¿QUIÉN SE QUEDARÁ CON EL PUESTO?
El concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado está abierto y ya se aceptan postulaciones. Pero, en lugar de ser un anuncio alentador, en el que quieran participar la mayor cantidad posible de abogados, con la mejor experiencia, honestidad y ética, solo hay desánimo. Los cuestionamientos sobre la politización del actual Consejo de Participación Ciudadana y la elección de los miembros de la Comisión de Selección han causado un desánimo entre los profesionales del derecho. El mayor gremio de abogados del país, el Colegio de Abogados de Pichincha, considera que el concurso está deslegitimado. Este pensamiento se repite entre juristas. La ciudadanía queda doblemente desprotegida. Primero porque el concurso de la mayor autoridad de control del país, quien incluso tiene el poder de investigar al Presidente de la República, no ofrece garantías de independencia. Y, segundo, porque los mejores juristas ya ven para otro lado. La exfiscal Diana Salazar acostumbró a los ecuatorianos a enfrentar las peores mafias sin mirar el bando político. Y se requiere que otros penalistas hagan lo mismo. El concurso avanza y, de cualquier forma, vendrá un fiscal. La historia muestra que los espacios que dejan los buenos candidatos son ocupados por los mediocres y abiertos a transar. Por esto, los gremios y abogados deben organizarse para participar, no con el fin de legitimar este concurso, sino porque de ahí saldrá el nuevo Fiscal General y el país ya conoce lo que implica tener a una autoridad fiel al poder político.
