judicatura (e), Damián Larco, solicitó a los principales directivos de la institución poner a disposición sus cargos de libre nombramiento y remoción, como parte de un proceso para fortalecer la gestión interna de la Función Judicial. El objetivo es consolidar una estructura organizacional alineada con los objetivos estratégicos del Consejo, en un contexto de retos operativos y de gestión.

La reorganización busca responder mejor a las necesidades internas y demandas del sistema de justicia. La Presidencia aclaró que la decisión no implica paralización de actividades; el Consejo continuará ejerciendo sus competencias para garantizar servicios judiciales eficientes, transparentes y oportunos. Se reiteró que las decisiones administrativas futuras estarán orientadas a fortalecer la institución y asegurar el acceso efectivo a la justicia.