Jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad llegaron desde distintos rincones de Guayaquil con carpetas repletas de documentos y meses de frustración acumulada, para participar en la primera audiencia virtual, por el caso del atraso en la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Entre ellos, Harry Valarezo Gómez, representante de los jubilados del Ministerio de Educación del Guayas, quien tomó la palabra apenas empezó la audiencia. “Estamos reclamando un derecho justo”, dijo con voz firme. La audiencia reunió testimonios, oficios y argumentos legales que exponen la misma historia: miles de personas llevan meses esperando la devolución del IVA, un beneficio que, por ley, debe entregarse en un máximo de dos meses para los adultos mayores y hasta 90 días hábiles para las personas con discapacidad.

Pero la realidad ha sido otra. “El último pago fue en septiembre de 2025, pero devolvieron el impuesto a algunos hasta abril de 2025”, dice Harry. “De ahí, nada. Solo nos notifican que la solicitud fue aceptada, pero la plata nunca llega”. El trámite, cuentan, es desgastante. La notificación no llega por correo; deben ingresar manualmente al sistema del Servicio de Rentas Internas (SRI), revisar si hay una resolución, esperar dos meses del proceso administrativo y luego tres meses adicionales para un pago que ya no llega. “No podemos esperar cinco meses para que nos devuelvan un solo mes”, reclama Harry. “Y no es acumulado. Devuelven mes por mes. Eso es lo indignante”. El Gobierno asegura haber desembolsado cerca de 300 millones de dólares tras la eliminación del subsidio al diésel. Pero los afectados responden que ese dinero no se refleja en sus cuentas. “Si no hubiéramos presentado la acción de protección, seguiríamos igual”, dice el abogado Jorge Iturburu.

Pocas veces los agentes de seguridad penitenciaria se deciden hablar. Lo hicieron este viernes 20 de noviembre para decir que se sienten denigrados, desalentados y defraudados por el Gobierno, al conocer los anuncios hechos por el ministro John Reimberg de que la Asamblea aprobará una ley que permita contratar personal militar y policial pasivo para integrar un nuevo cuerpo de seguridad en las cárceles. «Nosotros nos oponemos rotundamente a esta decisión», aseveró Wilman Alarcón, presidente de la asociación de agentes penitenciarios.

Los 2.700 guías que aún custodian centros de privación de libertad, contestan que, con los sueldos que pretenden fijar a los nuevos custodios carcelarios, alcanzaría para repotenciar el Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria con 15 mil agentes. Dicen que están dispuestos a depurar sus filas, dicen para que la sociedad no los denigre por temas puntuales de corrupción en las cárceles, sino que reconozcan su rol que es de alto riesgo, penoso e insalubre.

Hoy mismo están cerca la epidemia de tuberculosis, enfermedad cada vez más agresiva en los centros penitenciarios. En los 11 meses del 2025, 17 agentes penitenciarios han sido asesinados. Ese número es mayor al del año anterior que registró 14. Han informado que el SNAI ya les ha dado todo uniformes y chalecos, pero plantean que nuevamente sean armados porque en las cárceles, desde el 2017, como política, no se ubica a los presos por delito o connotación social, sino por el grupo delictivo organizado al que pertenecen, lo que vuelve incontrolables a las cárceles donde dos agentes penitenciarios cuidan hasta 700 reos.