El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que la capacitación de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) registra un avance del 69,36%. Quienes aún no completan la instrucción presencial pueden asistir a las jornadas programadas; quienes ya la finalizaron deben acceder al refuerzo virtual. El proceso está dirigido a los ciudadanos designados para integrar las JRV en las elecciones seccionales de 2027 y busca prepararlos para cumplir sus funciones durante la jornada electoral. Según el calendario del CNE, las jornadas se realizarán del 7 al 29 de noviembre de 2026.

La asistencia es obligatoria. Quienes no participen recibirán una multa equivalente al 10% de un Salario Básico Unificado (SBU). No presentarse a integrar la JRV el día de las elecciones se sanciona con el 15% del SBU. El abandono injustificado de funciones durante la jornada electoral es una infracción grave y puede sancionarse con una multa de entre seis y 10 SBU, además de otras medidas previstas en la normativa.

La Ley Orgánica de Competitividad Energética es conocida popularmente como Ley No más Apagones. Ese nombre llevó a creer que terminaría con los apagones; en realidad, su objetivo era abrir la puerta a la inversión privada y fijar reglas para su participación en la generación. Tras ella vinieron más normas y reformas. El Ministerio de Ambiente y Energía no ha publicado el número exacto de proyectos privados llegados al país con estas leyes, aunque ha promocionado algunos. En agosto de 2025, cuando Inés Manzano aún era ministra, se hablaba de incorporar 643 MW privados al sistema nacional; hace apenas un par de semanas, el ministro actual inauguró una planta fotovoltaica en Santa Elena. Pese al optimismo gubernamental, la inversión privada en energía aún no es masiva.

¿Por qué? Para atraer un proyecto hay que convencer al inversionista de que será rentable y garantizarle que recibirá su pago. En lo jurídico, la acumulación de cambios y reformas también puede desincentivar la inversión. No basta con promocionar proyectos: se necesitan reglas claras, contratos confiables y seguridad jurídica. El Comité Empresarial Ecuatoriano asegura que el sector privado invirtió USD 900 millones en autogeneración en los últimos 18 meses. Existen leyes e intención privada, pero cada estiaje el clima sigue teniendo la última palabra. La Ley No más Apagones ya tiene más de dos años de vigencia. Mientras no se consoliden reglas estables y garantías de pago, el debate energético seguirá abierto.