Ecuador y Estados Unidos están a semanas de firmar el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART), el primer pacto bilateral de acceso a mercados en la historia de la relación comercial entre ambos países. La noticia fue confirmada por el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, a través de su cuenta en X, detallando que el proceso concluyó tras nueve meses de trabajo técnico y ocho rondas de negociación. El anuncio ecuatoriano coincide con la versión oficial de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que el 13 de febrero declaró las conversaciones «sustancialmente concluidas».

BENEFICIOS PARA EXPORTADORES Con la entrada en vigencia del ART, cerca del 50% de las exportaciones ecuatorianas obtendrán acceso preferencial inmediato al mercado estadounidense. Esta medida mejorará la competitividad de los productos nacionales brindará mayor previsibilidad a los exportadores y generará nuevas oportunidades para los trabajadores. El ministerio aún no ha especificado qué productos se beneficiarán de este acceso preferencial inmediato.

ALCANCE DEL ACUERDO El pacto establece disciplinas claras en áreas clave como: barreras no arancelarias, reglas de origen, facilitación aduanera, comercio electrónico, propiedad intelectual y seguridad económica. También incluye mecanismos de cooperación contra la pesca ilegal y la minería ilícita, además de crear instancias de diálogo permanente para profundizar el intercambio comercial. Las negociaciones cobraron impulso tras la sobretasa del 15% impuesta durante la administración de Donald Trump, que afectó la competitividad ecuatoriana. Aunque en noviembre de 2025 EE.UU. eliminó este arancel para 105 productos, bienes clave como camarón y flores quedaron excluidos del alivio, lo que aceleró la necesidad de un acuerdo estructural.

Quienes disfrutaban la tarde de este lunes, 16 de febrero, en la playa El Murciélago se llevaron una sorpresa. No se trataba de publicidad turística, sino de un despliegue de los militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), quienes recorrieron la arena entregando volantes con apariencia de billetes de $ 100. Esta táctica es parte del Plan de Recompensas 131, una iniciativa conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que busca incentivar la colaboración ciudadana para desarticular estructuras delictivas en la provincia. Durante la jornada en Manta, se entregaron aproximadamente 1.000 volantes mano a mano.

El objetivo es que la ciudadanía se convierta en una pieza clave para localizar depósitos de armas y explosivos (caletas), cabecillas de grupos armados organizados y rutas y centros de acopio de narcotráfico. El diseño del volante, que emula un billete, busca asegurar que el mensaje no sea desechado rápidamente, resaltando que existe una recompensa en efectivo para quienes se atrevan a entregar información. Una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos es la seguridad personal al denunciar.

Ante esto, las autoridades enfatizaron que el Plan 131 garantiza absoluta reserva y protección de la identidad de los informantes. “El objetivo es que la ciudadanía ayude a entregar información sobre grupos delictivos y de esta manera fortalecer la lucha contra el crimen organizado”, señalaron fuentes militares. La campaña no se detiene en Manta. Se confirmó que este martes 17 de febrero, el personal militar se desplazará al cantón Puerto López para continuar con la distribución de la información y captar la cooperación de los habitantes de la zona sur de Manabí.

Las Fuerzas Armadas se pronunciaron nuevamente sobre el documento filtrado que establece lineamientos para acreditar medios en sus coberturas. En un nuevo comunicado, defendieron el contenido del texto, aunque precisaron que aún no está vigente y se encuentra en elaboración. “Ecuador enfrenta un escenario distinto, lo que impone responsabilidades constitucionales para reforzar la seguridad de bienes estratégicos, personal militar y operaciones”, señala el texto castrense. Las FF.AA. indicaron que tomaron nota del pronunciamiento de gremios periodísticos (UNP, FENAPE y CPP), que formularon recomendaciones, y valoraron su apertura al diálogo.

Insistieron en que el documento fue filtrado de manera “fraudulenta” y era de uso interno. Sobre el contenido, explicaron que la planificación exige cautela en instalaciones militares y en el teatro de operaciones. Defendieron la existencia del documento, cuyo fin es fortalecer la seguridad, sin vulnerar la libertad de expresión ni restringir el trabajo periodístico. Los parámetros no están vigentes: cada fuerza (Terrestre, Naval y Aérea) los revisará y presentará observaciones al Comando Conjunto para su análisis. La institución reafirmó su respeto a la transparencia y al rol de la prensa. El documento filtrado planteaba un sistema de evaluación de medios según línea editorial, tratamiento histórico de las FF.AA., rigor informativo y postura institucional, lo que definiría su acceso a coberturas oficiales.