Por primera vez, Ecuador fijó cupos anuales de captura incidental de tiburones: 551 toneladas de sedoso o mico, 149 de mako y 3.624 de azul. La medida, firmada en Manta el 6 de agosto, busca responder a la recomendación de CITES que desde 2024 pide suspender el comercio de tiburones y rayas del país por falta de cupos basados en ciencia y mecanismos confiables de verificación. Sin embargo, las cifras generan dudas. El informe técnico que las sustenta, elaborado con el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP), no pasó revisión por pares.

En cambio, un estudio publicado en Regional Studies in Marine Science sí la tuvo y concluyó que la mortalidad por pesca ya excede en 67% el nivel necesario para mantener estables las poblaciones de sedoso y mako, y recomendó reducirla, no solo limitarla. El acuerdo no explica cómo concilia esa advertencia con las cuotas fijadas El control se apoya en bitácoras que llena el propio armador o capitán, sin observadores obligatorios en todas las flotas.

El tráfico ilegal evidencia la fragilidad del autorreporte: en abril de 2026 se decomisaron 21.897 aletas en Guayaquil; en 2025, 15 toneladas en Manta. Además, carne de tiburón cruza a Perú como “tollo” y se vende en mercados andinos como “corvina” (hasta 66,6% de muestras con ADN de tiburón).Ecuador logra un avance formal, pero los números conviven con una economía ilegal que mueve decenas de toneladas mensuales, muy por encima de lo que la nueva norma puede regular.

Ecuador llega al 28 de agosto de 2026 con una fotografía económica incompleta. El INEC no publica aún la ENEMDU de junio (debía salir el 22 de julio) ni la de julio (prevista para el 25 de agosto). Se acumulan 37 y 3 días de retraso, respectivamente. Tampoco hay datos de pobreza semestral, pues junio es una de las dos mediciones anuales que incluyen ese indicador. La última cifra oficial de empleo es de mayo.

Las críticas suben de tono: Cordes exige explicaciones y advierte sobre la independencia del INEC; Jorge García Guerrero habla de “apagón estadístico” y recuerda que sin datos confiables el país pierde capacidad de contrastar el discurso oficial. El retraso ocurre en un contexto económico mixto: las cuentas fiscales pasaron de déficit a superávit ($585 millones) y el IMAEC creció 1,9%, pero el empleo formal no despega.

La industria de alimentos balanceados asegura haber absorbido casi toda la cosecha de maíz de invierno en Los Ríos, Guayas, Loja y Manabí, y se prepara para recibir la producción de verano desde septiembre. Así lo afirmó Jorge Josse, director de Aprobal, en respuesta al anuncio de cierre de vías de los productores. Según Josse, el sector formal ha comprado cerca de 700.000 toneladas, dentro del promedio histórico para esta época. A esto se suman 150.000 toneladas adquiridas por sectores informales y 100.000 para consumo humano, totalizando unas 950.000 toneladas, equivalentes a la cosecha invernal estimada.

Sobre precios, Aprobal sostiene que el maíz subió de 17,70 a 18,70 dólares por quintal entre abril y agosto, reflejando una demanda activa. Esta postura contrasta con la de los productores, que afirman recibir apenas 17 dólares. La industria compra principalmente a intermediarios que secan y limpian el grano; las compras directas a asociaciones aún son limitadas. Además, reconoce que la sequía de marzo y abril redujo la producción entre 200.000 y 300.000 toneladas.

Pese a ello, asegura haber cumplido con la absorción del grano nacional y se alista para la cosecha de verano, estimada en 250.000 toneladas. Aprobal insiste en que necesita materias primas previsibles para sostener la cadena de proteína animal y el sector camaronero. Mientras tanto, los productores mantienen sus reclamos y evalúan suspender el paro anunciado para el 1 de septiembre. José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores, confirmó que hay diálogo con las autoridades, aunque las bases aún no deciden si mantienen la medida.