Dr. Medardo Mora Solórzano
Dr. en Jurisprudencia, Rector fundador de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ex-Alcalde de Manta, ex-presidente del CONUEP y luego CONESUP
A fines del pasado siglo la Conaie, que agrupa a las comunidades indígenas, se organizó para reivindicar sus derechos ancestrales. El país observó con simpatía su postura y aceptó el reconocimiento de sus territorios comunales y lenguas autóctonas, una educación intercultural, ser consultados sobre proyectos de exploración de recursos naturales en sus territorios, aplicar su justicia consuetudinaria en conflictos entre sus miembros dentro de sus territorios, que esos territorios sean inalienables, inembargables, libres de tasas e impuestos, respetar el derecho de los pueblos que viven en aislamiento voluntario. Sabiendo que la política divide y precautelando la unidad de la organización, se estableció que podían asociarse políticamente y crearon Pachakutik. Esos derechos colectivos fueron consagrados en la Constitución de 1998 y en la de 2008, el Ecuador se reconoce como Estado plurinacional. Los derechos de propiedad comunales se hicieron extensivos a los pueblos afroecuatorianos y montubios. Los objetivos con los que nació la Conaie y sus logros alcanzados bajo la presidencia del primer dirigente, Luis Macas, coherentes con costumbres de los pueblos indígenas, fueron desviados por el anterior dirigente, Leonidas Iza, al colocar a la Conaie como un actor político bajo sus ideas subversivas y sectarias, a las que sometió también a Pachakutik, fracturando la organización al haber quienes luchan por una mayor justicia social pero sin subvertir el orden democrático. Iza fue candidato a la presidencia del país en la última elección y obtuvo apenas un 5 % de votos, sumando los votos protesta de quienes rechazaban la elección del presidente Noboa. El actual dirigente, Marlon Vargas, que lideró junto a Iza el destructivo y vandálico paro de 2019, mantiene la tesis de una Conaie como actor político, arrastrando a las comunidades indígenas a un paro que con la fuerza y cierre de vías imponga al país sus criterios, afectando la paz social y especialmente a los pequeños productores y a las personas de escasos recursos económicos, que necesitan trabajar todos los días para poder supervivir.
