El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional elevó este lunes 20 de julio la alerta por el fenómeno de El Niño de amarilla a naranja en 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias consideradas históricamente vulnerables. La decisión fue tomada como medida preventiva ante un evento que ya se encuentra activo. La alerta amarilla había sido declarada en mayo de este año. El anuncio lo hizo la secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, tras una reunión de dos horas en el ECU911 de Samborondón, con la participación del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen), el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

Durante la sesión se aprobaron tres resoluciones: ejecutar el Plan de Acción Nacional como prioridad; que el Erfen emita reportes cada quince días; y una estrategia comunicacional conjunta de la Secretaría de Gestión de Riesgos y la Secretaría General de Comunicación. El presidente del COE ministro Roberto Luque, informó que el Gobierno ya definió un presupuesto cercano a los 600 millones de dólares para enfrentar los efectos del fenómeno, con acciones preventivas de todos los ministerios. Asimismo, señaló que solo 161 de los 246 gobiernos autónomos descentralizados han presentado su plan de acción frente a El Niño; 46 de esos documentos fueron devueltos para correcciones.

La tragedia en Venezuela es un espejo incómodo para Ecuador. Allá, columnas con hierros retorcidos y mampostería que se suponía antisísmica se convirtieron en armas letales contra una población que confió y reclamó demasiado tarde. No exigir seguridad al lugar donde vivimos es una negligencia compartida, sobre todo cuando se sabe que en Ecuador solo el 30 % de las edificaciones cumple la norma sismo resistente Quito es particularmente vulnerable. Está levantada sobre una falla geológica de 60 kilómetros que cruza la ciudad de norte a sur, con suelos inestables de cancagua, arena y roca, además de rellenos acuíferos y antiguas quebradas. La sismicidad subterránea es constante, aunque no siempre perceptible.

Los derrumbes no son desastres naturales: son fruto de la imprudencia ciudadana, la falta de planificación y la corrupción. El poder económico se impone a la técnica. Una investigación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial sancionó al Municipio de Quito por otorgar en 2018 —y ratificar en 2023— un permiso de construcción en zona de alto riesgo. Las multas se pagan, pero el peligro persiste. La autoridad termina suplicando: «Prepárense y ayúdennos a difundir las recomendaciones y sanciones, porque la primera forma de ordenarnos es respetar las normas».

En Guayaquil, la segunda ciudad más amenazada por su densidad, el miedo crece ante la falta de un catastro de edificios antiguos. Otto Lara, de la Cámara de la Construcción, urge: «Hay que evaluar y reforzar todas las edificaciones antiguas». Esa tarea pendiente la comparten todas las ciudades del país. Sin inversión en prevención ni verificación estructural, mientras el Instituto Geofísico advierte acumulación de energía sísmica, Ecuador construye sobre un polvorín.

Tener una cuenta bancaria ya no es el principal desafío para la inclusión financiera en la región. El verdadero obstáculo es el acceso al crédito formal. Así lo revela un estudio de la Red Financiera de Desarrollo (RFD) en Ecuador, Colombia y Perú: solo 3 de cada 10 adultos ha obtenido un préstamo del sistema financiero regulado. Aunque más de la mitad de la población ya posee productos básicos como cuentas o billeteras digitales, ese avance no se traduce en mayor acceso al crédito.

Familiares y amigos siguen siendo la principal fuente para gastos imprevistos, reflejo de requisitos inalcanzables o productos inadecuados. El estudio afirma que la inclusión financiera debe medirse no solo por cuentas, sino por la posibilidad real de usar créditos, ahorros y otros productos en condiciones justas y seguras. Para lograrlo, es clave impulsar soluciones que faciliten el acceso al financiamiento formal, sobre todo a quienes carecen de historial crediticio o aún están fuera del sistema bancario.